CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2008-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CTO.

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Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, página 470.

Segunda Sala

 

CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2008-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

 

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.

 

CONSIDERANDO:

 

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se refiere a la posible contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver los asuntos, que si bien tratan un tema de materia común, las resoluciones respectivas se dictaron dentro de procedimientos administrativos, cuya materia corresponde a la especialización de esta Segunda Sala.

 

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dictó una de las resoluciones que participan en la presente contradicción.

 

TERCERO. Con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la referida divergencia de criterios denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presente los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados que los motivaron, por lo que a continuación se transcriben.

 

La parte considerativa de la sentencia dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de queja QA. 77/2008, promovido por ********** en lo que aquí interesa, es del texto siguiente:

 

"Ahora, se estudian en forma conjunta los dos agravios del recurso, por estar estrechamente vinculados, en los que se aduce: Que la resolución que se recurre es ilegal, ya que es violatoria de lo dispuesto por los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 79 y 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley mencionada; toda vez que la adición al cuestionario sobre el cual versa la prueba pericial contable, no tiene relación inmediata con la litis planteada y pretende acreditar determinadas situaciones particulares de la parte quejosa que por ningún motivo inciden en la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Que las preguntas del cuestionario que pretende adicionar la autoridad responsable, no guardan relación alguna con el interés jurídico de la quejosa para solicitar el amparo, extremo por el que ésta ofreció la prueba pericial; lo anterior es así, ya que la litis del juicio constitucional consiste en determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto legislativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de noviembre de dos mil siete. Que como en dicho cuestionario se adicionan cuestionamientos que no inciden en el estudio de constitucionalidad que se propone, como lo es el índice de rotación de inventarios o su política para la reposición de los activos, lo procedente era que la a quo desestimara de plano las mismas. Que la finalidad de la delegada de las autoridades responsables es dilatar el procedimiento al pretender que los peritos contables en el juicio se ocupen de estrategias y políticas contables de cada quejosa y no así de las generalidades de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, cuya constitucionalidad o inconstitucionalidad se pretende probar. Que en el oficio por el que la delegada de las autoridades responsables pretende adicionar preguntas al cuestionario sobre el cual debe versar la prueba pericial contable, no se establecen los extremos o circunstancias que se pretenden acreditar con dichas preguntas. Que las autoridades responsables al pretender acreditar extremos distintos a aquellos por los cuales se ofreció la probanza que nos ocupa, lo procedente era que ofreciera otra prueba pericial contable dentro del término legal y no adicionar el cuestionario correspondiente, por lo que si no lo hizo así precluyó su derecho. Se considera que no le asiste la razón a las recurrentes por las siguientes razones: En el cuestionario propuesto por la parte quejosa, formuló veinticuatro preguntas, divididas en siete rubros denominados: ‘ingresos gravados’, ‘intereses’, ‘regalías’, ‘sueldos y salarios’, ‘erogaciones distintas de las inversiones hasta el 31 de diciembre de 2007’, ‘inversiones’ y ‘pérdidas fiscales.’. Las preguntas, en esencia, se dirigen a determinar si las empresas enajenaron bienes, prestaron servicios independientes u otorgaron el uso o goce temporal de bienes, conforme al artículo 1o. de la ley reclamada, en enero y febrero de dos mil ocho; si cobraron efectivamente la contraprestación pactada por la realización de las actividades; si esas cantidades fueron consideradas ingreso acumulable al momento de determinar el pago provisional del impuesto. Si en el mes de enero o febrero de dos mil ocho se realizó el pago de intereses devengados con motivo de deudas contratadas hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil siete; a quién se realizaron; si se consideraron como partida deducible los intereses pagados. Si las cantidades entregadas por algunas de las quejosas a sus trabajadores por concepto de sueldos, salarios y demás prestaciones derivadas de una relación laboral fueron consideradas como un concepto deducible para efectos del impuesto reclamado; si incluyeron aquellas erogaciones efectuadas a favor de sus trabajadores que resultaron ingresos exentos para ellos. Si por lo que toca a algunas de las empresas quejosas, adquirieron bienes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil siete que no hayan sido considerados como inversiones para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que tenían que continuar utilizando para realizar las actividades a que se refiere el artículo 1o. de la ley reclamada; si para el pago del impuesto controvertido se dedujeron de los ingresos las erogaciones realizadas por la adquisición de bienes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil siete, que no se hayan considerado como inversiones para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta; si en enero de dos mil ocho se obtuvieron ingresos efectivamente pagados por la enajenación de bienes adquiridos con antelación al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, que no se hayan considerado como inversiones para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta; si se acreditó el impuesto en la parte que corresponde al seis por ciento del saldo por deducir en términos del decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única. Si al uno de enero de dos mil ocho, algunas de las empresas quejosas cuentan con inversiones que hayan adquirido con anterioridad a este año y que ya hubieran sido completamente depreciadas; si existen inversiones pendientes de depreciar; si cuentan con inversiones efectuadas antes del uno de enero de dos mil ocho y, en su caso, el saldo pendiente por depreciar al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; si cuentan con inversiones efectuadas con anterioridad a dos mil ocho pendientes de depreciar a esa fecha; si son propietarias de bienes deducidos inmediatamente y si existe saldo pendiente por depreciar. Por su parte, en el oficio de ampliación del cuestionario elaborado por la delegada de las autoridades responsables, esencialmente se realizaran las siguientes preguntas: (se transcribe). Ahora bien, la prueba pericial en materia de contabilidad se refiere a una ciencia en la cual la juzgadora no es docto. La contabilidad es una técnica que sistemática y estructuralmente produce información cuantitativa expresada en unidades monetarias, sobre las situaciones económicas identificables y cuantificables que realiza una entidad, lo cual se logra a través de un proceso de captación de las operaciones que cronológicamente mida, clasifique, registre y resuma con claridad. La contabilidad se avoca a la captación de las operaciones efectuadas por una entidad, las cuales son analizadas, clasificadas y registradas, a fin de producir información, por lo que es un registro histórico. Por ende, si en el caso las quejosas controvierten la constitucionalidad de los artículos 2o., 3o., fracción I, tercero, cuarto y quinto párrafos, 3o., fracción II, 5o., fracción I y II, 6o., fracción I y III, 8o., primero, segundo, quinto, penúltimo y último párrafos, 9o. y 10, primero, segundo, tercero, quinto, penúltimo y último párrafos, artículos quinto, sexto y noveno transitorios de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, así como el decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única expedido por el Ejecutivo el uno de noviembre de dos mil siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre del año en cita, y por su parte, la prueba pericial originalmente ofrecida por la quejosa así como la ampliación del cuestionario se dirigen a verificar sustancialmente si las normas reclamadas causan afectación al interés jurídico de las quejosas, entonces se considera que lo resuelto por la a quo, es acertado al admitir la ampliación del cuestionario, ya que tiene relación inmediata con los hechos controvertidos, por lo que es procedente admitirla con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo y 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. No debe perderse de vista que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, corresponde a las quejosas demostrar los hechos constitutivos de su acción y a las autoridades demandadas sus excepciones, por lo cual, de no admitirse la ampliación del cuestionario se rompería con la igualdad procesal de las partes. En consecuencia, al no existir elementos que puedan determinar que no debía admitirse la ampliación del cuestionario de la prueba pericial, entonces, resultó correcta la determinación de la Juez. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia cuya observancia resulta obligatoria para los Juzgados de Distrito como para este Tribunal Colegiado, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, P./J. 41/2001, abril de 2001, página 157, que a la letra dispone: ‘PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). En ese contexto, no asiste razón a la recurrente cuando en sus agravios aduce, en concreto, que la juzgadora no debió admitir la adición propuesta por la autoridad recurrente, por no tener relación con la litis constitucional ni con las preguntas formuladas por la quejosa al ofrecer la prueba pericial contable. Esto es así, pues si bien la juzgadora está en aptitud de desechar una prueba cuando queda claramente evidenciado su no idoneidad, también lo es que, ante la duda de ello, debe admitirse, y en su caso, al efectuarse la valoración, entonces, determinar la idoneidad de la misma. Por otra parte, resulta también incorrecto lo aseverado por la recurrente en cuanto señala que, en todo caso, la responsable debió ofrecer otra pericial contable. La ineficacia de dicho agravio estriba en que, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, la autoridad responsable no debió proponer una diversa prueba pericial para formular las preguntas que efectuó en adición. Lo anterior se estima así, ya que los numerales que regulan la prueba pericial no hacen esa limitación, sino por el contrario, del artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que la parte contraria del oferente puede adicionar las preguntas que estime necesarias. En efecto, el citado artículo 146 del citado ordenamiento legal otorga expresamente el derecho a las partes de adicionar dicha probanza, según se desprende de su transcripción: (se transcribe). Como puede advertirse, el precepto transcrito contempla expresamente la facultad a las partes distintas del oferente de la prueba pericial de adicionar el cuestionario exhibido al efecto, esto es, puede ampliar la materia en que se rinde la probanza, sin limitarla a que las preguntas tengan que estar en relación directa con las propuestas por la oferente de la prueba. En ese sentido, dicho precepto de ninguna manera constriñe a que la adición tenga relación directa con las preguntas, sino, como se indicó, el numeral en cita, otorga el derecho a las demás partes para que adicione el cuestionario con lo que les interese, y si en el caso la quejosa pretende demostrar que los artículos que tacha de inconstitucionales le afectan en su esfera jurídica, lógico es que la autoridad intente demostrar lo contrario. Así es, no resulta jurídico lo argumentado por la recurrente, pues con tales manifestaciones pretende que la prueba pericial se circunscriba a los lineamientos y medios de convicción por ella aportados, lo que resulta contrario a la naturaleza de tal probanza, pues dicho medio de convicción tiene por objeto que todas las partes, no sólo la oferente, a través de un dictamen rendido por un especialista en determinada materia, aporten los elementos suficientes que creen convicción en el juzgador respecto de aspectos técnicos o científicos, que debido a su complejidad no se alcancen a comprender, de ahí que limitar tal análisis a una de las partes, resulta violatorio del principio de igualdad procesal. En ese sentido, es inexacto lo manifestado por la recurrente, puesto que lo que pretende es que la prueba pericial se desahogue sólo en los términos por ella propuestos. De ahí que se consideren infundados los argumentos de inconformidad. Cabe señalar que no se desconoce los diversos criterios sustentados por el Sexto y Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver, respectivamente, el recurso de queja QA. 57/2008, de once de junio de dos mil ocho y QA. 32/2008, de cuatro de junio de dos mil ocho, que resuelven en sentido contrario a lo determinado por este Tribunal Colegiado, sin embargo, atendiendo a las razones expuestas en este fallo, es que no se comparten los criterios sustentados en los mismos. Así las cosas, lo procedente es declarar infundada la queja."

