CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2008-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CTO.

21250

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, página 470.

Segunda Sala

 

CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2008-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

 

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.

 

CONSIDERANDO:

 

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se refiere a la posible contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver los asuntos, que si bien tratan un tema de materia común, las resoluciones respectivas se dictaron dentro de procedimientos administrativos, cuya materia corresponde a la especialización de esta Segunda Sala.

 

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dictó una de las resoluciones que participan en la presente contradicción.

 

TERCERO. Con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la referida divergencia de criterios denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presente los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados que los motivaron, por lo que a continuación se transcriben.

 

La parte considerativa de la sentencia dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de queja QA. 77/2008, promovido por ********** en lo que aquí interesa, es del texto siguiente:

 

"Ahora, se estudian en forma conjunta los dos agravios del recurso, por estar estrechamente vinculados, en los que se aduce: Que la resolución que se recurre es ilegal, ya que es violatoria de lo dispuesto por los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 79 y 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley mencionada; toda vez que la adición al cuestionario sobre el cual versa la prueba pericial contable, no tiene relación inmediata con la litis planteada y pretende acreditar determinadas situaciones particulares de la parte quejosa que por ningún motivo inciden en la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Que las preguntas del cuestionario que pretende adicionar la autoridad responsable, no guardan relación alguna con el interés jurídico de la quejosa para solicitar el amparo, extremo por el que ésta ofreció la prueba pericial; lo anterior es así, ya que la litis del juicio constitucional consiste en determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto legislativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de noviembre de dos mil siete. Que como en dicho cuestionario se adicionan cuestionamientos que no inciden en el estudio de constitucionalidad que se propone, como lo es el índice de rotación de inventarios o su política para la reposición de los activos, lo procedente era que la a quo desestimara de plano las mismas. Que la finalidad de la delegada de las autoridades responsables es dilatar el procedimiento al pretender que los peritos contables en el juicio se ocupen de estrategias y políticas contables de cada quejosa y no así de las generalidades de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, cuya constitucionalidad o inconstitucionalidad se pretende probar. Que en el oficio por el que la delegada de las autoridades responsables pretende adicionar preguntas al cuestionario sobre el cual debe versar la prueba pericial contable, no se establecen los extremos o circunstancias que se pretenden acreditar con dichas preguntas. Que las autoridades responsables al pretender acreditar extremos distintos a aquellos por los cuales se ofreció la probanza que nos ocupa, lo procedente era que ofreciera otra prueba pericial contable dentro del término legal y no adicionar el cuestionario correspondiente, por lo que si no lo hizo así precluyó su derecho. Se considera que no le asiste la razón a las recurrentes por las siguientes razones: En el cuestionario propuesto por la parte quejosa, formuló veinticuatro preguntas, divididas en siete rubros denominados: ‘ingresos gravados’, ‘intereses’, ‘regalías’, ‘sueldos y salarios’, ‘erogaciones distintas de las inversiones hasta el 31 de diciembre de 2007’, ‘inversiones’ y ‘pérdidas fiscales.’. Las preguntas, en esencia, se dirigen a determinar si las empresas enajenaron bienes, prestaron servicios independientes u otorgaron el uso o goce temporal de bienes, conforme al artículo 1o. de la ley reclamada, en enero y febrero de dos mil ocho; si cobraron efectivamente la contraprestación pactada por la realización de las actividades; si esas cantidades fueron consideradas ingreso acumulable al momento de determinar el pago provisional del impuesto. Si en el mes de enero o febrero de dos mil ocho se realizó el pago de intereses devengados con motivo de deudas contratadas hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil siete; a quién se realizaron; si se consideraron como partida deducible los intereses pagados. Si las cantidades entregadas por algunas de las quejosas a sus trabajadores por concepto de sueldos, salarios y demás prestaciones derivadas de una relación laboral fueron consideradas como un concepto deducible para efectos del impuesto reclamado; si incluyeron aquellas erogaciones efectuadas a favor de sus trabajadores que resultaron ingresos exentos para ellos. Si por lo que toca a algunas de las empresas quejosas, adquirieron bienes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil siete que no hayan sido considerados como inversiones para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que tenían que continuar utilizando para realizar las actividades a que se refiere el artículo 1o. de la ley reclamada; si para el pago del impuesto controvertido se dedujeron de los ingresos las erogaciones realizadas por la adquisición de bienes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil siete, que no se hayan considerado como inversiones para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta; si en enero de dos mil ocho se obtuvieron ingresos efectivamente pagados por la enajenación de bienes adquiridos con antelación al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, que no se hayan considerado como inversiones para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta; si se acreditó el impuesto en la parte que corresponde al seis por ciento del saldo por deducir en términos del decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única. Si al uno de enero de dos mil ocho, algunas de las empresas quejosas cuentan con inversiones que hayan adquirido con anterioridad a este año y que ya hubieran sido completamente depreciadas; si existen inversiones pendientes de depreciar; si cuentan con inversiones efectuadas antes del uno de enero de dos mil ocho y, en su caso, el saldo pendiente por depreciar al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; si cuentan con inversiones efectuadas con anterioridad a dos mil ocho pendientes de depreciar a esa fecha; si son propietarias de bienes deducidos inmediatamente y si existe saldo pendiente por depreciar. Por su parte, en el oficio de ampliación del cuestionario elaborado por la delegada de las autoridades responsables, esencialmente se realizaran las siguientes preguntas: (se transcribe). Ahora bien, la prueba pericial en materia de contabilidad se refiere a una ciencia en la cual la juzgadora no es docto. La contabilidad es una técnica que sistemática y estructuralmente produce información cuantitativa expresada en unidades monetarias, sobre las situaciones económicas identificables y cuantificables que realiza una entidad, lo cual se logra a través de un proceso de captación de las operaciones que cronológicamente mida, clasifique, registre y resuma con claridad. La contabilidad se avoca a la captación de las operaciones efectuadas por una entidad, las cuales son analizadas, clasificadas y registradas, a fin de producir información, por lo que es un registro histórico. Por ende, si en el caso las quejosas controvierten la constitucionalidad de los artículos 2o., 3o., fracción I, tercero, cuarto y quinto párrafos, 3o., fracción II, 5o., fracción I y II, 6o., fracción I y III, 8o., primero, segundo, quinto, penúltimo y último párrafos, 9o. y 10, primero, segundo, tercero, quinto, penúltimo y último párrafos, artículos quinto, sexto y noveno transitorios de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, así como el decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única expedido por el Ejecutivo el uno de noviembre de dos mil siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre del año en cita, y por su parte, la prueba pericial originalmente ofrecida por la quejosa así como la ampliación del cuestionario se dirigen a verificar sustancialmente si las normas reclamadas causan afectación al interés jurídico de las quejosas, entonces se considera que lo resuelto por la a quo, es acertado al admitir la ampliación del cuestionario, ya que tiene relación inmediata con los hechos controvertidos, por lo que es procedente admitirla con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo y 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. No debe perderse de vista que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, corresponde a las quejosas demostrar los hechos constitutivos de su acción y a las autoridades demandadas sus excepciones, por lo cual, de no admitirse la ampliación del cuestionario se rompería con la igualdad procesal de las partes. En consecuencia, al no existir elementos que puedan determinar que no debía admitirse la ampliación del cuestionario de la prueba pericial, entonces, resultó correcta la determinación de la Juez. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia cuya observancia resulta obligatoria para los Juzgados de Distrito como para este Tribunal Colegiado, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, P./J. 41/2001, abril de 2001, página 157, que a la letra dispone: ‘PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). En ese contexto, no asiste razón a la recurrente cuando en sus agravios aduce, en concreto, que la juzgadora no debió admitir la adición propuesta por la autoridad recurrente, por no tener relación con la litis constitucional ni con las preguntas formuladas por la quejosa al ofrecer la prueba pericial contable. Esto es así, pues si bien la juzgadora está en aptitud de desechar una prueba cuando queda claramente evidenciado su no idoneidad, también lo es que, ante la duda de ello, debe admitirse, y en su caso, al efectuarse la valoración, entonces, determinar la idoneidad de la misma. Por otra parte, resulta también incorrecto lo aseverado por la recurrente en cuanto señala que, en todo caso, la responsable debió ofrecer otra pericial contable. La ineficacia de dicho agravio estriba en que, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, la autoridad responsable no debió proponer una diversa prueba pericial para formular las preguntas que efectuó en adición. Lo anterior se estima así, ya que los numerales que regulan la prueba pericial no hacen esa limitación, sino por el contrario, del artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que la parte contraria del oferente puede adicionar las preguntas que estime necesarias. En efecto, el citado artículo 146 del citado ordenamiento legal otorga expresamente el derecho a las partes de adicionar dicha probanza, según se desprende de su transcripción: (se transcribe). Como puede advertirse, el precepto transcrito contempla expresamente la facultad a las partes distintas del oferente de la prueba pericial de adicionar el cuestionario exhibido al efecto, esto es, puede ampliar la materia en que se rinde la probanza, sin limitarla a que las preguntas tengan que estar en relación directa con las propuestas por la oferente de la prueba. En ese sentido, dicho precepto de ninguna manera constriñe a que la adición tenga relación directa con las preguntas, sino, como se indicó, el numeral en cita, otorga el derecho a las demás partes para que adicione el cuestionario con lo que les interese, y si en el caso la quejosa pretende demostrar que los artículos que tacha de inconstitucionales le afectan en su esfera jurídica, lógico es que la autoridad intente demostrar lo contrario. Así es, no resulta jurídico lo argumentado por la recurrente, pues con tales manifestaciones pretende que la prueba pericial se circunscriba a los lineamientos y medios de convicción por ella aportados, lo que resulta contrario a la naturaleza de tal probanza, pues dicho medio de convicción tiene por objeto que todas las partes, no sólo la oferente, a través de un dictamen rendido por un especialista en determinada materia, aporten los elementos suficientes que creen convicción en el juzgador respecto de aspectos técnicos o científicos, que debido a su complejidad no se alcancen a comprender, de ahí que limitar tal análisis a una de las partes, resulta violatorio del principio de igualdad procesal. En ese sentido, es inexacto lo manifestado por la recurrente, puesto que lo que pretende es que la prueba pericial se desahogue sólo en los términos por ella propuestos. De ahí que se consideren infundados los argumentos de inconformidad. Cabe señalar que no se desconoce los diversos criterios sustentados por el Sexto y Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver, respectivamente, el recurso de queja QA. 57/2008, de once de junio de dos mil ocho y QA. 32/2008, de cuatro de junio de dos mil ocho, que resuelven en sentido contrario a lo determinado por este Tribunal Colegiado, sin embargo, atendiendo a las razones expuestas en este fallo, es que no se comparten los criterios sustentados en los mismos. Así las cosas, lo procedente es declarar infundada la queja."

