Investigaciones Privadas

Peritos Forenses Transdisciplinarios, es una entidad acreditada, con actividad Profesional y Empresarial, que ofrece sus servicios en la República Mexicana, cumpliendo y apegándose en todo momento, a los principios normativos, jurídicos y éticos de las Instituciones, tanto públicas como privadas a las que damos servicio, dedicándonos a la prestación de Servicios Transdisciplinarios, como lo es el Área de Investigaciones Privadas. Dicha actividad, declarada y debidamente registradas dentro del SAT Sistema de Administración Tributaria, dependiente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contando con el registro correspondiente ante dicha dependencia y por consiguiente, nos encontramos en la posibilidad de entregar los comprobantes fiscales sobre la actividad requerida. 

 

LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DEL DEFENSOR ALTERNOS A LOS DE LA FISCALÍA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN.

  

Una de las partes más importantes del proceso Penal Acusatorio y Oral, es sin duda la del Defensor, el cual debe tener una labor activa en todas las etapas del proceso, desde la investigación hasta el juicio oral, por que el Código Nacional de Procedimientos Penales le establece una sería de obligaciones, misma que se encuentran previstas en su artículo 117, las cuales, lejos de ser obligaciones en estricto sentido, son más bien facultades en sentido amplio, conferidas exclusivamente para un mejor y libre actuar de defensa en pro del representado. Dentro de estas "obligaciones" existe la de RECABAR Y OFRECER LOS MEDIOS DE PRUEBA NECESARIOS PARA LA DEFENSA, la en correlación e interpretación con el Principio de Igualdad entra las Partes, previsto en nuestro artículo 11 del mismo Código Penal Adjetivo, debe de entenderse como la facultad que tenemos y estamos obligados todos los defensores con respecto a una Investigación alterna, es decir; la propia investigación a la que debe estar obligado el defensor a realizar, desde la etapa de investigación hasta la etapa intermedia, dónde vaya incorporado sus actos de investigación de defensa, mismo que dependiendo el momento de procesal serán sus datos de prueba o medios de prueba, los cuales podrá o no compartir con la fiscalía, esto dependiendo en qué momento de la investigación o del proceso se situé, además de que tendrá total derecho de compartir sólo aquellos datos o medios de prueba que le convengan a su teoría del caso y que piense llevar a Juicio Oral, y jamás estará obligado a compartir con la fiscalía un dato o medios de prueba que pudiere ser perjudicial a su teoría del caso, ni tampoco registrarlo en la Carpeta de Investigación de cargo o someterlo previo a su descubrimiento a la óptica o consideración de la fiscalía para que esté valore si idoneidad y pertinencia, pues la obligación de dejar registro de los actos de investigación en la carpeta correspondiente, sólo corresponde al Ministerio Público y a la Policía, no al imputado o su defensa, por lo que ningún Juez de Control debe restarle valor probatorio a los datos o medios del prueba, por no haber sido llevado a través del Representante Social o por no encontrase dentro de la Carpeta de Investigación de cargo, siempre y cuando hubieren sido obtenidos lícita y legalmente por parte de la Defensa y sean compartidos a la fiscalía en el momento procesal oportuno, ya de los contrario trastocaría y/o violaría el principio de Igualdad entre las partes y afectaría la correcta, libre y adecuada defensa técnica, ya que la acusación y la prueba de culpabilidad corresponden al Ministerio Público, pero no a costa de las pruebas obtenidas por la defensa, sino única y exclusivamente las obtenidas por cargo. 

 

Época: Décima Época 

Registro: 2014421 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Publicación: viernes 02 de junio de 2017 10:08 h 

Materia(s): (Común, Penal) 

Tesis: I.1o.P.54 P (10a.) 

 

MEDIOS DE PRUEBA EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE CONTROL EXCLUYA LOS QUE OFRECIÓ EL IMPUTADO PARA JUSTIFICAR SU VERSIÓN DEFENSIVA O TEORÍA DEL CASO, POR NO TENERSE REGISTROS DE ÉSTOS EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, POR AFECTAR EL DERECHO DE DEFENSA ADECUADA Y TRASCENDER AL RESULTADO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA.