 

Asimismo, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de queja QA. 57/2008, interpuesto por ********** en lo que aquí interesa, adujo lo siguiente:

 

"Previo al análisis de los agravios de la recurrente, resulta necesario resaltar las siguientes consideraciones: En primer lugar, debe precisarse que la parte recurrente funda el presente recurso en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: (se transcribe). De la anterior transcripción se infiere que el legislador estableció para la procedencia del recurso de queja, en la hipótesis de mérito (con base en la premisa principal consistente en que las resoluciones impugnables no admitan expresamente el diverso de revisión en términos del artículo 83 de la ley de la materia, y con objeto de garantizar la expedités del juicio), la manera de evitar que dicho medio de impugnación fuera utilizado en forma desmedida y con la única finalidad de retrasar innecesariamente su desarrollo; es por ello que, en forma especial, lo sujetó al requisito consistente en que con la resolución dictada por el Juez de Distrito pudiera causarse un daño o perjuicio que fuere de imposible reparación, aun en el dictado de la sentencia definitiva. En esa tesitura, la materia del recurso de queja excepcional a que se refiere el numeral 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, en que se apoya la recurrente, se contrae a determinar, en la especie, si con la determinación del juzgador, en la que tuvo a la delegada de la autoridad responsable, presidente de la República y subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, formulando adición al cuestionario de la prueba pericial en materia de contabilidad, es factible o no que se cause daño o perjuicio a la inconforme, que sea de imposible reparación, aun en el dictado del fallo definitivo. Ahora bien, el supuesto precisado se acredita, toda vez que se requiere que la resolución recurrida sea tal que, por su naturaleza trascendental y grave, pueda causar daño o perjuicio grave a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, extremos que se reúnen, toda vez que el auto recurrido en queja, en la parte controvertida, se refiere a la determinación de tener por adicionado el cuestionario de la prueba pericial en contabilidad ofrecida por la quejosa, por lo que tal determinación tiene las características de trascendental y grave, y puede causar daño o perjuicio no reparables en la sentencia definitiva con que culmine el juicio. Esto es así, porque la circunstancia de que el Juez de Distrito haya estimado tener por adicionado el cuestionario a la prueba pericial contable, sin analizar previamente si la adición cumple con los principios de idoneidad y pertinencia, esto es, que tenga relación inmediata con los hechos controvertidos y que sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, es decir, que tal adición del cuestionario propuesto tenga relación con la litis propuesta, que se traduce en la aplicación en perjuicio o no de la quejosa, de las disposiciones tildadas de inconstitucionales, por tanto, la determinación del a quo le causa a la recurrente un perjuicio grave que no es reparable en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio, por lo que en tales condiciones se estima que se dan, en la especie, las características de trascendental y grave. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 74/2001, publicada en la página seis, Tomo XIII, junio de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y que es del tenor siguiente: ‘PRUEBAS OFRECIDAS O ANUNCIADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL AUTO DE LOS JUECES DE DISTRITO POR EL QUE ORDENAN SU PREPARACIÓN Y DESAHOGO, EXCEPCIONALMENTE ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA, SIEMPRE Y CUANDO PUEDAN CAUSAR UN DAÑO O PERJUICIO TRASCENDENTE, GRAVE Y DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA; LO QUE EN CADA CASO DEBERÁ DETERMINAR EL TRIBUNAL COLEGIADO COMPETENTE.’ (se transcribe). De la jurisprudencia transcrita se desprende, como antes se dijo, que para la procedencia del recurso de queja en análisis, se requiere la satisfacción de los extremos consistentes en que, atendiendo al caso específico, la resolución ordenadora de preparación y desahogo de pruebas legales y conducentes, sea de naturaleza trascendental y grave, que pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, de imposible reparación, incluso, en la determinación final del juicio de garantías promovido en la vía indirecta. Requisitos que, como ya se dijo, este Tribunal Colegiado estima se satisfacen en el caso particular, toda vez que el acuerdo cuya legalidad se discute, de veinticuatro de abril de dos mil ocho, se considera como uno de los que puedan, por su naturaleza trascendental y grave, causar un daño o perjuicio no reparable en el fallo definitivo. Ahora bien, en los agravios, la recurrente aduce esencialmente lo siguiente. Que el acuerdo recurrido resulta violatorio de lo dispuesto por los artículos 150 y 151 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con lo dispuesto por el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley antes mencionada, ya que la ampliación al cuestionario por la responsable, no cumple con los principios de pertinencia e idoneidad, es decir, no tiene una relación inmediata con los hechos controvertidos, en tanto que no guarda relación con la litis del juicio, pues con aquélla lo que se pretende acreditar son determinadas situaciones particulares de la quejosa, que no inciden en la constitucionalidad de los actos reclamados. Sostiene que las preguntas formuladas en la ampliación al cuestionario, no guardan relación alguna con el interés jurídico para acudir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal (extremo por el cual la parte quejosa ofreció la prueba pericial contable); además, se enfocan en demostrar particularidades de las quejosas que no inciden en el estudio de constitucionalidad que se propone, como lo es el índice de rotación de inventarios o su política para la reposición de los activos. Que la adición al cuestionario sobre el cual debe versar la prueba pericial contable, esto es, las preguntas formuladas no son idóneas para acreditar los extremos que se pretende, por lo que estima incorrecto que se tuvieran por adicionadas las preguntas propuestas por la responsable, pues el Juez de Distrito no tenía elementos para determinar si dichas preguntas tienen o no relación con la litis constitucional o, en su caso, si son el medio idóneo para acreditar determinados hechos. Son esencialmente fundados los agravios de la recurrente. En principio, para estar en condiciones de resolver este asunto, es necesario tener presente que las peticionarias del amparo reclamaron la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, específicamente, los artículos 2o., 3o., fracción II, 5o., fracción I, 6o., fracciones I y III, 8o., primero, segundo, quinto, penúltimo y último párrafos, 9o. y 10, primero, segundo, tercero, quinto, penúltimo y último párrafos, quinto, sexto y noveno transitorios. Ahora bien, conforme a los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, así como 79 y 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria al juicio de garantías por disposición del segundo párrafo del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto es admisible cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho. En este sentido, tratándose de la prueba pericial, el derecho a adicionar el cuestionario sobre el cual se desahogará no es pleno, sino que deben cumplirse ciertos requisitos, entre los que se encuentra la relación inmediata que debe tener con los hechos controvertidos, conforme al principio de idoneidad de la prueba, regulado por el mencionado artículo 79, de tal modo que si las preguntas adicionales no guardan relación con la litis o los hechos que se pretende probar con dicho medio de convicción, no se satisface ese requisito y el ofrecimiento que se haga es ilegal, ante lo cual el Juez, desde su anuncio, debe desechar la referida adición al cuestionario para los peritos. De lo anterior se desprende que para que proceda la admisión de las adiciones formuladas al cuestionario, propuestas por la contraparte de la oferente, es necesario que tales cuestiones tengan relación o estén vinculadas con el hecho que la parte que ofreció la probanza pretende demostrar, y en caso de no ser así, deben desecharse, pues todo medio de prueba que no conduce directamente a justificar los hechos puestos en el litigio, debe ser desechado o desestimado por el juzgador, ya que todo el proceso debe guardar congruencia y relacionarse con los hechos controvertidos según la realidad o la fijación formal de la litis. Luego, el Juez de Distrito debe decidir si las preguntas que se contienen en la adición al cuestionario guardan o no relación con el presentado por la parte quejosa, ya que el derecho que tienen las partes para formular repreguntas en cuanto a la prueba pericial admitida, de conformidad con el artículo 151, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con los cuestionamientos que la parte oferente hubiera formulado, deben ser en función de lo que se pretende acreditar, sin introducir cuestiones ajenas a lo que es materia de dicha prueba, para que así no deje en total estado de indefensión a alguna de las partes, y, por ende, un agravio irreparable. Una vez asentadas las anteriores premisas, resulta necesario tener presente el contenido del escrito presentado ante el juzgado del conocimiento, el siete de abril de