 

Asimismo, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de queja QA. 57/2008, interpuesto por ********** en lo que aquí interesa, adujo lo siguiente:

 

"Previo al análisis de los agravios de la recurrente, resulta necesario resaltar las siguientes consideraciones: En primer lugar, debe precisarse que la parte recurrente funda el presente recurso en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: (se transcribe). De la anterior transcripción se infiere que el legislador estableció para la procedencia del recurso de queja, en la hipótesis de mérito (con base en la premisa principal consistente en que las resoluciones impugnables no admitan expresamente el diverso de revisión en términos del artículo 83 de la ley de la materia, y con objeto de garantizar la expedités del juicio), la manera de evitar que dicho medio de impugnación fuera utilizado en forma desmedida y con la única finalidad de retrasar innecesariamente su desarrollo; es por ello que, en forma especial, lo sujetó al requisito consistente en que con la resolución dictada por el Juez de Distrito pudiera causarse un daño o perjuicio que fuere de imposible reparación, aun en el dictado de la sentencia definitiva. En esa tesitura, la materia del recurso de queja excepcional a que se refiere el numeral 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, en que se apoya la recurrente, se contrae a determinar, en la especie, si con la determinación del juzgador, en la que tuvo a la delegada de la autoridad responsable, presidente de la República y subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, formulando adición al cuestionario de la prueba pericial en materia de contabilidad, es factible o no que se cause daño o perjuicio a la inconforme, que sea de imposible reparación, aun en el dictado del fallo definitivo. Ahora bien, el supuesto precisado se acredita, toda vez que se requiere que la resolución recurrida sea tal que, por su naturaleza trascendental y grave, pueda causar daño o perjuicio grave a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, extremos que se reúnen, toda vez que el auto recurrido en queja, en la parte controvertida, se refiere a la determinación de tener por adicionado el cuestionario de la prueba pericial en contabilidad ofrecida por la quejosa, por lo que tal determinación tiene las características de trascendental y grave, y puede causar daño o perjuicio no reparables en la sentencia definitiva con que culmine el juicio. Esto es así, porque la circunstancia de que el Juez de Distrito haya estimado tener por adicionado el cuestionario a la prueba pericial contable, sin analizar previamente si la adición cumple con los principios de idoneidad y pertinencia, esto es, que tenga relación inmediata con los hechos controvertidos y que sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, es decir, que tal adición del cuestionario propuesto tenga relación con la litis propuesta, que se traduce en la aplicación en perjuicio o no de la quejosa, de las disposiciones tildadas de inconstitucionales, por tanto, la determinación del a quo le causa a la recurrente un perjuicio grave que no es reparable en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio, por lo que en tales condiciones se estima que se dan, en la especie, las características de trascendental y grave. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 74/2001, publicada en la página seis, Tomo XIII, junio de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y que es del tenor siguiente: ‘PRUEBAS OFRECIDAS O ANUNCIADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL AUTO DE LOS JUECES DE DISTRITO POR EL QUE ORDENAN SU PREPARACIÓN Y DESAHOGO, EXCEPCIONALMENTE ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA, SIEMPRE Y CUANDO PUEDAN CAUSAR UN DAÑO O PERJUICIO TRASCENDENTE, GRAVE Y DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA; LO QUE EN CADA CASO DEBERÁ DETERMINAR EL TRIBUNAL COLEGIADO COMPETENTE.’ (se transcribe). De la jurisprudencia transcrita se desprende, como antes se dijo, que para la procedencia del recurso de queja en análisis, se requiere la satisfacción de los extremos consistentes en que, atendiendo al caso específico, la resolución ordenadora de preparación y desahogo de pruebas legales y conducentes, sea de naturaleza trascendental y grave, que pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, de imposible reparación, incluso, en la determinación final del juicio de garantías promovido en la vía indirecta. Requisitos que, como ya se dijo, este Tribunal Colegiado estima se satisfacen en el caso particular, toda vez que el acuerdo cuya legalidad se discute, de veinticuatro de abril de dos mil ocho, se considera como uno de los que puedan, por su naturaleza trascendental y grave, causar un daño o perjuicio no reparable en el fallo definitivo. Ahora bien, en los agravios, la recurrente aduce esencialmente lo siguiente. Que el acuerdo recurrido resulta violatorio de lo dispuesto por los artículos 150 y 151 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con lo dispuesto por el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley antes mencionada, ya que la ampliación al cuestionario por la responsable, no cumple con los principios de pertinencia e idoneidad, es decir, no tiene una relación inmediata con los hechos controvertidos, en tanto que no guarda relación con la litis del juicio, pues con aquélla lo que se pretende acreditar son determinadas situaciones particulares de la quejosa, que no inciden en la constitucionalidad de los actos reclamados. Sostiene que las preguntas formuladas en la ampliación al cuestionario, no guardan relación alguna con el interés jurídico para acudir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal (extremo por el cual la parte quejosa ofreció la prueba pericial contable); además, se enfocan en demostrar particularidades de las quejosas que no inciden en el estudio de constitucionalidad que se propone, como lo es el índice de rotación de inventarios o su política para la reposición de los activos. Que la adición al cuestionario sobre el cual debe versar la prueba pericial contable, esto es, las preguntas formuladas no son idóneas para acreditar los extremos que se pretende, por lo que estima incorrecto que se tuvieran por adicionadas las preguntas propuestas por la responsable, pues el Juez de Distrito no tenía elementos para determinar si dichas preguntas tienen o no relación con la litis constitucional o, en su caso, si son el medio idóneo para acreditar determinados hechos. Son esencialmente fundados los agravios de la recurrente. En principio, para estar en condiciones de resolver este asunto, es necesario tener presente que las peticionarias del amparo reclamaron la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, específicamente, los artículos 2o., 3o., fracción II, 5o., fracción I, 6o., fracciones I y III, 8o., primero, segundo, quinto, penúltimo y último párrafos, 9o. y 10, primero, segundo, tercero, quinto, penúltimo y último párrafos, quinto, sexto y noveno transitorios. Ahora bien, conforme a los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, así como 79 y 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria al juicio de garantías por disposición del segundo párrafo del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto es admisible cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho. En este sentido, tratándose de la prueba pericial, el derecho a adicionar el cuestionario sobre el cual se desahogará no es pleno, sino que deben cumplirse ciertos requisitos, entre los que se encuentra la relación inmediata que debe tener con los hechos controvertidos, conforme al principio de idoneidad de la prueba, regulado por el mencionado artículo 79, de tal modo que si las preguntas adicionales no guardan relación con la litis o los hechos que se pretende probar con dicho medio de convicción, no se satisface ese requisito y el ofrecimiento que se haga es ilegal, ante lo cual el Juez, desde su anuncio, debe desechar la referida adición al cuestionario para los peritos. De lo anterior se desprende que para que proceda la admisión de las adiciones formuladas al cuestionario, propuestas por la contraparte de la oferente, es necesario que tales cuestiones tengan relación o estén vinculadas con el hecho que la parte que ofreció la probanza pretende demostrar, y en caso de no ser así, deben desecharse, pues todo medio de prueba que no conduce directamente a justificar los hechos puestos en el litigio, debe ser desechado o desestimado por el juzgador, ya que todo el proceso debe guardar congruencia y relacionarse con los hechos controvertidos según la realidad o la fijación formal de la litis. Luego, el Juez de Distrito debe decidir si las preguntas que se contienen en la adición al cuestionario guardan o no relación con el presentado por la parte quejosa, ya que el derecho que tienen las partes para formular repreguntas en cuanto a la prueba pericial admitida, de conformidad con el artículo 151, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con los cuestionamientos que la parte oferente hubiera formulado, deben ser en función de lo que se pretende acreditar, sin introducir cuestiones ajenas a lo que es materia de dicha prueba, para que así no deje en total estado de indefensión a alguna de las partes, y, por ende, un agravio irreparable. Una vez asentadas las anteriores premisas, resulta necesario tener presente el contenido del escrito presentado ante el juzgado del conocimiento, el siete de abril de dos mil ocho, por el cual