 

Del artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que la obligación de dejar registro de los actos de investigación en la carpeta correspondiente, sólo corresponde al Ministerio Público y a la Policía, no al imputado o su defensa. Por su parte, el diverso 340, penúltimo párrafo (vigente hasta el 17 de junio de 2016), tampoco precisó ese requerimiento desde el descubrimiento probatorio, pues éste se satisface con el anuncio e individualización de los medios de prueba y sería incongruente con lo señalado en el sentido de que el informe pericial pudiera ser entregado a más tardar el día de la celebración de la audiencia intermedia. Asimismo, no habría razón de que se ordenara a la defensa entregar al representante social los registros con los que cuente, como se indica en el primer párrafo del artículo 337 del código referido, pues este último tiene acceso a dicha carpeta y podría acceder a ellos. Además, en observancia al principio de no autoincriminación, la defensa no podría proporcionar los medios de prueba -mediante los registros en la carpeta de investigación- para que de ellos la contraparte deduzca pruebas de cargo, pues ello constituiría una violación a dicho axioma; es más, la acusación y la prueba de culpabilidad corresponden al Ministerio Público, pero no a costa de las pruebas obtenidas por la defensa; y aunque esta interpretación pudiera representar una desigualdad procesal, se encuentra justificada constitucionalmente, porque el derecho de defensa es para el acusado, no para el acusador. Por tanto, si el Juez de control excluye en la audiencia intermedia los medios de prueba que ofreció el imputado o su defensa para justificar su versión defensiva o teoría del caso, por el hecho de que no se tiene registros de éstos en la carpeta de investigación, debe concederse el amparo con fundamento en los numerales 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo, para que la Sala responsable: a) declare la nulidad de la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento, de acuerdo con el artículo 101 del código adjetivo invocado, y determine que ha lugar a la reposición del procedimiento -parcial- conforme al artículo 482, fracción III, de dicho ordenamiento, dado que esta actuación violenta el derecho de defensa adecuada del quejoso y trasciende al resultado de la sentencia condenatoria dictada por el tribunal de enjuiciamiento, por haber sido condenado por el delito que se le imputó, señalándose que no justificó su postura alterna; b) ordene que en el auto de apertura a juicio se incluyan los medios de prueba indebidamente excluidos y sea el mismo tribunal de enjuiciamiento el que continúe con la audiencia de juicio para el desahogo de dichos medios de prueba, a efecto de no violentar los principios de inmediación y objetividad, establecidos en los artículos 20, apartado A, fracciones II y IV, constitucional y 9o. del código invocado; y, c) en su momento, con libertad de jurisdicción, determine lo que corresponda; en la inteligencia de que la reposición no afecta los medios de prueba del Ministerio Público desahogados en el juicio oral, por no advertirse violación a algún derecho humano en cuanto a estas probanzas, incluso, velando por la no revictimización de la parte ofendida. En el entendido de que si se advierte una imposibilidad para integrar el tribunal de enjuiciamiento con los mismos titulares -por una cuestión de fuerza mayor- deberá llevarse a cabo en su integridad la audiencia de juicio oral.

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

 

Amparo directo 284/2016. 8 de marzo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Sarabia Ascencio. Secretario: Daniel Marcelino Niño Jiménez.

 

Tesis publicada el viernes 02 de junio de 2017 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

 

Peritos Forenses Transdisciplinarios - Servicios de Seguridad

Peritos Forenses Transdisciplinarios, como unidad integradora y entidad comercializadora, ofrece el servicio de compra-venta de insumos, consumibles y accesorios de todo tipo de material de seguridad física, electrónica y virtual y de artículos misceláneos entre otros, así como la prestación de servicios profesionales, científicos y técnicos y de mantenimiento correctivo y preventivo en la materia, provocando con esto, la disminución de pérdidas y la prevención de actos ilícitos, así como la detección de puntos vulnerables, evitando intrusiones no autorizada en las áreas probablemente comprometidas, ademas de la investigación, protección y custodia estratégica no armada, discreta, preventivarestrictiva y sin fuga de información, brindado la asesoría y capacitación necesarias para el logro del objetivo, poniendo énfasis en la prevención y detección de riesgos de seguridad de personas de interés, así como el rastreo y localización tanto física como virtual de personas con las que, de alguna manera, se ha perdido el contacto; Además de la ubicación y localización informática de datos de interés para el logro de los objetivos. Todo esto dentro de la legalidad normativa legal y jurídica, marcada por nuestra actual Legislación vigente en la materia y con el irrestricto respeto de los Derechos Humanos. 