dos mil ocho, por el cual las quejosas anunciaron la prueba pericial en materia contable, de donde se advierte que dicha prueba se ofreció para acreditar lo siguiente: a) Que la quejosa ********** en el mes de enero de 2008, realizó el pago de intereses devengados en 2008. b) Que la quejosa ********** realizó el pago de intereses en el mes de enero de 2008, devengados en ese año, con motivo de deudas contratadas hasta el 31 de diciembre de 2007. c) Que la quejosa ********** pagó intereses devengados en 2008, en el mes de enero del mismo año, a instituciones de crédito, instituciones de seguros, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, casas de bolsa, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple que se consideren como integrantes del sistema financiero en los términos del artículo 8o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a personas cuya actividad exclusiva es la intermediación financiera en términos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única o aquellas que realizan operaciones de cobranza de cartera crediticia. d) Que la quejosa ********** para la determinación del cálculo del impuesto empresarial a tasa única correspondiente al mes de enero de 2008, según corresponda, no dedujo los intereses pagados en dichos meses. e) Que las quejosas ********** al momento de presentar la declaración correspondiente al mes de enero de 2008, no consideraron como deducible para efectos del impuesto empresarial a tasa única, las erogaciones que efectuaron a favor de sus trabajadores por concepto de sueldos, salarios y demás prestaciones derivadas de una relación laboral. f) Que las quejosas ********** al momento de presentar la declaración correspondiente al mes de enero de 2008, al determinar el crédito de sueldos, salarios y demás prestaciones derivadas de una relación laboral y aportaciones de seguridad social previsto en los artículos 8o. y 10 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única no incluyeron aquellas erogaciones efectuadas a favor de sus trabajadores que resultaron ingresos exentos para estos últimos. Con lo anterior las quejosas pretenden acreditar que las disposiciones legales reclamadas, impiden conocer para efectos del impuesto empresarial a tasa única, la totalidad de las erogaciones efectuadas por la parte quejosa por concepto de sueldos, salarios y demás prestaciones derivadas de una relación laboral. g) Que las cantidades que las quejosas ********** entregaron a sus trabajadores por concepto de subsidio al empleo y que acreditaron contra el impuesto sobre la renta a su cargo, no fueron consideradas como impuesto sobre la renta efectivamente pagado para efectos del acreditamiento de éste contra el impuesto empresarial a tasa única en la declaración del pago provisional del mes de enero de 2008. Con lo anterior las quejosas pretenden acreditar que las disposiciones legales reclamadas, restringen a los contribuyentes el derecho de acreditamiento del impuesto sobre la renta que se hubiera cubierto con acreditamientos o reducciones, como ocurre en el caso del subsidio al empleo, aun cuando dicho acreditamiento se hubiere realizado en los términos previstos en las disposiciones fiscales aplicables. h) Que las quejosas ********** y ********** adquirieron bienes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil siete que no se hayan considerado como inversiones para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los cuales seguían teniendo a la entrada en vigor de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y que utilizan para realizar las actividades a que se refiere el artículo 1o. de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. i) Que las quejosas ********** obtuvieron ingresos efectivamente pagados en el mes de enero de 2008 por la enajenación de bienes que hayan sido producto de las adquisiciones de bienes realizada hasta el 31 de diciembre de 2007 que no se hayan considerado como inversiones para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. j) Que en el pago provisional de impuesto empresarial a tasa única del mes de enero de 2008, las quejosas señaladas en el inciso anterior no dedujeron el monto de las erogaciones por la adquisición de bienes hasta el 31 de diciembre de 2007 que no se hayan considerado como inversiones para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o bien, que sólo acreditaron el impuesto en la parte que corresponde al 6% del saldo por deducir en términos del ‘Decreto por el que se cargan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2007. k) Si a la entrada en vigor de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, las quejosas ********** cuentan con inversiones efectuadas con anterioridad al 1o. de enero de 2008. l) Que las quejosas ********** cuentan con un saldo pendiente por depreciar al 31 de diciembre de 2007, respecto de las erogaciones efectuadas para adquirir inversiones (activos fijos, gastos, cargos diferidos y operaciones en un periodo preoperativo) con anterioridad a 2008. m) Si a la entrada en vigor de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, las quejosas ********** son propietarias de bienes respecto de los cuales efectuaron la deducción inmediata para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, en caso afirmativo, si las quejosas contarían con un saldo pendiente por apreciar en caso de no haber efectuado dicha deducción inmediata. n) Que en la declaración de pago provisional que constituyó el acto concreto de aplicación, las quejosas ********** no efectuaron la deducción del saldo pendiente por depreciar de las inversiones realizadas con anterioridad a 2008. o) Que las quejosas ********** contaban con pérdidas fiscales pendientes de ser amortizadas al 31 de diciembre de 2007, en términos del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las cuales no fueron utilizadas en el pago provisional del impuesto empresarial a tasa única correspondiente al mes de enero de 2008. Esto es, las peticionarias ofrecieron la prueba pericial en comento, con el fin de acreditar que al momento de hacer el cálculo del pago provisional del impuesto empresarial a tasa única, que constituyó el primer acto concreto de aplicación, efectivamente se situaron en los supuestos contenidos en las disposiciones tildadas de inconstitucionales, esto es, ofrecieron dicha prueba para acreditar su interés jurídico. Por su parte, la autoridad responsable propuso adición al cuestionario sobre el cual versará la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida por la parte quejosa, en los siguientes términos: (se transcribe). Asimismo, a través del oficio por el que la autoridad responsable propuso adicionar el cuestionario sobre el que versará la prueba pericial contable ofrecida por la quejosa, manifestó, esencialmente, lo siguiente: (se transcribe). De dicha transcripción se advierte que la autoridad responsable al ofrecer la adición al interrogatorio de que se trata, no manifestó el motivo de la adición, esto es, no indicó qué extremos son los que pretende probar con las preguntas formuladas, lo cual se estima de suma importancia, para que así el Juez del conocimiento esté en aptitud de analizar la pertinencia o idoneidad de las preguntas adicionales contenidas en el interrogatorio en cita, al no saber ni indiciariamente qué se pretende lograr con dicha adición. Precisado lo anterior, debe decirse que asiste, entonces, razón a la parte recurrente cuando aduce que el proveído que recurre le causa agravio, pues ciertamente, el Juez Federal del conocimiento tuvo por adicionado el interrogatorio exhibido por la autoridad responsable para el desahogo de la prueba pericial contable que ofreció la quejosa, sin analizar previamente la pertinencia o idoneidad de las preguntas adicionales contenidas en el interrogatorio en cita, y de ahí lo fundado del argumento sujeto a estudio. En tal virtud, procede declarar fundado el presente medio de impugnación, toda vez que resulta contrario a derecho que se haya tenido por admitida la adición al cuestionario sobre el cual versará el desahogo de la prueba pericial contable ofrecida por la parte quejosa, sin pronunciarse previamente respecto de su idoneidad, por lo que deberá quedar insubsistente el acuerdo recurrido y, en su lugar, razonadamente deberá establecerse la pertinencia o no de la ampliación del cuestionario, y con base en ello se admita o deseche. Lo anterior de conformidad con el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y la jurisprudencia XVII. J/2, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 1486, que a continuación se transcribe: ‘PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. DEBE DESECHARSE LA ADICIÓN AL CUESTIONARIO CONFORME AL CUAL SE DESAHOGARÁ AQUÉLLA SI NO GUARDA RELACIÓN CON LA LITIS O LOS HECHOS CONTROVERTIDOS, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE IDONEIDAD.’ (se transcribe)-Igualmente es aplicable al caso la jurisprudencia IV.1o.A. J/12, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 2419, que dice: ‘PRUEBA PERICIAL CONTABLE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EN LA AMPLIACIÓN AL CUESTIONARIO SOBRE EL CUAL SE DESAHOGARÁ LA OFRECIDA POR LA QUEJOSA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VIGILAR QUE LAS PREGUNTAS GUARDEN RELACIÓN DIRECTA CON LA LITIS Y CON LOS CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS POR LA OFERENTE.’ (se transcribe). ... En las relatadas condiciones, ante la eficacia jurídica de los agravios, lo que procede es declarar fundado el recurso de queja."