las quejosas anunciaron la prueba pericial en materia contable, de donde se advierte que dicha prueba se ofreció para acreditar lo siguiente: a) Que la quejosa ********** en el mes de enero de 2008, realizó el pago de intereses devengados en 2008. b) Que la quejosa ********** realizó el pago de intereses en el mes de enero de 2008, devengados en ese año, con motivo de deudas contratadas hasta el 31 de diciembre de 2007. c) Que la quejosa ********** pagó intereses devengados en 2008, en el mes de enero del mismo año, a instituciones de crédito, instituciones de seguros, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, casas de bolsa, uniones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple que se consideren como integrantes del sistema financiero en los términos del artículo 8o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a personas cuya actividad exclusiva es la intermediación financiera en términos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única o aquellas que realizan operaciones de cobranza de cartera crediticia. d) Que la quejosa ********** para la determinación del cálculo del impuesto empresarial a tasa única correspondiente al mes de enero de 2008, según corresponda, no dedujo los intereses pagados en dichos meses. e) Que las quejosas ********** al momento de presentar la declaración correspondiente al mes de enero de 2008, no consideraron como deducible para efectos del impuesto empresarial a tasa única, las erogaciones que efectuaron a favor de sus trabajadores por concepto de sueldos, salarios y demás prestaciones derivadas de una relación laboral. f) Que las quejosas ********** al momento de presentar la declaración correspondiente al mes de enero de 2008, al determinar el crédito de sueldos, salarios y demás prestaciones derivadas de una relación laboral y aportaciones de seguridad social previsto en los artículos 8o. y 10 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única no incluyeron aquellas erogaciones efectuadas a favor de sus trabajadores que resultaron ingresos exentos para estos últimos. Con lo anterior las quejosas pretenden acreditar que las disposiciones legales reclamadas, impiden conocer para efectos del impuesto empresarial a tasa única, la totalidad de las erogaciones efectuadas por la parte quejosa por concepto de sueldos, salarios y demás prestaciones derivadas de una relación laboral. g) Que las cantidades que las quejosas ********** entregaron a sus trabajadores por concepto de subsidio al empleo y que acreditaron contra el impuesto sobre la renta a su cargo, no fueron consideradas como impuesto sobre la renta efectivamente pagado para efectos del acreditamiento de éste contra el impuesto empresarial a tasa única en la declaración del pago provisional del mes de enero de 2008. Con lo anterior las quejosas pretenden acreditar que las disposiciones legales reclamadas, restringen a los contribuyentes el derecho de acreditamiento del impuesto sobre la renta que se hubiera cubierto con acreditamientos o reducciones, como ocurre en el caso del subsidio al empleo, aun cuando dicho acreditamiento se hubiere realizado en los términos previstos en las disposiciones fiscales aplicables. h) Que las quejosas ********** y ********** adquirieron bienes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil siete que no se hayan considerado como inversiones para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los cuales seguían teniendo a la entrada en vigor de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y que utilizan para realizar las actividades a que se refiere el artículo 1o. de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. i) Que las quejosas ********** obtuvieron ingresos efectivamente pagados en el mes de enero de 2008 por la enajenación de bienes que hayan sido producto de las adquisiciones de bienes realizada hasta el 31 de diciembre de 2007 que no se hayan considerado como inversiones para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. j) Que en el pago provisional de impuesto empresarial a tasa única del mes de enero de 2008, las quejosas señaladas en el inciso anterior no dedujeron el monto de las erogaciones por la adquisición de bienes hasta el 31 de diciembre de 2007 que no se hayan considerado como inversiones para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o bien, que sólo acreditaron el impuesto en la parte que corresponde al 6% del saldo por deducir en términos del ‘Decreto por el que se cargan diversos beneficios fiscales en materia de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2007. k) Si a la entrada en vigor de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, las quejosas ********** cuentan con inversiones efectuadas con anterioridad al 1o. de enero de 2008. l) Que las quejosas ********** cuentan con un saldo pendiente por depreciar al 31 de diciembre de 2007, respecto de las erogaciones efectuadas para adquirir inversiones (activos fijos, gastos, cargos diferidos y operaciones en un periodo preoperativo) con anterioridad a 2008. m) Si a la entrada en vigor de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, las quejosas ********** son propietarias de bienes respecto de los cuales efectuaron la deducción inmediata para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, en caso afirmativo, si las quejosas contarían con un saldo pendiente por apreciar en caso de no haber efectuado dicha deducción inmediata. n) Que en la declaración de pago provisional que constituyó el acto concreto de aplicación, las quejosas ********** no efectuaron la deducción del saldo pendiente por depreciar de las inversiones realizadas con anterioridad a 2008. o) Que las quejosas ********** contaban con pérdidas fiscales pendientes de ser amortizadas al 31 de diciembre de 2007, en términos del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las cuales no fueron utilizadas en el pago provisional del impuesto empresarial a tasa única correspondiente al mes de enero de 2008. Esto es, las peticionarias ofrecieron la prueba pericial en comento, con el fin de acreditar que al momento de hacer el cálculo del pago provisional del impuesto empresarial a tasa única, que constituyó el primer acto concreto de aplicación, efectivamente se situaron en los supuestos contenidos en las disposiciones tildadas de inconstitucionales, esto es, ofrecieron dicha prueba para acreditar su interés jurídico. Por su parte, la autoridad responsable propuso adición al cuestionario sobre el cual versará la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida por la parte quejosa, en los siguientes términos: (se transcribe). Asimismo, a través del oficio por el que la autoridad responsable propuso adicionar el cuestionario sobre el que versará la prueba pericial contable ofrecida por la quejosa, manifestó, esencialmente, lo siguiente: (se transcribe). De dicha transcripción se advierte que la autoridad responsable al ofrecer la adición al interrogatorio de que se trata, no manifestó el motivo de la adición, esto es, no indicó qué extremos son los que pretende probar con las preguntas formuladas, lo cual se estima de suma importancia, para que así el Juez del conocimiento esté en aptitud de analizar la pertinencia o idoneidad de las preguntas adicionales contenidas en el interrogatorio en cita, al no saber ni indiciariamente qué se pretende lograr con dicha adición. Precisado lo anterior, debe decirse que asiste, entonces, razón a la parte recurrente cuando aduce que el proveído que recurre le causa agravio, pues ciertamente, el Juez Federal del conocimiento tuvo por adicionado el interrogatorio exhibido por la autoridad responsable para el desahogo de la prueba pericial contable que ofreció la quejosa, sin analizar previamente la pertinencia o idoneidad de las preguntas adicionales contenidas en el interrogatorio en cita, y de ahí lo fundado del argumento sujeto a estudio. En tal virtud, procede declarar fundado el presente medio de impugnación, toda vez que resulta contrario a derecho que se haya tenido por admitida la adición al cuestionario sobre el cual versará el desahogo de la prueba pericial contable ofrecida por la parte quejosa, sin pronunciarse previamente respecto de su idoneidad, por lo que deberá quedar insubsistente el acuerdo recurrido y, en su lugar, razonadamente deberá establecerse la pertinencia o no de la ampliación del cuestionario, y con base en ello se admita o deseche. Lo anterior de conformidad con el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y la jurisprudencia XVII. J/2, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 1486, que a continuación se transcribe: ‘PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. DEBE DESECHARSE LA ADICIÓN AL CUESTIONARIO CONFORME AL CUAL SE DESAHOGARÁ AQUÉLLA SI NO GUARDA RELACIÓN CON LA LITIS O LOS HECHOS CONTROVERTIDOS, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE IDONEIDAD.’ (se transcribe)-Igualmente es aplicable al caso la jurisprudencia IV.1o.A. J/12, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 2419, que dice: ‘PRUEBA PERICIAL CONTABLE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EN LA AMPLIACIÓN AL CUESTIONARIO SOBRE EL CUAL SE DESAHOGARÁ LA OFRECIDA POR LA QUEJOSA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VIGILAR QUE LAS PREGUNTAS GUARDEN RELACIÓN DIRECTA CON LA LITIS Y CON LOS CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS POR LA OFERENTE.’ (se transcribe). ... En las relatadas condiciones, ante la eficacia jurídica de los agravios, lo que procede es declarar fundado el recurso de queja."