Peritos Forenses Transdisciplinarios - Servicios en Informática

Peritos Forenses Transdisciplinarios ofrece el servicio de comercialización, compra-venta de insumos, consumibles y accesorios de todo tipo de material informático, de computación, de seguridad electrónica y de artículos misceláneos entre otros, así como la prestación de servicios profesionales, científicos y técnicos y de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de cómputo.

Peritos Forenses Transdisciplinarios - Servicios

Peritos Forenses Transdisciplinarios, es una entidad acreditada, con actividad Profesional y Empresarial, que ofrece sus servicios en la República Mexicana, cumpliendo y apegándose en todo momento, a los principios normativos, jurídicos y éticos de las Instituciones, tanto públicas como privadas a las que damos servicio, dedicándonos a la prestación de Servicios Transdisciplinarios, como lo es el Área de Informática y Área de Seguridad; Dichas actividades, declaradas y debidamente registradas dentro del SAT Sistema de Administración Tributaria, dependiente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contando con el registro correspondiente ante dicha dependencia y por consiguiente, nos encontramos en la posibilidad de entregar los comprobantes fiscales correspondiente a la actividad requerida. 

Finder

Se le define a toda aquella persona que tiene como objetivo: Investigar, recopilar, seleccionar, organizar y almacenar información de valor, que ayudará a personas u organizaciones en la toma de decisiones y que es contratada con ese objetivo, a fin de entregar resultados óptimos y objetivos a la brevedad posible. 

Análisis de riesgo informático

El análisis de riesgos informáticos es un proceso que comprende la identificación de activos informáticos, sus vulnerabilidades y amenazas a los que se encuentran expuestos así como su probabilidad de ocurrencia y el impacto de las mismas, a fin de determinar los controles adecuados para aceptar, disminuir, transferir o evitar la ocurrencia del riesgo.

 

Teniendo en cuenta que la explotación de un riesgo causaría daños o pérdidas financieras o administrativas a una empresa u organización, se tiene la necesidad de poder estimar la magnitud del impacto del riesgo a que se encuentra expuesta mediante la aplicación de controles. Dichos controles, para que sean efectivos, deben ser implementados en conjunto formando una arquitectura de seguridad con la finalidad de preservar las propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los recursos objetos de riesgo.

Dictamen en Procesos Administrativos

Proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común: aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con los que cuenta la organización para hacerla efectiva, para sus stakeholders y la sociedad.

Concepto

En primer lugar cabe preguntar ¿qué es proceso?

Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. 

Y ¿qué se entiende por administración?

Administración: Ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través de un esfuerzo humano coordinado. 

Entendido esto, se tiene entonces que:

El proceso administrativo es la herramienta que se aplica en las organizaciones para el logro de sus objetivos y satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales. Si los administradores o gerentes de una organización realizan debidamente su trabajo a través de una eficiente y eficaz gestión, es mucho más probable que la organización alcance sus metas; por lo tanto, se puede decir que el desempeño de los gerentes o administradores se puede medir de acuerdo con el grado en que éstos cumplan con el proceso administrativo. 