 

Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el recurso de queja QA. 32/2008, interpuesto por ********** en lo que aquí interesa, adujo lo siguiente:

 

"SÉPTIMO. Los argumentos que hacen valer las inconformes en los agravios vertidos son sustancialmente fundados, por las consideraciones legales siguientes: Las recurrentes señalan en el primero, en esencia, que el acuerdo recurrido es ilegal, porque trasgrede lo dispuesto por los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 79 y 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, debido a que al admitir una prueba, el juzgador debe analizar que la misma tenga relación inmediata con los hechos que se pretende demostrar; por lo que si la parte quejosa ofreció la prueba pericial para acreditar su interés jurídico para acudir al juicio de origen y, en particular, para acreditar que se aplicaron en perjuicio de las empresas promoventes las disposiciones tildadas de inconstitucionales referentes al pago provisional del impuesto empresarial a tasa única; en ese sentido, arguye que la ampliación al cuestionario a que tiene derecho la autoridad administrativa, debe guardar relación inmediata con la finalidad de la pericial ofrecida. Agregan las inconformes que las preguntas que pretende adicionar la autoridad administrativa no guardan ninguna relación con el acreditar o no el interés jurídico para acudir al juicio de amparo y tampoco establece los extremos que pretende probar; sino que estima que están dirigidas a acreditar situaciones particulares que no tienen que ver con la litis planteada, al introducir aspectos como el índice de rotación de inventarios, la política para la reposición de los activos y el impuesto sobre la renta diferido, es decir, se ocupan de estrategias y políticas contables de las quejosas; siendo que para demostrar la inconstitucionalidad de leyes deben de tomarse en cuenta razonamientos estructurados sobre circunstancias generales y no deberá hacerse depender de las situaciones particulares de los quejosos; por lo que arguye que la finalidad de dicha ampliación es retardar el procedimiento. Siguen alegando las recurrentes que en la adición al cuestionario que presentaron las autoridades administrativas, la juzgadora, previo a tener por adicionadas las preguntas formuladas, debió calificar su idoneidad y pertinencia, pues las oferentes no se refieren a aspectos relacionados con la litis planteada en el juicio de amparo. Además, en forma medular en el agravio segundo las inconformes refieren que las preguntas formuladas por las autoridades responsables, al tener un objeto y alcance diferente al de la prueba pericial ofrecida por las hoy recurrentes, debieron ser materia de una diversa prueba pericial, asimismo, esgrime que las responsables pretenden subsanar en el juicio dicha omisión, valiéndose de las pruebas ofrecidas por su contraparte, pues atendiendo lo dispuesto por los artículos 81 y 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 151 de la Ley de Amparo, se infiere que la facultad de adicionar preguntas en el desahogo de una prueba pericial se encuentra limitada al objeto y alcance de la prueba pericial ofrecida, a lo cual se limitan las cuestiones hechas valer por el adicionante y en caso de que pretenda cuestiones diversas deberá ofrecer las pruebas necesarias para acreditar sus afirmaciones. En primer término, a fin de dilucidar el tema planteado cabe precisar que los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, 79 y 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establecen lo siguiente: (se transcribe). Deriva de los preceptos transcritos, que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho; éstas deben estar reconocidas por la ley y tener relación inmediata con los hechos controvertidos, ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, a excepción de la documental que puede presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella y la tenga como recibida durante dicha audiencia; en el caso de las pruebas testimonial, pericial e inspección ocular, para su debida preparación, deben anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, exhibiendo el interrogatorio y el cuestionario para el desahogo de las dos primeras, y precisando los puntos sobre los que deberá versar la última. Lo anterior se traduce en que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier prueba que esté reconocida por la ley y tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, lo que constituye una regla lógica que cabe aplicar supletoriamente en el juicio de amparo porque en éste, existiendo sistema probatorio, no aparece el principio de pertinencia o idoneidad de la prueba, ya que el artículo 150 de la Ley de Amparo, solamente se refiere a los medios o instrumentos de prueba. En apoyo al razonamiento que antecede, se invoca la tesis de jurisprudencia P./J. 41/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo

XIII, abril de 2001, Novena Época, que señala: ‘PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). En ese contexto, de las constancias que integran el juicio de origen, a las que se otorga valor probatorio conforme a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o., se desprende lo siguiente: Las empresas quejosas señalaron como actos reclamados a los siguientes: (se transcribe). El uno de abril de dos mil ocho, el autorizado de la parte quejosa presentó un escrito en el que anunció la prueba pericial en materia contable a cargo del contador público Salvador Aguilar Carmona, así como el cuestionario respectivo, en relación con diversos aspectos relacionados con los ingresos gravados, intereses, regalías, sueldos y salarios, erogaciones distintas de las inversiones hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil siete, inversiones y perdidas fiscales, con el fin de acreditar, entre otras situaciones, que las disposiciones legales reclamadas: Impiden reconocer, para efectos del impuesto empresarial a tasa única, la totalidad de las erogaciones efectuadas por la quejosa por concepto de sueldos, salarios y demás prestaciones de una relación laboral. Restringen a los contribuyentes el derecho del acreditamiento del impuesto sobre la renta que se hubiera cubierto con acreditamientos o reducciones, como ocurre en el caso del subsidio al empleo, aun cuando dicho requerimiento se hubiere realizado en los términos previstos en las disposiciones fiscales aplicables. Así, la Juez de Amparo en proveído de tres de abril de dos mil ocho, tuvo por anunciada en tiempo y forma la prueba pericial contable en comento y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 146 y 151 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, admitió la probanza en sus términos; al efecto, ordenó correr traslado a las partes con el cuestionario propuesto para que en su caso, lo adicionaran con lo que a sus intereses conviniera y de considerarlo procedente designaran perito de su parte, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo dentro del término de cinco días se les tendría por conformes con el dictamen que en su momento rindiera el perito oficial que nombrara el juzgado, dictando las providencias necesarias a fin de que el perito ofrecido aceptara y protestara el cargo conferido. Por su parte, la autoridad responsable denominada subprocurador Fiscal Federal de Amparos, firmando en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, en representación de este último y del presidente de la República, presentó el cuestionario que proponía como adición al ofrecido por la parte quejosa en relación con el dictamen en materia de contabilidad, en el cual constan las preguntas siguientes: (se transcribe). En ese tenor, y atento a los razonamientos asentados con antelación, este Tribunal Colegiado considera que, previo a establecer si procede o no la adición al cuestionario formulado por la solicitante de garantías respecto de la prueba pericial contable ofrecida en el juicio de amparo, la Juez de Distrito debió calificar la idoneidad y pertinencia de las preguntas a contestar con el cuestionario propuesto por la autoridad administrativa, y no simplemente, tener por adicionado el cuestionario respectivo, sin analizar si guardan relación con la litis del juicio de garantías. En la inteligencia de que tal calificación le corresponde realizarla la Juez de Distrito, pues en el recurso de queja este Tribunal Colegiado no asume jurisdicción; en consecuencia, la Juez Federal, con base en lo aquí resuelto debe emitir un nuevo acuerdo en el que dicte la determinación que en derecho corresponda. Similares consideraciones fueron vertidas en la ejecutoria emitida por este Tribunal Colegiado, al resolver por unanimidad de votos, el recurso de queja número QA. 32/2007, recurrentes ********** en sesión de veintitrés de mayo de dos mil siete. En las relatadas condiciones, al resultar sustancialmente fundados los agravios dirigidos a combatir el auto recurrido, lo procedente es declarar fundado el recurso de queja propuesto."

 

CUARTO. Previamente al estudio de fondo del asunto, es necesario determinar si en el presente caso existe o no contradicción de tesis, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes.

 

Para ello, debe tenerse presente el contenido de la siguiente tesis de jurisprudencia, aplicada al caso por analogía:

 

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001 

"Página: 76

 

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

 

Según se desprende del criterio antes transcrito, para que exista contradicción de tesis deben reunirse los siguientes elementos:

 

a) Que al resolver los planteamientos jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias.

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

 

También lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que se interpretan en las jurisprudencias antes transcritas, sirven como marco de referencia para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicción de tesis denunciada. Dichos numerales establecen:

 

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

 

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

 

Del contenido de las tesis de jurisprudencias transcritas y de los numerales asentados en párrafos precedentes se desprende que existe contradicción de tesis cuando dos o más Tribunales Colegiados, al resolver los negocios jurídicos de su competencia, tocan cuestiones jurídicas sustancialmente iguales, pero al exponer sus consideraciones y presentar sus conclusiones respectivas, adoptan criterios diametralmente opuestos, con motivo del examen de los mismos elementos; de tal manera que la lectura de las resoluciones correspondientes evidencien la actualización de dos posiciones jurídicas discrepantes entre sí con relación a los mismos puntos de análisis. En estas condiciones, en términos de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, esta Suprema Corte de Justicia deberá decidir cuál tesis ha de prevalecer.

 

Ahora bien, del contenido de las ejecutorias transcritas en apartados precedentes se observa que en el caso presente sí existe la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que sobre el mismo problema jurídico, a saber, si de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el Juez de Distrito, al resolver sobre la ampliación de la prueba pericial promovida por la parte contraria del oferente de la prueba, tiene o no la obligación de verificar si el contenido de la ampliación tiene relación o no con la prueba pericial ofrecida, como presupuesto para su procedencia y sobre ese particular los tribunales contendientes sustentaron criterios opuestos.

 

En efecto, con relación al problema jurídico apuntado, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo sustancialmente que el texto del artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, otorga a la parte contraria del oferente de la prueba el derecho de adicionar al cuestionario original las preguntas que estime pertinentes, sin que el ejercicio de ese derecho esté condicionado a que las cuestiones adicionales tengan relación directa con las propuestas por el oferente de la prueba, pues el derecho de adicionar el cuestionario no está limitado por esa condición, y porque además, pretender que la adición se circunscriba a los lineamientos del cuestionario original implicaría desnaturalizar el fin de la prueba pericial y se violaría el principio de igualdad procesal.