 

Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el recurso de queja QA. 32/2008, interpuesto por ********** en lo que aquí interesa, adujo lo siguiente:

 

"SÉPTIMO. Los argumentos que hacen valer las inconformes en los agravios vertidos son sustancialmente fundados, por las consideraciones legales siguientes: Las recurrentes señalan en el primero, en esencia, que el acuerdo recurrido es ilegal, porque trasgrede lo dispuesto por los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 79 y 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, debido a que al admitir una prueba, el juzgador debe analizar que la misma tenga relación inmediata con los hechos que se pretende demostrar; por lo que si la parte quejosa ofreció la prueba pericial para acreditar su interés jurídico para acudir al juicio de origen y, en particular, para acreditar que se aplicaron en perjuicio de las empresas promoventes las disposiciones tildadas de inconstitucionales referentes al pago provisional del impuesto empresarial a tasa única; en ese sentido, arguye que la ampliación al cuestionario a que tiene derecho la autoridad administrativa, debe guardar relación inmediata con la finalidad de la pericial ofrecida. Agregan las inconformes que las preguntas que pretende adicionar la autoridad administrativa no guardan ninguna relación con el acreditar o no el interés jurídico para acudir al juicio de amparo y tampoco establece los extremos que pretende probar; sino que estima que están dirigidas a acreditar situaciones particulares que no tienen que ver con la litis planteada, al introducir aspectos como el índice de rotación de inventarios, la política para la reposición de los activos y el impuesto sobre la renta diferido, es decir, se ocupan de estrategias y políticas contables de las quejosas; siendo que para demostrar la inconstitucionalidad de leyes deben de tomarse en cuenta razonamientos estructurados sobre circunstancias generales y no deberá hacerse depender de las situaciones particulares de los quejosos; por lo que arguye que la finalidad de dicha ampliación es retardar el procedimiento. Siguen alegando las recurrentes que en la adición al cuestionario que presentaron las autoridades administrativas, la juzgadora, previo a tener por adicionadas las preguntas formuladas, debió calificar su idoneidad y pertinencia, pues las oferentes no se refieren a aspectos relacionados con la litis planteada en el juicio de amparo. Además, en forma medular en el agravio segundo las inconformes refieren que las preguntas formuladas por las autoridades responsables, al tener un objeto y alcance diferente al de la prueba pericial ofrecida por las hoy recurrentes, debieron ser materia de una diversa prueba pericial, asimismo, esgrime que las responsables pretenden subsanar en el juicio dicha omisión, valiéndose de las pruebas ofrecidas por su contraparte, pues atendiendo lo dispuesto por los artículos 81 y 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 151 de la Ley de Amparo, se infiere que la facultad de adicionar preguntas en el desahogo de una prueba pericial se encuentra limitada al objeto y alcance de la prueba pericial ofrecida, a lo cual se limitan las cuestiones hechas valer por el adicionante y en caso de que pretenda cuestiones diversas deberá ofrecer las pruebas necesarias para acreditar sus afirmaciones. En primer término, a fin de dilucidar el tema planteado cabe precisar que los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, 79 y 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establecen lo siguiente: (se transcribe). Deriva de los preceptos transcritos, que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho; éstas deben estar reconocidas por la ley y tener relación inmediata con los hechos controvertidos, ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, a excepción de la documental que puede presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella y la tenga como recibida durante dicha audiencia; en el caso de las pruebas testimonial, pericial e inspección ocular, para su debida preparación, deben anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, exhibiendo el interrogatorio y el cuestionario para el desahogo de las dos primeras, y precisando los puntos sobre los que deberá versar la última. Lo anterior se traduce en que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier prueba que esté reconocida por la ley y tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, lo que constituye una regla lógica que cabe aplicar supletoriamente en el juicio de amparo porque en éste, existiendo sistema probatorio, no aparece el principio de pertinencia o idoneidad de la prueba, ya que el artículo 150 de la Ley de Amparo, solamente se refiere a los medios o instrumentos de prueba. En apoyo al razonamiento que antecede, se invoca la tesis de jurisprudencia P./J. 41/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo

XIII, abril de 2001, Novena Época, que señala: ‘PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). En ese contexto, de las constancias que integran el juicio de origen, a las que se otorga valor probatorio conforme a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o., se desprende lo siguiente: Las empresas quejosas señalaron como actos reclamados a los siguientes: (se transcribe). El uno de abril de dos mil ocho, el autorizado de la parte quejosa presentó un escrito en el que anunció la prueba pericial en materia contable a cargo del contador público Salvador Aguilar Carmona, así como el cuestionario respectivo, en relación con diversos aspectos relacionados con los ingresos gravados, intereses, regalías, sueldos y salarios, erogaciones distintas de las inversiones hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil siete, inversiones y perdidas fiscales, con el fin de acreditar, entre otras situaciones, que las disposiciones legales reclamadas: Impiden reconocer, para efectos del impuesto empresarial a tasa única, la totalidad de las erogaciones efectuadas por la quejosa por concepto de sueldos, salarios y demás prestaciones de una relación laboral. Restringen a los contribuyentes el derecho del acreditamiento del impuesto sobre la renta que se hubiera cubierto con acreditamientos o reducciones, como ocurre en el caso del subsidio al empleo, aun cuando dicho requerimiento se hubiere realizado en los términos previstos en las disposiciones fiscales aplicables. Así, la Juez de Amparo en proveído de tres de abril de dos mil ocho, tuvo por anunciada en tiempo y forma la prueba pericial contable en comento y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 146 y 151 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, admitió la probanza en sus términos; al efecto, ordenó correr traslado a las partes con el cuestionario propuesto para que en su caso, lo adicionaran con lo que a sus intereses conviniera y de considerarlo procedente designaran perito de su parte, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo dentro del término de cinco días se les tendría por conformes con el dictamen que en su momento rindiera el perito oficial que nombrara el juzgado, dictando las providencias necesarias a fin de que el perito ofrecido aceptara y protestara el cargo conferido. Por su parte, la autoridad responsable denominada subprocurador Fiscal Federal de Amparos, firmando en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, en representación de este último y del presidente de la República, presentó el cuestionario que proponía como adición al ofrecido por la parte quejosa en relación con el dictamen en materia de contabilidad, en el cual constan las preguntas siguientes: (se transcribe). En ese tenor, y atento a los razonamientos asentados con antelación, este Tribunal Colegiado considera que, previo a establecer si procede o no la adición al cuestionario formulado por la solicitante de garantías respecto de la prueba pericial contable ofrecida en el juicio de amparo, la Juez de Distrito debió calificar la idoneidad y pertinencia de las preguntas a contestar con el cuestionario propuesto por la autoridad administrativa, y no simplemente, tener por adicionado el cuestionario respectivo, sin analizar si guardan relación con la litis del juicio de garantías. En la inteligencia de que tal calificación le corresponde realizarla la Juez de Distrito, pues en el recurso de queja este Tribunal Colegiado no asume jurisdicción; en consecuencia, la Juez Federal, con base en lo aquí resuelto debe emitir un nuevo acuerdo en el que dicte la determinación que en derecho corresponda. Similares consideraciones fueron vertidas en la ejecutoria emitida por este Tribunal Colegiado, al resolver por unanimidad de votos, el recurso de queja número QA. 32/2007, recurrentes ********** en sesión de veintitrés de mayo de dos mil siete. En las relatadas condiciones, al resultar sustancialmente fundados los agravios dirigidos a combatir el auto recurrido, lo procedente es declarar fundado el recurso de queja propuesto."