Origen

El paradigma del proceso administrativo y de las áreas funcionales fue desarrollado por Henri Fayol (1916). Aunque todavía se discuta si la administración es una ciencia o, por el contrario, es arte, desde una perspectiva funcionalista se afirma que la función básica de la administración, como práctica, es la de seleccionar objetivos apropiados y dirigir a la organización hacia su logro. Lo anterior implica definir la administración como un proceso que, como tal, requiere de la ejecución de una serie de funciones. Fayol describió las actividades administrativas como compuestas por las funciones de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

La prueba pericial de la LEC frente a una futura armonización en Europa. Diferencias con otros sistemas procesales

Ha pasado ya tiempo desde la modificación de nuestra la Ley de Enjuiciamiento Civil, que provocó un cambio extraordinario en la regulación de la prueba pericial. Por de pronto, la noción de perito judicial se transformó radicalmente, de manera que del experto único e casi incontestable en la antigua ley rituaria, se pasó al perito aportado por la parte y con la posibilidad, totalmente admitida por la propia LEC, de evidenciar una contradicción y una crítica de pareceres técnicos. Por tanto, el enfrentamiento pericial, que antes era despreciado y hasta mal visto deontológicamente, se convierte ahora en algo habitual y aceptado en la actuación de cualquier perito forense.

 

Personalmente, me sorprende que nuestro legislador del año 2000 fuera tan atrevido y modificara de raíz la regulación de la prueba pericial civil, decidiendo reducir drásticamente la facultad de control de juez en el iter de la prueba, y trasladando a la parte privada civil la obligación, ex art. 336 LEC (LA LEY 58/2000), de aportar y de decidir de forma casi exclusiva el objeto de la prueba a desarrollar por parte del perito (sin perjuicio de lo que acontecerá en sede de Audiencia Previa), así como designar al experto que la va a elaborar, presentar y defender ante el foro. Es lo yo me he atrevido a llamar como la «privatización» de la prueba pericial en el ámbito judicial de la nueva LEC (LA LEY 58/2000).

 

Una muestra de la falta de control jurisdiccional en la decisión de aportar o no una prueba pericial al proceso civil y sobre el alcance de la misma nos la da el tan comentado art. 429 LEC (LA LEY 58/2000), en el que si el juez aprecia una insuficiencia en la prueba aportada, sólo queda facultado para sugerir a las partes que propongan otras, pero sin quedar autorizado a acordar ex officio aquellas pruebas que él considere pertinentes o necesarias para llegar a una sentencia con el necesario o suficiente fundamento.

 

La sorpresa también me surge al constatar que la regulación de «Dictamen de peritos» de la LEC 2000 (LA LEY 58/2000) se aparta considerablemente de las legislaciones de aquellos países de nuestro entorno europeo que tienen una tradición jurídica similar a la nuestra.

 

Mi reciente participación en el proyecto europeo cofinanciado por la Comisión Europea denominado EUROPEAN GUIDE FOR LEGAL EXPERTISE (EGLE), liderado por el EUROPEAN EXPERTISE AND EXPERT INSTITUTE, y como representante del Consejo General de Peritos judiciales y colaboradores con la Administración de Justicia, proyecto que ha culminado con la publicación de la GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA PERICIA JUDICIAL CIVIL EN LA UNIÓN EUROPEA a finales del pasado año 2015, me dio la oportunidad de tratar con magistrados, abogados, profesores universitarios y peritos de diferentes países europeos. Durante nuestros vivos debates sobre la mejor manera de abordar la cuestión de la prueba pericial y del perito judicial en Europa para elaborar la referida Guía de buenas prácticas, en aras a armonizar, en un futuro no muy lejano, la regulación de esta actividad en Europa, mis colegas europeos se mostraban extrañados al comprobar que la legislación procesal española no otorga al juez civil la posibilidad de controlar la prueba pericial de una manera absoluta y desde el principio, y de que la función del magistrado sometido a la LEC se circunscribe, principalmente, a hacer una valoración en sentencia de la prueba presentada por las partes.

 

Durante estas reuniones europeas también causó perplejidad el escaso número de designas estrictamente judiciales derivadas del art. 339 LEC (LA LEY 58/2000) frente al gran número de dictámenes periciales de designa privada que se aportan por cualquiera de las partes al procedimiento civil. Esta perplejidad se debe a que en las regulaciones procesales de la gran mayoría de países europeos, la prueba pericial sigue estando en manos del juez, que es quien dirige, propone (junto a las partes), dispone, controla, enmienda, rechaza, amplia, disminuye, según considere más útil para el caso concreto, y necesario para obtener la convicción sobre el objeto de la contienda judicial que él debe dirimir.