 

Por su parte, el Sexto y el Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del mismo circuito adujeron que tratándose de la prueba pericial, el derecho a adicionar el cuestionario sobre el cual se desahogará no es pleno, sino que deben cumplirse ciertos requisitos, entre los que se encuentra la relación inmediata que debe tener con los hechos controvertidos, conforme al principio de idoneidad de la prueba, previsto en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles; de aquí que si las preguntas adicionales no guardan relación con lo que se pretende probar con la pericial, no se satisface ese requisito y el ofrecimiento de la adición es ilegal, por lo cual el Juez de Distrito debe desecharla desde su anuncio, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión a alguna de las partes por permitir la introducción de cuestiones ajenas a la materia de la prueba.

 

De esta manera, es claro que respecto de la cuestión jurídica enunciada más arriba, dichos órganos colegiados sostienen tesis discrepantes, pues como ya se indicó, el primero de ellos sostiene que no es necesario que la adición al cuestionario de la prueba pericial deba tener relación directa con la materia de la prueba original, pues el artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no establece de manera expresa esa condición, y los otros Tribunales Colegiados adujeron que la procedencia de la adición al cuestionario relativo si está condicionada a que tenga relación con las preguntas originalmente propuestas al ofrecerse la prueba pericial, en cumplimiento del principio de idoneidad, de tal manera que si no se cumple con tal condición el Juez de Distrito deberá desechar la adición propuesta.

 

Consecuentemente, el punto de derecho a dilucidar se centra en determinar si de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el Juez de Distrito, al resolver sobre la ampliación de la prueba pericial promovida por la parte contraria del oferente de la prueba, tiene o no la obligación de verificar si el contenido de la ampliación tiene relación o no con la prueba pericial ofrecida, como presupuesto para su procedencia.

 

QUINTO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala, de acuerdo con las siguientes consideraciones de derecho:

 

Como se precisó, el punto de contradicción a que este asunto se refiere, se centra en determinar si de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el Juez de Distrito, al resolver sobre la ampliación de la prueba pericial promovida por la parte contraria del oferente de la prueba, tiene o no la obligación de verificar si el contenido de la ampliación tiene relación o no con la prueba pericial ofrecida, como presupuesto para su procedencia.

 

Ahora bien, para resolver el punto de contradicción, es pertinente señalar que el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar, por unanimidad de diez votos, la contradicción de tesis 13/2000, en sesión de fecha veintisiete de febrero de dos mil uno, resolvió textualmente lo siguiente:

 

"En primer término cabe precisar que en los artículos 150 al 155 de la Ley de Amparo, se establece: ‘Artículo 150. En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho.’. ‘Artículo 151. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El Juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la pericial. Al promoverse la prueba pericial, el Juez hará la designación de un perito, o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el Juez o rinda dictamen por separado. Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el Juez deberá excusarse de conocer cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 66 de esta ley. A ese efecto, al aceptar su nombramiento manifestará, bajo protesta de decir verdad, que no tiene ninguno de los impedimentos legales. La prueba pericial será calificada por el Juez según prudente estimación.’. ‘Artículo 152. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad a aquellas las copias o documentos que soliciten; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieren con esa obligación, la parte interesada solicitará del Juez que requiera a los omisos. El Juez hará el requerimiento y aplazará la audiencia por un término que no exceda de diez días; pero si no obstante dicho requerimiento durante el término de la expresada prórroga no se expidieren las copias o documentos, el Juez, a petición de parte, si lo estima indispensable, podrá transferir la audiencia hasta en tanto se expidan y hará uso de los medios de apremio, consignando en su caso a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato. Al interesado que informe al Juez que se le ha denegado una copia o documento que no hubiese solicitado, o que ya le hubiese sido expedido, se le impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario. Cuando se trate de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales, a instancia de cualquiera de las partes.’. ‘Artículo 153. Si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el Juez suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes; en dicha audiencia, se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento. Lo dispuesto en este artículo sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, de la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio. Cuando el Juez desechare la objeción presentada, podrá aplicar al promovente de (sic) la propuso una multa de diez a ciento ochenta días de salario.’. ‘Artículo 154. La audiencia a que se refiere el artículo siguiente y la recepción de las pruebas, serán públicas.’. ‘Artículo 155. Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda. El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare. En los demás casos, las partes podrán alegar verbalmente, pero sin exigir que sus alegaciones se hagan constar en autos, y sin que los alegatos puedan exceder de media hora por cada parte, incluyendo las réplicas y contrarréplicas. El Ministerio Público que actúe en el proceso penal, podrá formular alegatos por escrito en los juicios de amparo en los que se impugnen resoluciones jurisdiccionales. Para tal efecto, deberá notificársele la presentación de la demanda.’. El contenido de dichos preceptos permite considerar, entre otras cosas, lo siguiente: a) En el juicio de garantías son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional y las que fueren contra la moral o contra derecho. b) Las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, a excepción de la documental que puede presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella y la tenga como recibida durante dicha audiencia. c) En el caso de las pruebas testimonial, pericial e inspección ocular, para su debida preparación, deben anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, exhibiendo el interrogatorio y el cuestionario para el desahogo de las dos primeras, y precisando los puntos sobre los que deberá versar la última. d) La audiencia constitucional y la recepción de pruebas son públicas. e) Una vez abierta la audiencia constitucional se procede a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público, dictándose a continuación el fallo respectivo. Por otra parte, los artículos 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo disponen: ‘Artículo 79. Para conocer la verdad puede el juzgador valerse de cualquiera persona, sea parte o tercero, y de cualquiera cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.’. ‘Artículo 81. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones.’. ‘Artículo 85. Ni la prueba, en general, ni los medios de prueba establecidos por la ley, son renunciables.’. ‘Artículo 86. Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho.’. Del contenido de estos preceptos legales, se desprende que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier prueba que esté reconocida por la ley y tenga relación inmediata con los hechos controvertidos. Esto último, es decir, la necesidad de que la prueba ofrecida tenga relación inmediata con los hechos litigiosos constituye una regla lógica que cabe aplicar supletoriamente en el juicio de amparo porque en éste, existiendo sistema probatorio, no aparece el principio de pertinencia o idoneidad de la prueba, ya que el artículo 150 de la Ley de Amparo solamente se refiere a los medios o instrumentos de prueba. En efecto, cuando el mencionado artículo 150 establece que en el juicio de amparo son admisibles ‘toda clase de pruebas ...’, esta regla se está refiriendo a los medios, elementos o instrumentos probatorios, como las documentales, testimonios, periciales, etc., consideración que se confirma porque la parte final del precepto, al señalar como excepciones a dicha regla ‘... la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho’, alude a tales medios. Dicho artículo 150, por tanto, no es apto para aclarar la duda que deriva de la contradicción, porque ninguno de los Tribunales Colegiados se vio en la tesitura de resolver si los medios de prueba ofrecidos -testimonial o pericial- están permitidos por la ley, o no lo están; es obvio que la ley los admite. Lo que tuvieron los Tribunales Colegiados que decidir, fue otra cosa, esto es, si las referidas pruebas eran adecuadas para motivar la convicción del Juez de Distrito sobre lo pretendido por el oferente en relación con la litis constitucional. Hernando Devis Echandia, dice al respecto: ‘Principio de la pertinencia, idoneidad o conducencia y utilidad de la prueba. Puede decirse que éste representa una limitación al principio de la libertad de la prueba, pero es igualmente necesario, pues significa que el tiempo y el trabajo de los funcionarios judiciales y de las partes en esta etapa del proceso no debe perderse en la práctica de medios que por sí mismos o por su contenido no sirvan en absoluto para los fines propuestos y aparezcan claramente improcedentes o inidóneos. De esta manera se contribuye a la concentración y a la eficacia procesal de la prueba’ (Teoría General de la Prueba, 5a. ed., Tomo I, página 133). Pues bien, este principio de la idoneidad de la prueba, aunque falta en la Ley de Amparo, es recogido por el ya transcrito artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que resulta supletoriamente aplicable en este examen. Por tanto, debe considerarse que toda prueba, de las permitidas por el artículo 150 de la Ley de Amparo, para ser admitida, debe ‘tener relación inmediata con los hechos controvertidos’, como establece el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues sería contrario a la lógica y aun al sentido común que se admitieran y mandaran preparar en el amparo pruebas como la pericial, la testimonial y la de inspección, cuando del cuestionario, del interrogatorio o de los puntos sujetos a la fe judicial que deben acompañarse desde el ofrecimiento, se viera, desde luego y sin dudas, que nada tiene que ver con la litis. Al respecto cabe invocar la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 81, tomo 18, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza: ‘PRUEBAS INCONGRUENTES.’ (se transcribe). Por tanto, es cierto que de acuerdo a las disposiciones transcritas, en el juicio de garantías debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y las que fueren contra la moral o contra derecho; que las pruebas deben rendirse en la audiencia constitucional, salvo la documental que puede presentarse con anterioridad y que, tratándose de la testimonial, pericial e inspección ocular, a fin de prepararlas debidamente deben anunciarse u ofrecerse con cinco días hábiles de anticipación a la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para dicha audiencia; sin embargo, también es verdad que esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena, sino que debe cumplir con ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, como lo dispone el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles antes transcrito, de tal manera que si en un caso se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento es contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla, en términos del artículo 150 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. En relación a la idoneidad de la prueba debe subrayarse especialmente que en esta materia el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de que al decidir la no admisión de un elemento probatorio, no vaya a dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse sólo cuando es claro, patente y sin lugar a dudas, que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto más vale que el Juez actúe con amplitud de criterio que con rigidez. Sobre este mismo tema debe señalarse que el momento de resolver sobre la admisión de probanzas tiene características diferentes a las que se dan a la hora de valorarlas, que es cuando se dicta sentencia. Se dice lo anterior, porque la Suprema Corte y los Tribunales Colegiados han establecido algunos criterios sobre idoneidad o inidoneidad probatoria, pero deben aplicarse con prudencia porque algunas de ellas sólo son aplicables en el momento de su valoración y en determinadas circunstancias, pero no podrían fundar la no admisión. Así, en vía de ejemplo, cabe citar las siguientes tesis: ‘AGRARIO. POSESIÓN. LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITARLA ES LA TESTIMONIAL.’ (se transcribe). ‘INSPECCIÓN JUDICIAL, NO ES APTA PARA COMPROBAR LA POSESIÓN.’ (se transcribe). ‘RIESGO PROFESIONAL. LA PRUEBA IDÓNEA PARA DETERMINARLO ES LA PERICIAL.’ (se transcribe). Criterios como éstos, son generalmente correctos cuando a la hora de dictar sentencia el Juez se percata de que -en su caso-, no hay ningún otro elemento o elementos que concatenado con la prueba aisladamente no idónea, puedan en conjunto y en vía indiciaria, llegar a constituir convicción por presunción legal o humana."