 

CUARTO. Previamente al estudio de fondo del asunto, es necesario determinar si en el presente caso existe o no contradicción de tesis, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes.

 

Para ello, debe tenerse presente el contenido de la siguiente tesis de jurisprudencia, aplicada al caso por analogía:

 

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001 

"Página: 76

 

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

 

Según se desprende del criterio antes transcrito, para que exista contradicción de tesis deben reunirse los siguientes elementos:

 

a) Que al resolver los planteamientos jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias.

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

 

También lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que se interpretan en las jurisprudencias antes transcritas, sirven como marco de referencia para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicción de tesis denunciada. Dichos numerales establecen:

 

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

 

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

 

Del contenido de las tesis de jurisprudencias transcritas y de los numerales asentados en párrafos precedentes se desprende que existe contradicción de tesis cuando dos o más Tribunales Colegiados, al resolver los negocios jurídicos de su competencia, tocan cuestiones jurídicas sustancialmente iguales, pero al exponer sus consideraciones y presentar sus conclusiones respectivas, adoptan criterios diametralmente opuestos, con motivo del examen de los mismos elementos; de tal manera que la lectura de las resoluciones correspondientes evidencien la actualización de dos posiciones jurídicas discrepantes entre sí con relación a los mismos puntos de análisis. En estas condiciones, en términos de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, esta Suprema Corte de Justicia deberá decidir cuál tesis ha de prevalecer.

 

Ahora bien, del contenido de las ejecutorias transcritas en apartados precedentes se observa que en el caso presente sí existe la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que sobre el mismo problema jurídico, a saber, si de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el Juez de Distrito, al resolver sobre la ampliación de la prueba pericial promovida por la parte contraria del oferente de la prueba, tiene o no la obligación de verificar si el contenido de la ampliación tiene relación o no con la prueba pericial ofrecida, como presupuesto para su procedencia y sobre ese particular los tribunales contendientes sustentaron criterios opuestos.

 

En efecto, con relación al problema jurídico apuntado, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo sustancialmente que el texto del artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, otorga a la parte contraria del oferente de la prueba el derecho de adicionar al cuestionario original las preguntas que estime pertinentes, sin que el ejercicio de ese derecho esté condicionado a que las cuestiones adicionales tengan relación directa con las propuestas por el oferente de la prueba, pues el derecho de adicionar el cuestionario no está limitado por esa condición, y porque además, pretender que la adición se circunscriba a los lineamientos del cuestionario original implicaría desnaturalizar el fin de la prueba pericial y se violaría el principio de igualdad procesal.

 

Por su parte, el Sexto y el Séptimo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del mismo circuito adujeron que tratándose de la prueba pericial, el derecho a adicionar el cuestionario sobre el cual se desahogará no es pleno, sino que deben cumplirse ciertos requisitos, entre los que se encuentra la relación inmediata que debe tener con los hechos controvertidos, conforme al principio de idoneidad de la prueba, previsto en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles; de aquí que si las preguntas adicionales no guardan relación con lo que se pretende probar con la pericial, no se satisface ese requisito y el ofrecimiento de la adición es ilegal, por lo cual el Juez de Distrito debe desecharla desde su anuncio, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión a alguna de las partes por permitir la introducción de cuestiones ajenas a la materia de la prueba.

 

De esta manera, es claro que respecto de la cuestión jurídica enunciada más arriba, dichos órganos colegiados sostienen tesis discrepantes, pues como ya se indicó, el primero de ellos sostiene que no es necesario que la adición al cuestionario de la prueba pericial deba tener relación directa con la materia de la prueba original, pues el artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no establece de manera expresa esa condición, y los otros Tribunales Colegiados adujeron que la procedencia de la adición al cuestionario relativo si está condicionada a que tenga relación con las preguntas originalmente propuestas al ofrecerse la prueba pericial, en cumplimiento del principio de idoneidad, de tal manera que si no se cumple con tal condición el Juez de Distrito deberá desechar la adición propuesta.

 

Consecuentemente, el punto de derecho a dilucidar se centra en determinar si de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el Juez de Distrito, al resolver sobre la ampliación de la prueba pericial promovida por la parte contraria del oferente de la prueba, tiene o no la obligación de verificar si el contenido de la ampliación tiene relación o no con la prueba pericial ofrecida, como presupuesto para su procedencia.

 

QUINTO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala, de acuerdo con las siguientes consideraciones de derecho:

 

Como se precisó, el punto de contradicción a que este asunto se refiere, se centra en determinar si de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el Juez de Distrito, al resolver sobre la ampliación de la prueba pericial promovida por la parte contraria del oferente de la prueba, tiene o no la obligación de verificar si el contenido de la ampliación tiene relación o no con la prueba pericial ofrecida, como presupuesto para su procedencia.

 

Ahora bien, para resolver el punto de contradicción, es pertinente señalar que el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar, por unanimidad de diez votos, la contradicción de tesis 13/2000, en sesión de fecha veintisiete de febrero de dos mil uno, resolvió textualmente lo siguiente:

 