 

Francia es un buen ejemplo para constatar esta gran diferencia con nuestra regulación adjetiva: en el país vecino, «l’expert de justice» es sinónimo de «l’expert du juge», lo que ya da una idea de cuál es la participación del juez civil en lo que a prueba pericial se refiere.

 

Veamos algunos artículos del Código de procedimiento civil francés para comprobar cuán diferente es nuestro sistema procesal a los de la mayoría de países europeos:

 

Article 3: Le juge veille au bon déroulement de l’instance; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires. El juez vela por el buen desarrollo de la instancia; tiene el poder de establecer los términos y de ordenar las medidas necesarias.

 

Article 10: Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admisibles. El juez tiene el poder de ordenar de oficio todas las medidas de instrucción legalmente admisibles

 

Article 143: «Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible». Los hechos de los que depende la solución del litigio, pueden, a solicitud de las partes o de oficio, ser el objeto de toda medida de instrucción legalmente admisible.

 

Article 144: Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer». Las medidas de institución pueden ser ordenadas, en cualquier caso, en el momento en que el juez no dispone de elementos suficientes para pronunciarse.

 

Article 147: Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce (LA LEY 2500/1978) qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. El juez debe limitar la elección de la medida a lo que se ajusta a la solución del litigio, ajustándose a acordar adoptar lo que es más sencillo o menos oneroso.

 

Article 148: Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d’exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées. El juez podrá conjugar varias medidas de instrucción. Puede, en todo momento o incluso en periodo de ejecución, decidir de unir cualquier otra medida necesaria a las que ya han sido acordadas.

 

Article 149 : Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. El juez puede en todo momento ampliar o restringir la extensión de las medidas prescritas.

 

Ciertamente, cada uno de estos artículos merecería, por sí solos, un comentario extenso si los comparamos con los preceptos homólogos de nuestro sistema procesal. En cualquier caso, la diferencia principal es que en Francia, el juez civil tiene un poder de decisión muchísimo más amplio sobre la prueba pericial que el que se le otorga en nuestra LEC.

 

Teniendo en cuenta que la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea se ha propuesto para los próximos años llevar a cabo una armonización en el ámbito de la prueba pericial en Europa, de manera que un dictamen pericial realizado en España pueda tener capacidad probatoria ante los Tribunales de cualquier país europeo, esta voluntad de acercamiento se prevé inicialmente compleja, dado que la diversidad de legislaciones (a veces incluso contrapuestas, como es el caso de las legislaciones procesales civiles de España y Francia) puede resultar un escollo que exigirá fórmulas creativas para superar esas diferencias, hoy por hoy insalvables.

 

Un ejemplo inventado nos ayudará a entender esta problemática: Un tren que cubre el trayecto Bucarest-Paris descarrilla en Austria provocando 18 muertos y 45 heridos de diferentes nacionalidades. Ese tren transportaba coches fabricados en Bulgaria, que al llegar a París iban a seguir trayecto hasta Birmingham (Gran Bretaña), al haber sido adquiridos por un concesionario de este país. Seguramente, este accidente suscitará la elaboración de dictámenes periciales provocados por las posibles demandas judiciales que se interpongan en los diferentes países afectados, y que establecerán, por ejemplo, las lesiones de los heridos y sus secuelas, las causas técnicas del accidente (un deficiente mantenimiento del tren, de las catenarias, de las vías, una distracción del conductor, un fallo humano, eléctrico o informático, etc), los daños que el accidente ha provocado en los vehículos transportados, en las casas y edificios colindantes a las vías, etc.

 

Ante esta situación, muchas preguntas se plantean: En el caso de que un súbdito español lesionado que viajaba en ese tren decida demandar en España a su compañía de seguros por desacuerdo con el quantum indemnizatorio de su seguro de accidentes, ¿se podrá aportar a ese procedimiento civil español el informe pericial realizado por un perito designado bajo otro sistema procesal (el francés, por ejemplo) que determinaba las circunstancias del accidente? ¿Las pruebas periciales realizadas en el extranjero y siguiendo el procedimiento previsto en Francia van a tener eficacia probatoria plena en España?