 

Del contenido de la ejecutoria de cuenta se observa que el Tribunal en Pleno concluyó medularmente:

 

1. Que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier prueba que esté reconocida por la ley y tenga relación inmediata con los hechos controvertidos.

2. Que la necesidad de que la prueba ofrecida tenga relación inmediata con los hechos litigiosos constituye una regla lógica que cabe aplicar supletoriamente en el juicio de amparo porque en éste, existiendo sistema probatorio, no aparece el principio de pertinencia o idoneidad de la prueba, ya que el artículo 150 de la Ley de Amparo solamente se refiere a los medios o instrumentos de prueba, pues dicho numeral establece que en el juicio de amparo son admisibles "toda clase de pruebas ...", esta regla se está refiriendo a los medios, elementos o instrumentos probatorios, como las documentales, testimonios, periciales, etcétera, consideración que se confirma porque la parte final del precepto, al señalar como excepciones a dicha regla "... la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho", alude a tales medios.

3. Que de acuerdo con la doctrina preponderante sobre el tema, el principio de la pertinencia, idoneidad o conducencia y utilidad de la prueba representa una limitación al principio de la libertad de la prueba, pero es igualmente necesario, pues significa que el tiempo y el trabajo de los funcionarios judiciales y de las partes en esta etapa del proceso no debe perderse en la práctica de medios que por sí mismos o por su contenido no sirvan en absoluto para los fines propuestos y aparezcan claramente improcedentes.

4. Que este principio de la idoneidad de la prueba, aunque falta en la Ley de Amparo, es recogido por el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por tanto, debe considerarse que toda prueba, de las permitidas por el artículo 150 de la Ley de Amparo, para ser admitida, debe "tener relación inmediata con los hechos controvertidos", pues sería contrario a la lógica y aun al sentido común que se admitieran y mandaran preparar en el amparo pruebas como la pericial, la testimonial y la de inspección, cuando del cuestionario, del interrogatorio o de los puntos sujetos a la fe judicial que deben acompañarse desde el ofrecimiento, se viera, desde luego y sin dudas, que nada tiene que ver con la litis.

5. Por tanto, se concluye que en el juicio de garantías debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y las que fueren contra la moral o contra derecho; que las pruebas deben rendirse en la audiencia constitucional, salvo la documental que puede presentarse con anterioridad, y que tratándose de la testimonial, pericial e inspección ocular, a fin de prepararlas debidamente deben anunciarse u ofrecerse con cinco días hábiles de anticipación a la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para dicha audiencia; sin embargo, también es verdad que esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena, sino que debe cumplir con ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, como lo dispone el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles antes transcrito, de tal manera que si en un caso se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento es contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional.

6. Que en relación con la idoneidad de la prueba, debe subrayarse especialmente que en esta materia el Juez de Distrito debe tener singular cuidado, a fin de que al decidir la no admisión de un elemento probatorio, no vaya a dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse sólo cuando es claro, patente y sin lugar a dudas, que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto más vale que el Juez actúe con amplitud de criterio que con rigidez.

 

Todas estas consideraciones fueron recogidas en la siguiente tesis de jurisprudencia:

 

 

"No. Registro: 189,894

"Jurisprudencia

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 41/2001

"Página: 157

 

 

"PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez."

 

Una vez precisado lo anterior, esta Segunda Sala considera que los principios recogidos en la ejecutoria y en la tesis de jurisprudencia transcritos más arriba son exactamente aplicables al caso para resolver el punto de contradicción que se estudia en el presente.