"En primer término cabe precisar que en los artículos 150 al 155 de la Ley de Amparo, se establece: ‘Artículo 150. En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho.’. ‘Artículo 151. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El Juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la pericial. Al promoverse la prueba pericial, el Juez hará la designación de un perito, o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el Juez o rinda dictamen por separado. Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el Juez deberá excusarse de conocer cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 66 de esta ley. A ese efecto, al aceptar su nombramiento manifestará, bajo protesta de decir verdad, que no tiene ninguno de los impedimentos legales. La prueba pericial será calificada por el Juez según prudente estimación.’. ‘Artículo 152. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad a aquellas las copias o documentos que soliciten; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieren con esa obligación, la parte interesada solicitará del Juez que requiera a los omisos. El Juez hará el requerimiento y aplazará la audiencia por un término que no exceda de diez días; pero si no obstante dicho requerimiento durante el término de la expresada prórroga no se expidieren las copias o documentos, el Juez, a petición de parte, si lo estima indispensable, podrá transferir la audiencia hasta en tanto se expidan y hará uso de los medios de apremio, consignando en su caso a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato. Al interesado que informe al Juez que se le ha denegado una copia o documento que no hubiese solicitado, o que ya le hubiese sido expedido, se le impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario. Cuando se trate de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales, a instancia de cualquiera de las partes.’. ‘Artículo 153. Si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el Juez suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes; en dicha audiencia, se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento. Lo dispuesto en este artículo sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, de la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio. Cuando el Juez desechare la objeción presentada, podrá aplicar al promovente de (sic) la propuso una multa de diez a ciento ochenta días de salario.’. ‘Artículo 154. La audiencia a que se refiere el artículo siguiente y la recepción de las pruebas, serán públicas.’. ‘Artículo 155. Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda. El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare. En los demás casos, las partes podrán alegar verbalmente, pero sin exigir que sus alegaciones se hagan constar en autos, y sin que los alegatos puedan exceder de media hora por cada parte, incluyendo las réplicas y contrarréplicas. El Ministerio Público que actúe en el proceso penal, podrá formular alegatos por escrito en los juicios de amparo en los que se impugnen resoluciones jurisdiccionales. Para tal efecto, deberá notificársele la presentación de la demanda.’. El contenido de dichos preceptos permite considerar, entre otras cosas, lo siguiente: a) En el juicio de garantías son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional y las que fueren contra la moral o contra derecho. b) Las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, a excepción de la documental que puede presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella y la tenga como recibida durante dicha audiencia. c) En el caso de las pruebas testimonial, pericial e inspección ocular, para su debida preparación, deben anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, exhibiendo el interrogatorio y el cuestionario para el desahogo de las dos primeras, y precisando los puntos sobre los que deberá versar la última. d) La audiencia constitucional y la recepción de pruebas son públicas. e) Una vez abierta la audiencia constitucional se procede a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público, dictándose a continuación el fallo respectivo. Por otra parte, los artículos 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo disponen: ‘Artículo 79. Para conocer la verdad puede el juzgador valerse de cualquiera persona, sea parte o tercero, y de cualquiera cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.’. ‘Artículo 81. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones.’. ‘Artículo 85. Ni la prueba, en general, ni los medios de prueba establecidos por la ley, son renunciables.’. ‘Artículo 86. Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho.’. Del contenido de estos preceptos legales, se desprende que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier prueba que esté reconocida por la ley y tenga relación inmediata con los hechos controvertidos. Esto último, es decir, la necesidad de que la prueba ofrecida tenga relación inmediata con los hechos litigiosos constituye una regla lógica que cabe aplicar supletoriamente en el juicio de amparo porque en éste, existiendo sistema probatorio, no aparece el principio de pertinencia o idoneidad de la prueba, ya que el artículo 150 de la Ley de Amparo solamente se refiere a los medios o instrumentos de prueba. En efecto, cuando el mencionado artículo 150 establece que en el juicio de amparo son admisibles ‘toda clase de pruebas ...’, esta regla se está refiriendo a los medios, elementos o instrumentos probatorios, como las documentales, testimonios, periciales, etc., consideración que se confirma porque la parte final del precepto, al señalar como excepciones a dicha regla ‘... la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho’, alude a tales medios. Dicho artículo 150, por tanto, no es apto para aclarar la duda que deriva de la contradicción, porque ninguno de los Tribunales Colegiados se vio en la tesitura de resolver si los medios de prueba ofrecidos -testimonial o pericial- están permitidos por la ley, o no lo están; es obvio que la ley los admite. Lo que tuvieron los Tribunales Colegiados que decidir, fue otra cosa, esto es, si las referidas pruebas eran adecuadas para motivar la convicción del Juez de Distrito sobre lo pretendido por el oferente en relación con la litis constitucional. Hernando Devis Echandia, dice al respecto: ‘Principio de la pertinencia, idoneidad o conducencia y utilidad de la prueba. Puede decirse que éste representa una limitación al principio de la libertad de la prueba, pero es igualmente necesario, pues significa que el tiempo y el trabajo de los funcionarios judiciales y de las partes en esta etapa del proceso no debe perderse en la práctica de medios que por sí mismos o por su contenido no sirvan en absoluto para los fines propuestos y aparezcan claramente improcedentes o inidóneos. De esta manera se contribuye a la concentración y a la eficacia procesal de la prueba’ (Teoría General de la Prueba, 5a. ed., Tomo I, página 133). Pues bien, este principio de la idoneidad de la prueba, aunque falta en la Ley de Amparo, es recogido por el ya transcrito artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que resulta supletoriamente aplicable en este examen. Por tanto, debe considerarse que toda prueba, de las permitidas por el artículo 150 de la Ley de Amparo, para ser admitida, debe ‘tener relación inmediata con los hechos controvertidos’, como establece el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues sería contrario a la lógica y aun al sentido común que se admitieran y mandaran preparar en el amparo pruebas como la pericial, la testimonial y la de inspección, cuando del cuestionario, del interrogatorio o de los puntos sujetos a la fe judicial que deben acompañarse desde el ofrecimiento, se viera, desde luego y sin dudas, que nada tiene que ver con la litis. Al respecto cabe invocar la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 81, tomo 18, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza: ‘PRUEBAS INCONGRUENTES.’ (se transcribe). Por tanto, es cierto que de acuerdo a las disposiciones transcritas, en el juicio de garantías debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y las que fueren contra la moral o contra derecho; que las pruebas deben rendirse en la audiencia constitucional, salvo la documental que puede presentarse con anterioridad y que, tratándose de la testimonial, pericial e inspección ocular, a fin de prepararlas debidamente deben anunciarse u ofrecerse con cinco días hábiles de anticipación a la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para dicha audiencia; sin embargo, también es verdad que esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena, sino que debe cumplir con ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, como lo dispone el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles antes transcrito, de tal manera que si en un caso se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento es contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla, en términos del artículo 150 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. En relación a la idoneidad de la prueba debe subrayarse especialmente que en esta materia el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de que al decidir la no admisión de un elemento probatorio, no vaya a dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse sólo cuando es claro, patente y sin lugar a dudas, que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto más vale que el Juez actúe con amplitud de criterio que con rigidez. Sobre este mismo tema debe señalarse que el momento de resolver sobre la admisión de probanzas tiene características diferentes a las que se dan a la hora de valorarlas, que es cuando se dicta sentencia. Se dice lo anterior, porque la Suprema Corte y los Tribunales Colegiados han establecido algunos criterios sobre idoneidad o inidoneidad probatoria, pero deben aplicarse con prudencia porque algunas de ellas sólo son aplicables en el momento de su valoración y en determinadas circunstancias, pero no podrían fundar la no admisión. Así, en vía de ejemplo, cabe citar las siguientes tesis: ‘AGRARIO. POSESIÓN. LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITARLA ES LA TESTIMONIAL.’ (se transcribe). ‘INSPECCIÓN JUDICIAL, NO ES APTA PARA COMPROBAR LA POSESIÓN.’ (se transcribe). ‘RIESGO PROFESIONAL. LA PRUEBA IDÓNEA PARA DETERMINARLO ES LA PERICIAL.’ (se transcribe). Criterios como éstos, son generalmente correctos cuando a la hora de dictar sentencia el Juez se percata de que -en su caso-, no hay ningún otro elemento o elementos que concatenado con la prueba aisladamente no idónea, puedan en conjunto y en vía indiciaria, llegar a constituir convicción por presunción legal o humana."

 

Del contenido de la ejecutoria de cuenta se observa que el Tribunal en Pleno concluyó medularmente:

 

1. Que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier prueba que esté reconocida por la ley y tenga relación inmediata con los hechos controvertidos.

2. Que la necesidad de que la prueba ofrecida tenga relación inmediata con los hechos litigiosos constituye una regla lógica que cabe aplicar supletoriamente en el juicio de amparo porque en éste, existiendo sistema probatorio, no aparece el principio de pertinencia o idoneidad de la prueba, ya que el artículo 150 de la Ley de Amparo solamente se refiere a los medios o instrumentos de prueba, pues dicho numeral establece que en el juicio de amparo son admisibles "toda clase de pruebas ...", esta regla se está refiriendo a los medios, elementos o instrumentos probatorios, como las documentales, testimonios, periciales, etcétera, consideración que se confirma porque la parte final del precepto, al señalar como excepciones a dicha regla "... la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho", alude a tales medios.

3. Que de acuerdo con la doctrina preponderante sobre el tema, el principio de la pertinencia, idoneidad o conducencia y utilidad de la prueba representa una limitación al principio de la libertad de la prueba, pero es igualmente necesario, pues significa que el tiempo y el trabajo de los funcionarios judiciales y de las partes en esta etapa del proceso no debe perderse en la práctica de medios que por sí mismos o por su contenido no sirvan en absoluto para los fines propuestos y aparezcan claramente improcedentes.

4. Que este principio de la idoneidad de la prueba, aunque falta en la Ley de Amparo, es recogido por el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por tanto, debe considerarse que toda prueba, de las permitidas por el artículo 150 de la Ley de Amparo, para ser admitida, debe "tener relación inmediata con los hechos controvertidos", pues sería contrario a la lógica y aun al sentido común que se admitieran y mandaran preparar en el amparo pruebas como la pericial, la testimonial y la de inspección, cuando del cuestionario, del interrogatorio o de los puntos sujetos a la fe judicial que deben acompañarse desde el ofrecimiento, se viera, desde luego y sin dudas, que nada tiene que ver con la litis.

5. Por tanto, se concluye que en el juicio de garantías debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y las que fueren contra la moral o contra derecho; que las pruebas deben rendirse en la audiencia constitucional, salvo la documental que puede presentarse con anterioridad, y que tratándose de la testimonial, pericial e inspección ocular, a fin de prepararlas debidamente deben anunciarse u ofrecerse con cinco días hábiles de anticipación a la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para dicha audiencia; sin embargo, también es verdad que esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena, sino que debe cumplir con ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, como lo dispone el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles antes transcrito, de tal manera que si en un caso se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento es contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional.

6. Que en relación con la idoneidad de la prueba, debe subrayarse especialmente que en esta materia el Juez de Distrito debe tener singular cuidado, a fin de que al decidir la no admisión de un elemento probatorio, no vaya a dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse sólo cuando es claro, patente y sin lugar a dudas, que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto más vale que el Juez actúe con amplitud de criterio que con rigidez.

 

Todas estas consideraciones fueron recogidas en la siguiente tesis de jurisprudencia:

 

 

"No. Registro: 189,894

"Jurisprudencia

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 41/2001

"Página: 157

 

 

"PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez."

 

Una vez precisado lo anterior, esta Segunda Sala considera que los principios recogidos en la ejecutoria y en la tesis de jurisprudencia transcritos más arriba son exactamente aplicables al caso para resolver el punto de contradicción que se estudia en el presente.