 

Y a partir de aquí, surgen en cascada muchísimas otras dudas. Ese perito extranjero europeo que ha elaborado su dictamen ante un juez extranjero, ¿deberá repetir su comparecencia ante el juez civil —en este caso español— para someterse a lo que prescribe el art. 347 LEC (LA LEY 58/2000)? ¿Cómo operaría el juramento de nuestro art. 335.2 LEC (LA LEY 58/2000) referido a la objetividad para un perito extranjero, si no queda indicado en su dictamen? ¿Esto nos lleva a considerar que los dictámenes periciales presentados y emitidos en litigios de países europeos sólo podrán ser considerados como meras documentales «técnicas», sin que lleguen a tener la consideración de «Dictamen de peritos» tal y como exige nuestra LEC? ¿Serán válidos los dictámenes de designa privada aportados por las partes al proceso, cuando en muchos países de Europa, la designa de un perito deriva de la designa del propio tribunal? ¿Cómo se solventa el cumplimiento de los principios de oralidad, inmediación y contradicción que informan nuestro proceso civil, y que en algunos países no se despliegan de la misma manera?

 

No me cabe duda de que estamos ante una ardua a la vez que apasionante tarea, que requerirá aunar esfuerzos y voluntades, empezando, tal vez, por arbitrar un sistema de «prueba pericial europea» que se utilice en asuntos con afectaciones transfronterizas, lo que iría calando poco a poco en todo el espacio europeo, para acabar reconociendo validez en todos los países a aquellas pruebas periciales que provengan del marco europeo.

 

Además, este interesante proyecto de armonización en el ámbito de la prueba pericial judicial, impulsado por la Comisión Europea, pretende regular en los próximos años, el sistema de listas de los peritos que trabajan para los Tribunales, creando un estatuto que glose los derechos y obligaciones que todo experto deberá tener si pretende trabajar en el ámbito jurisdiccional.

 

En este sentido, hay que reconocer que el sistema español de listas de peritos, regulado de manera parca en el art. 341 LEC (LA LEY 58/2000), no ha funcionado correctamente, por lo que entiendo que no debería ser el ejemplo a seguir en una futura regulación europea armonizada. A modo de ejemplo, en Cataluña hay 600 juzgados —aproximadamente— y la lista de peritos dispuestos a ser designados judicialmente ronda los 8.000 inscritos, lo cual resulta una exageración, y demuestra la dificultad en ser designados. Por otro lado, no existe una obligación legal a que el perito judicial se someta a unos controles de calidad en cuanto a su preparación o experiencia, o que demuestre una formación contínua en su especialidad para poder emitir dictámenes. Tan sólo la LEC requiere que el perito posea el título oficial que corresponda a la materia de su dictamen, lo que provoca que las listas se puedan nutrir de titulados sin experiencia y sin conocimientos sobre el proceso, lo que puede llegar a entorpecer la buena marcha del proceso, además de la desconfianza que este sistema de listas puede generar en el justiciable y en los operadores jurídicos que lo utilizan.

 

Una de las posibles soluciones a esta anómala situación de las listas de peritos de designa judicial en España podría ser la organización de cursos sobre pericia judicial en sede universitaria, que acreditaran el conocimiento de aquellas competencias necesarias para actuar como experto ante los Tribunales, lo que podría considerarse como requisito adicional a la titulación ex art. 340 LEC (LA LEY 58/2000) para formar parte de las listas de peritos de designa judicial.

 

Para acabar, indicar que el sistema de listas de peritos de la LEC se encuentra en las antípodas del sistema de listas de peritos judiciales en Francia, en las que un Tribunal creado ad hoc y existente en cada Corte de apelación decide el número de peritos que se precisa para cada área en concreto. Este Tribunal aprueba o rechaza las solicitudes de los peritos, y debe renovarlas cada cinco años, en base al expediente, a la formación y a la preparación del candidato. Huelga decir que para renovar por cinco años más, el Tribunal exige al perito que se haya sometido a una formación continua de su especialidad y sobre cuestiones procesales (se valora especialmente la asistencia a congresos). Los gastos que genera esta formación continua quedan asumidos por la Administración Pública.