 

En efecto, con relación a la manera de integrarse la prueba de peritos en el juicio de amparo, es pertinente transcribir los artículos 151 de la Ley de Amparo y 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a aquélla.

 

"Artículo 151. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.

 

"Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El Juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la pericial.

 

"Al promoverse la prueba pericial, el Juez hará la designación de un perito, o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el Juez o rinda dictamen por separado.

 

"Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el Juez deberá excusarse de conocer cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 66 de esta ley. A ese efecto, al aceptar su nombramiento manifestará, bajo protesta de decir verdad, que no tiene ninguno de los impedimentos legales.

 

"La prueba pericial será calificada por el Juez según prudente estimación."

 

"Artículo 146. La parte que desee rendir prueba pericial, deberá promoverla dentro de los diez primeros días del término ordinario o del extraordinario, o en su caso, por medio de un escrito en que formulará las preguntas o precisará los puntos sobre que debe versar; hará la designación del perito de su parte, y propondrá un tercero para el caso de desacuerdo.

 

"El tribunal concederá, a las demás partes, el término de cinco días para que adicionen el cuestionario con lo que les interese, previniéndolas, que, en el mismo término, nombren el perito que les corresponda, y manifiesten si están o no conformes con que se tenga como perito tercero al propuesto por el promovente.

 

"Si, pasados los cinco días, no hicieren las demás partes el nombramiento que les corresponde, ni manifestaren estar conformes con la proposición del perito tercero, el tribunal, de oficio, hará el o los nombramientos pertinentes, observándose lo dispuesto en la parte final del artículo 145, en su caso."

 

 

Como se observa del contenido de los artículos transcritos, en el juicio de amparo la prueba pericial se integra formal y materialmente con los siguientes elementos:

 

A) La designación del o de los peritos que haga el Juez o, en su caso, las partes para que se asocien con el designado por el juzgador.

B) La presentación del cuestionario que deberán responder los peritos.

C) La adición al cuestionario por las demás partes.

D) La aceptación del cargo de perito.

E) La presentación de los dictámenes correspondientes.

 

De esta manera, es evidente que la pericial constituye un medio probatorio de integración compleja; de tal manera que su debida y legal integración y preparación están sujetas a la participación de las partes y del propio juzgador, a fin de que su desahogo cumpla con los fines y los principios por los que se rige.

 

Esta participación de las partes en la preparación de este medio de prueba encuentra justificación en la circunstancia de que la pericial tiene lugar y resulta necesario su desahogo cuando se requiere la obtención de conocimientos especiales en alguna ciencia o arte para resolver sobre la existencia o inexistencia de los hechos litigiosos; es decir, el objeto de esta prueba es auxiliar al Juez, aportándole elementos e información de naturaleza especializada, cuyo contenido generalmente escapa a los conocimientos propios de los peritos en derecho; de aquí que la determinación científica o técnica de algún hecho constituye un aspecto de claro interés para las partes en conflicto; luego es clara la intención del legislador de permitir a las partes contrarias al oferente la posibilidad de adicionar el cuestionario sobre el que rendirán su informe los peritos designados.

 

En estas condiciones es dable sostener que la adición al cuestionario presentado para el desahogo de la prueba pericial configura un elemento de integración de la misma, es decir, la adición es formal y materialmente parte integrante de la prueba, y no un medio probatorio diverso; de aquí que, la admisión y aprobación de las nuevas cuestiones adicionadas se rigen también por

el principio de idoneidad previsto en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que exige que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, en el caso, con la materia de la prueba pericial ofrecida, puesto que, se insiste, el elemento relativo a la adición del cuestionario de los peritos es parte integrante, formal y materialmente, de la prueba pericial ofrecida.

 

Dicho numeral dice a la letra:

 

"Artículo 79. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.

 

"Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes."

 

Si se pensara lo contrario; es decir, que no existe razón legal para sostener tal exigencia, se desnaturalizaría la finalidad de la prueba de peritos que, se insiste, busca ilustrar el conocimiento del Juez respecto de un aspecto vinculado con la ciencia o el arte, que no es de la especialidad del juzgador, a fin de que éste interprete o valore mejor el alcance o el significado de algún punto en litigio.

 

Así, sentado lo anterior, debe afirmarse que en el momento de pronunciarse sobre la adición al cuestionario de peritos, el juzgador deberá verificar si las nuevas preguntas tienen o no relación inmediata con la materia de la prueba pericial, de la que forman parte íntegramente, a fin de calificar su idoneidad; por tanto, si la adición respectiva no satisface este requisito, su ofrecimiento es contrario a derecho y el juzgador no está obligado a tener por adicionada la prueba pericial respectiva, sin que esta circunstancia implique la falta de integración de la prueba, merced a que, como se ha explicado, la procedencia de la adición está sujeta a la satisfacción del principio de idoneidad mencionado.

 

En este orden de ideas, debe prevalecer en el caso la tesis de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se expresa a continuación:

 

PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO LA ADICIÓN AL CUESTIONARIO CONFORME AL CUAL SE DESAHOGARÁ AQUÉLLA NO GUARDA RELACIÓN CON LA MATERIA DE LA MISMA, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DESDE SU ANUNCIO.-Del contenido de los artículos 151 de la Ley de Amparo y 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a ésta, se desprende que en el juicio de amparo la prueba pericial se integra formal y materialmente con los siguientes elementos: la designación de peritos que haga el Juez o, en su caso, las partes, para que se asocien con el designado por el Juzgador; la presentación del cuestionario que deberán responder los peritos; la adición al cuestionario por las demás partes; la aceptación del cargo de perito y la presentación de los dictámenes correspondientes. Así, es evidente que la pericial constituye un medio probatorio de integración compleja; de tal manera que su debida y legal integración y preparación están sujetas a la participación de las partes y del propio juzgador, a fin de que su desahogo cumpla con los fines y los principios por los que se rige. En estas condiciones, es dable sostener que la adición al cuestionario presentado para el desahogo de la prueba pericial configura un elemento de integración de la misma y, por tanto, la admisión y aprobación de las nuevas cuestiones adicionadas se rigen también por el principio de idoneidad previsto en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que exige que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, en el caso, con la materia de la prueba pericial ofrecida, puesto que la adición del cuestionario de los peritos es parte integrante, formal y materialmente, de la prueba pericial ofrecida. En consecuencia, en el momento de pronunciarse sobre la adición al cuestionario de peritos, el juzgador deberá verificar si las nuevas preguntas tienen o no relación inmediata con la materia de la prueba pericial, a fin de calificar su idoneidad; de tal suerte que si la adición respectiva no satisface este requisito, su ofrecimiento es contrario a derecho, y el juzgador no está obligado a tener por adicionada la prueba pericial respectiva.

 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

 

PRIMERO.-Sí existe la contradicción de tesis denunciada.

 

SEGUNDO.-Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que aparece en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.

 

Notifíquese; a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

 

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos de los Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas, presidente de esta Segunda Sala, a favor de que sí existe contradicción de tesis. En contra los Ministros Mariano Azuela Güitrón y Genaro David Góngora Pimentel.

 

Dado la mayoría de votos a favor de la existencia de la contradicción de tesis, y para efectos de la aprobación de la jurisprudencia, los Ministros disidentes quedan obligados a votar en el mismo sentido.

 

 

Consecuentemente el proyecto queda aprobado por unanimidad de cinco votos. Fue ponente el señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

 

En términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte en su sesión de veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.