 

En efecto, con relación a la manera de integrarse la prueba de peritos en el juicio de amparo, es pertinente transcribir los artículos 151 de la Ley de Amparo y 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a aquélla.

 

"Artículo 151. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.

 

"Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El Juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la pericial.

 

"Al promoverse la prueba pericial, el Juez hará la designación de un perito, o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el Juez o rinda dictamen por separado.

 

"Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el Juez deberá excusarse de conocer cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 66 de esta ley. A ese efecto, al aceptar su nombramiento manifestará, bajo protesta de decir verdad, que no tiene ninguno de los impedimentos legales.

 

"La prueba pericial será calificada por el Juez según prudente estimación."

 

"Artículo 146. La parte que desee rendir prueba pericial, deberá promoverla dentro de los diez primeros días del término ordinario o del extraordinario, o en su caso, por medio de un escrito en que formulará las preguntas o precisará los puntos sobre que debe versar; hará la designación del perito de su parte, y propondrá un tercero para el caso de desacuerdo.

 

"El tribunal concederá, a las demás partes, el término de cinco días para que adicionen el cuestionario con lo que les interese, previniéndolas, que, en el mismo término, nombren el perito que les corresponda, y manifiesten si están o no conformes con que se tenga como perito tercero al propuesto por el promovente.

 

"Si, pasados los cinco días, no hicieren las demás partes el nombramiento que les corresponde, ni manifestaren estar conformes con la proposición del perito tercero, el tribunal, de oficio, hará el o los nombramientos pertinentes, observándose lo dispuesto en la parte final del artículo 145, en su caso."

 

 

Como se observa del contenido de los artículos transcritos, en el juicio de amparo la prueba pericial se integra formal y materialmente con los siguientes elementos:

 

A) La designación del o de los peritos que haga el Juez o, en su caso, las partes para que se asocien con el designado por el juzgador.

B) La presentación del cuestionario que deberán responder los peritos.

C) La adición al cuestionario por las demás partes.

D) La aceptación del cargo de perito.

E) La presentación de los dictámenes correspondientes.

 

De esta manera, es evidente que la pericial constituye un medio probatorio de integración compleja; de tal manera que su debida y legal integración y preparación están sujetas a la participación de las partes y del propio juzgador, a fin de que su desahogo cumpla con los fines y los principios por los que se rige.

 

Esta participación de las partes en la preparación de este medio de prueba encuentra justificación en la circunstancia de que la pericial tiene lugar y resulta necesario su desahogo cuando se requiere la obtención de conocimientos especiales en alguna ciencia o arte para resolver sobre la existencia o inexistencia de los hechos litigiosos; es decir, el objeto de esta prueba es auxiliar al Juez, aportándole elementos e información de naturaleza especializada, cuyo contenido generalmente escapa a los conocimientos propios de los peritos en derecho; de aquí que la determinación científica o técnica de algún hecho constituye un aspecto de claro interés para las partes en conflicto; luego es clara la intención del legislador de permitir a las partes contrarias al oferente la posibilidad de adicionar el cuestionario sobre el que rendirán su informe los peritos designados.

 

En estas condiciones es dable sostener que la adición al cuestionario presentado para el desahogo de la prueba pericial configura un elemento de integración de la misma, es decir, la adición es formal y materialmente parte integrante de la prueba, y no un medio probatorio diverso; de aquí que, la admisión y aprobación de las nuevas cuestiones adicionadas se rigen también por

el principio de idoneidad previsto en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que exige que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, en el caso, con la materia de la prueba pericial ofrecida, puesto que, se insiste, el elemento relativo a la adición del cuestionario de los peritos es parte integrante, formal y materialmente, de la prueba pericial ofrecida.

 

Dicho numeral dice a la letra:

 

"Artículo 79. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.

 

"Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes."

 

Si se pensara lo contrario; es decir, que no existe razón legal para sostener tal exigencia, se desnaturalizaría la finalidad de la prueba de peritos que, se insiste, busca ilustrar el conocimiento del Juez respecto de un aspecto vinculado con la ciencia o el arte, que no es de la especialidad del juzgador, a fin de que éste interprete o valore mejor el alcance o el significado de algún punto en litigio.

 

Así, sentado lo anterior, debe afirmarse que en el momento de pronunciarse sobre la adición al cuestionario de peritos, el juzgador deberá verificar si las nuevas preguntas tienen o no relación inmediata con la materia de la prueba pericial, de la que forman parte íntegramente, a fin de calificar su idoneidad; por tanto, si la adición respectiva no satisface este requisito, su ofrecimiento es contrario a derecho y el juzgador no está obligado a tener por adicionada la prueba pericial respectiva, sin que esta circunstancia implique la falta de integración de la prueba, merced a que, como se ha explicado, la procedencia de la adición está sujeta a la satisfacción del principio de idoneidad mencionado.

 

En este orden de ideas, debe prevalecer en el caso la tesis de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se expresa a continuación:

 

PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO LA ADICIÓN AL CUESTIONARIO CONFORME AL CUAL SE DESAHOGARÁ AQUÉLLA NO GUARDA RELACIÓN CON LA MATERIA DE LA MISMA, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DESDE SU ANUNCIO.-Del contenido de los artículos 151 de la Ley de Amparo y 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a ésta, se desprende que en el juicio de amparo la prueba pericial se integra formal y materialmente con los siguientes elementos: la designación de peritos que haga el Juez o, en su caso, las partes, para que se asocien con el designado por el Juzgador; la presentación del cuestionario que deberán responder los peritos; la adición al cuestionario por las demás partes; la aceptación del cargo de perito y la presentación de los dictámenes correspondientes. Así, es evidente que la pericial constituye un medio probatorio de integración compleja; de tal manera que su debida y legal integración y preparación están sujetas a la participación de las partes y del propio juzgador, a fin de que su desahogo cumpla con los fines y los principios por los que se rige. En estas condiciones, es dable sostener que la adición al cuestionario presentado para el desahogo de la prueba pericial configura un elemento de integración de la misma y, por tanto, la admisión y aprobación de las nuevas cuestiones adicionadas se rigen también por el principio de idoneidad previsto en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que exige que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, en el caso, con la materia de la prueba pericial ofrecida, puesto que la adición del cuestionario de los peritos es parte integrante, formal y materialmente, de la prueba pericial ofrecida. En consecuencia, en el momento de pronunciarse sobre la adición al cuestionario de peritos, el juzgador deberá verificar si las nuevas preguntas tienen o no relación inmediata con la materia de la prueba pericial, a fin de calificar su idoneidad; de tal suerte que si la adición respectiva no satisface este requisito, su ofrecimiento es contrario a derecho, y el juzgador no está obligado a tener por adicionada la prueba pericial respectiva.

 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

 

PRIMERO.-Sí existe la contradicción de tesis denunciada.

 

SEGUNDO.-Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que aparece en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.

 

Notifíquese; a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

 

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos de los Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas, presidente de esta Segunda Sala, a favor de que sí existe contradicción de tesis. En contra los Ministros Mariano Azuela Güitrón y Genaro David Góngora Pimentel.

 

Dado la mayoría de votos a favor de la existencia de la contradicción de tesis, y para efectos de la aprobación de la jurisprudencia, los Ministros disidentes quedan obligados a votar en el mismo sentido.

 

 

Consecuentemente el proyecto queda aprobado por unanimidad de cinco votos. Fue ponente el señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

 

En términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte en su sesión de veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Drones

Las aplicaciones que tienen los drones son infinitas: seguridad vial,  prevención y extinción de incendios,  búsqueda y rescate de personas etc. Pero dónde realmente ofrecen mayores posibilidades es a la hora de desempeñar funciones de seguridad y videovigilancia.

 

Hasta ahora, el uso de drones con videovigilancia está muy extendido en control de fronteras, en la supervisión y protección de grandes espacios. Pero su uso, cada vez está más extendido en el ámbito privado, pues es la mejor solución de videovigilancia para la protección y vigilancia de grandes espacios, por su amplio campo de visión, por su velocidad y por su versatilidad.    

 

¿Cómo funciona la videovigilancia a través de drones?

La videovigilancia a través de drones está indicada para la protección y seguridad perimetral de grandes superficies. Es una solución de videovigilancia fiable, eficaz y en alta resolución. Los drones están equipados con cámaras de seguridad de alta resolución FHD 1080 con estabilizador de imagen que garantiza imágenes de gran nitidez y neutraliza los movimientos del dron. Las imágenes se transmiten en tiempo real de forma inalámbrica a un grabador de videovigilancia que garantiza la integridad de las imágenes y las valida como prueba judicial en caso de que se capte un hecho probablemente delictivo.