 

Rafael Orellana de Castro.

 

Artículo publicado en Diario La Ley, Nº 8788, Sección Tribuna, 22 de Junio de 2016, Ref. D-249, Editorial LA LEY

 

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Fotografía Forense

Es un  procedimiento por el que se consiguen imágenes permanentes sobre superficies sensibilizadas por medio de la acción fotoquímica de la luz o de otras formas de energía radiante.

En la sociedad actual la fotografía desempeña un papel importante como medio de información, como instrumento de la ciencia y la tecnología, como una forma de arte y una afición popular.

En el área forense, los informes periciales en general y en la investigación en particular deben ser comprensibles y fáciles de entender. La fotografía es el mejor elemento de apoyo para el dictamen, las imágenes deben revelar claramente los resultados obtenidos.

Por eso a la Fotografía forense se le llama la “ciencia del pequeño detalle" ya que una  fotografía suple al ojo humano y, por tanto, deben proporcionar la misma visión que se tiene al observar el objeto directamente.

Las fotografías deben cumplir los siguientes requisitos:

Posibilidad de relacionar el objeto con el entorno: fotografías panorámicas.

Visión individual de los objetos o personas estudiados: fotografía individual de los indicios.

Visión de los detalles más pequeños: macro o microfotografía.

Eliminación de sombras o incremento de las mismas en caso necesario, para interpretar nuestra las formas y dimensiones de la muestra fotografiada.

Relación de los parámetros espacio-tiempo. Utilización de testigos métricos y datos correspondientes al hecho.

(Fecha, Av. Previa., expediente, nombre, edad, nombre del fotógrafo)

Posibilidad de obtener imágenes complementarias: fotografías especiales, teleobjetivos, filtros ultravioleta, etc. 

Actualmente se están utilizando cámaras de tecnología digital, que tienden a suplir a las convencionales, sustituyendo la película de celulosa por tarjetas de imagen. 

El fotógrafo forense realiza la secuencia fotográfica y vídeo de todas y cada una de las necropsias del los cadáveres, escenas de crimen, documentos cuestionados, huellas dactilares, record de datos, firmas dubitadas o indubitadas, situaciones especiales e importantes a demostrar o comprobar, reconocimiento de personas, record para tramites laborales, análisis de videos, etc., etc.

En la fijación Fotográfica Forense se debe particularizar  cada caso, sin embargo no se deberán de pasar por alto detalles como son la limpieza y una buena metodología que deje claramente establecidos los pasos a seguir para ilustrar, todo cuanto trate de ilustrarse y demostrarse. 

La grabación de videos se realiza de forma continua mostrando todo el procedimientos.

 

También auxilia a los peritos de Odontología, Antropología y Dactiloscopía en toma de fotografías para ilustrar sus dictámenes.

Grafología

Es el cotejo de las escrituras basado en la medida de los grafismos, en los índices de relación y en las variaciones y constantes que admiten los manuscritos.

La base del sistema  está en medir las alturas y tamaños de las letras, a fin de buscar la relación existente entre todas, esta medida debe caer principalmente sobre:

• Las variaciones minúsculares, 

• Letras  sobresalientes (sobre sus aumentos y decrecimientos),

• Sobre los espacios y longitudes mantenidas,

• Sobre la altura de algunos grafismos

• Y los finales.

En cada prueba debe detallarse exactamente el índice curvímetro, cierre de ganchos, curvas  y al extensión en general de la escritura, a fin de averiguar cada una de las relaciones que estas letras ofrezcan, obtenidos estos datos se busca el promedios que hay de servir como punto de partida para una adecuada comparación y si mide asimismo, el grado de oblicuidad de las líneas distancias conservadas y las letras.

Cada letra considerada en sí tiene un diámetro que viene a servir de eje, que define según su amplitud, al conseguir los ejes de las letras por una parte, y la limitante literal por otra, estas ultimas logradas mediante tangentes trazadas al inicio y al término de cada palabra y de sus gramas componentes , el experto consigue establecer una tabla  que los autores han bautizado con el nombre de “TABLA DE PARALELISMOS GRAMÁTICO” que tienen mucha aplicación en el estudio de escritura disimuladas o imitadas libremente, gracias la proceso de verificación de sus valores angulares, corte o imperfecciones.

Grafometría

Es el cotejo de las escrituras basado en la medida de los grafismos, en los índices de relación y en las variaciones y constantes que admiten los manuscritos.

La base del sistema  está en medir las alturas y tamaños de las letras, a fin de buscar la relación existente entre todas, esta medida debe caer principalmente sobre:

• Las variaciones minúsculares, 

• Letras  sobresalientes (sobre sus aumentos y decrecimientos),

• Sobre los espacios y longitudes mantenidas,

• Sobre la altura de algunos grafismos

• Y los finales.

En cada prueba debe detallarse exactamente el índice curvímetro, cierre de ganchos, curvas  y al extensión en general de la escritura, a fin de averiguar cada una de las relaciones que estas letras ofrezcan, obtenidos estos datos se busca el promedios que hay de servir como punto de partida para una adecuada comparación y si mide asimismo, el grado de oblicuidad de las líneas distancias conservadas y las letras.

Cada letra considerada en sí tiene un diámetro que viene a servir de eje, que define según su amplitud, al conseguir los ejes de las letras por una parte, y la limitante literal por otra, estas ultimas logradas mediante tangentes trazadas al inicio y al término de cada palabra y de sus gramas componentes , el experto consigue establecer una tabla  que los autores han bautizado con el nombre de “TABLA DE PARALELISMOS GRAMATICO” que tienen mucha aplicación en el estudio de escritura disimuladas o imitadas libremente, gracias la proceso de verificación de sus valores angulares, corte o imperfecciones.

Documentoscopía

Peritos Forenses Transdisciplinarios, es una entidad que ofrece sus servicios en el Distrito Federal, Morelos, Puebla, Estado de México y demás estados circunvecinos, dedicada a la coadyuvancia dentro de los procesos legales, para lograr acercarse lo más real y apegado a la verdad histórica y procesal de cada caso, proporcionado y colocando al alcance del impartidor de justicia y de usted, la pericia forense metodológica, más amplia y basta a nuestro leal y saber entender, en las diferentes ramas forenses de Grafoscopía, Documentoscopía y Dactiloscopía, cumpliendo y apegándose en todo momento, a los principios normativos, jurídicos y éticos.

Dactiloscopía

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Grafoscopía

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Servicios

Peritos Forenses Transdisciplinarios, es una entidad que ofrece sus servicios en el Distrito Federal, Morelos, Puebla, Estado de México y demás estados circunvecinos, dedicada a la coadyuvancia dentro de los procesos legales, para lograr acercarse lo más real y apegado a la verdad histórica y procesal de cada caso, proporcionado y colocando al alcance del impartidor de justicia y de usted, la pericia forense metodológica, más amplia y basta a nuestro leal y saber entender, en las diferentes ramas forenses de Grafoscopía, Documentoscopía y Dactiloscopía, cumpliendo y apegándose en todo momento, a los principios normativos, jurídicos y éticos.

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Peritos Forenses Transdisciplinarios, es una entidad que ofrece sus servicios en el Distrito Federal, Morelos, Puebla, Estado de México y demás estados circunvecinos, dedicada a la coadyuvancia dentro de los procesos legales, para lograr acercarse lo más real y apegado a la verdad histórica y procesal de cada caso, proporcionado y colocando al alcance del impartidor de justicia y de usted, la pericia forense metodológica, más amplia y basta a nuestro leal y saber entender, en las diferentes ramas forenses de Grafoscopía, Documentoscopía y Dactiloscopía, cumpliendo y apegándose en todo momento, a los principios normativos, jurídicos y éticos.

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