 

Como sucede con las aspiradoras autónomas del hogar, el dron puede programarse para que despegue a las horas establecidas de manera que realice tareas de seguridad y reconocimiento del terreno de forma automática. También puede manejarse en remoto por un operador.

Los drones, además de equiparse con cámaras de vigilancia de alta resolución, disponen de visión nocturna (cámaras de vigilancia infrarrojas), GPS (para programar sus vuelos) e incluso los más avanzados disponen de funciones de reconocimiento facial que les permite identificar usuarios y detectar intrusos y accesos no autorizados.

 

A diferencia de las cámaras de vigilancia fijas que sólo son útiles cuando la intrusión o la incidencia tiene lugar delante de su objetivo, el dron es capaz de buscar, localizar y seguir objetivos. Además, se encuentra sobrevolando el objetivo a decenas de metros de altura, por lo que resulta imposible que sea saboteado con sprays de pintura.

Criminalística

La criminalística es la ciencia en la que se aplica métodos y técnicas de investigación científica de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su existencia cierta, reconstruirlo o señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo.

La criminalística se sirve de los conocimientos científicos para reconstruir los hechos. El conjunto de disciplinas auxiliares que la componen se denominan ciencias forenses.

La palabra forense viene del adjetivo latino forensis, que significa "perteneciente o relativo al foro". En la Antigua Roma, una imputación por crimen suponía presentar el caso ante un grupo de personas notables en el foro. Tanto la persona que se la acusaba por haber cometido el crimen como el denunciante tenían que explicar su versión de los hechos. La argumentación, las pruebas y el comportamiento de cada persona determinaba el veredicto o sentencia del caso.

En las concepciones actuales sobre la criminalística existen algunos puntos de controversia. Por una parte, algunas definiciones la consideran como una ciencia auxiliar del derecho penal mientras que otras consideran que es aplicable al derecho en general. El doctor Rafael Moreno González, tratando de ser muy explícito, presenta una definición simple pero útil: “La ciencia del pequeño detalle”. César Augusto Osorio y Nieto es algo más extenso al señalar que es:

La disciplina o conjunto de conocimientos que tiene por finalidad determinar, desde un punto de vista técnico pericial, si se cometió o no un delito, cómo se llevó a cabo y quién lo realizó.

En el marco actual, se puede definir como:

La disciplina que aplica los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictivo, con el fin de determinar su existencia, o bien reconstruirlo, para señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos, llegando así a la verdad histórica del hecho.

Es la disciplina autónoma que ocurre al auxilio del proceso judicial, utilizando técnicas, procedimientos y métodos brindados por las ciencias auxiliares que le permiten identificar y esclarecer los distintos indicios, que conectan a través de ellos al autor con el hecho en sí. Determina si un hecho tiene relación penal o no, ocupándose de la reconstrucción, la participación o interacción de ciertos actores en él; es decir, como ocurrió.

La primera disciplina precursora de la criminalística fue lo que en la actualidad se conoce como dactiloscopia, ciencia que estudia las huellas dactilares. La criminalística tal como la entendemos nace de la mano de la medicina forense, en torno al siglo XVII, cuando los médicos toman parte en los procedimientos judiciales. Antes de conocer el desarrollo y evolución de la criminalística debemos distinguir dos etapas.

Etapa equívoca: Eugene François Vidocq (1811).

Etapa científica: Alphonse Bertillon (1879), Juan Vucetich (1892), William Herschel, Francis Galton.

Algunos de los primeros usos prácticos de la investigación mediante las impresiones dactilares son acreditados a los chinos, quienes las aplicaban diariamente en sus negocios y empresas legales, mientras tanto el mundo occidental se encontraba en el período conocido como la edad oscura.

Kia Kung-Yen, historiador chino de la dinastía Tang, en sus escritos del año 650, hizo mención a la identificación mediante las impresiones dactilares, en un comentario sobre un antiguo método en la elaboración de documentos legales. De aquí se deduce que para el año 650 los chinos ya utilizaban las impresiones dactilares en sus tratos comerciales y en ese mismo año, hacían mención al método anterior al uso de las impresiones consistentes en la utilización de placas de madera con muescas iguales recortadas en los mismos sitios de los lados las que conservaban las partes del contrato e igualadas dichas tablas se podía constatar la autenticidad o falsedad de los contratos de referencia.

Muchos años después, en 1575 surge otra ciencia precursora de la criminalística: la medicina legal, iniciada por el francés Ambroise Paré y desarrollada por Paolo Sacchias en 1651.

En 1665, Marcello Malpighi observaba y estudiaba los relieves dactilares de las yemas de los dedos y palmas de las manos. Una de las primeras publicaciones en Europa acerca del estudio de las impresiones dactilares apareció en Inglaterra en 1648, realizada por el Dr. Nehemiah Grew.

Eugene François Vidocq.

En 1809 el célebre delincuente francés Vidocq fue incluido en las filas de la policía francesa y pronto se convirtió en el primer director de la Seguridad Nacional (Sûreté Nationale). Incluyó multitud de avances en el campo de la investigación criminal. A él se le atribuye el registro y creación de expedientes con las pesquisas de los casos y la introducción de los estudios de balística. Fue el primero en utilizar moldes para recoger huellas de la escena del crimen, definiendo la lofoscopía. Sus técnicas antropométricas tendrían gran repercusión.

En 1823 un tratado escrito por anatomista, fisiólogo y botánico checo Jan Evangelista Purkyně describe los tipos de huellas dactilares y las clasificó en 9 grupos. Durante ese mismo año, Huschke descrubrió los relieves triangulares, conocidos como deltas, de las huellas dactilares de los dedos. En 1835, aparece otro de los primeros precursores de la balística, Henry Goddard. En 1840, con el español Mateo Orfila nace la Toxicología, ciencia que estudia los efectos de las toxinas o venenos vegetales, animales y minerales, tanto como tratamiento o intoxicación. El aporte de esta ciencia a la reconstrucción de homicidios y suicidios es enorme. William Herschel, en 1858, adoptó el uso de las impresiones dactilares para evitar la suplantación.

Alfonso Bertillón creó en París el Servicio de Identificación Judicial en 1882, dado a conocer en 1885 y se adoptó de forma oficial en 1888. Este método antropométrico se basaba en el registro de las diferentes características óseas métricas y cromáticas de las personas mayores de 21 años en 11 diferentes partes del cuerpo. En esa época Bertillón publicó una tesis sobre el retrato hablado. Desde 1884, Bertillón tomó fotografías de los lugares de los hechos con todos sus indicios. Fue en 1886, cuando Allan Pinkerton puso en práctica la fotografía criminal para reconocer a los delincuentes. En Londres, Sir Francis Galton en 1885 instaló los fundamentos para la solución del problema que representaba hacer una clasificación de las impresiones dactilares. En 1905 modificará su sistema citado en “Fingerprint Directories”.

En 1896, Juan Vucetich logró que la Policía de la Provincia de Buenos Aires (en la ciudad de La Plata), Argentina, dejara de utilizar el método antropométrico de Bertillón y redujo a cuatro los tipos fundamentales de Dactiloscopia, determinados por la presencia o ausencia de los deltas.

Ottrolenghi y Alongi, en 1899 fundaron una revista llamada Polizia Scientifica. Lombroso, Ferri y Alongi solicitaron una Policía Judicial Científica en Italia.

El más ilustre y distinguido criminalista de todos los tiempos es Hans Gross (1847-1915), se le considera el padre de la criminalística. A él se debe la generalización del término criminalística con el que se refería al «análisis sistemático de las huellas dejadas por el culpable». Ejerció el cargo de magistrado y fue profesor de Derecho penal en las universidades de Czernowitz y Graz. La elaboración del Manual del Juez como Sistema de Criminalística le llevó 20 años de experiencias e intensos trabajos. En 1912 inauguró el "Real e Imperial Instituto de Criminología de la Universidad de Graz", único a escala mundial. Los resultados de su trabajo fueron determinantes hasta bien entrado el siglo XX y su método científico, conocido bajo el nombre de "escuela criminológica de Graz", le hizo famoso en todo el mundo

 

En México, el profesor Carlos Roumagnac escribía en 1904 los primeros fundamentos de Antropología Criminal. Constancio Bernaldo de Quiroz en España, redujo a tres las fases de formación y evolución de la policía científica en 1908. En enero de 1920, el profesor Benjamín Martínez fundó en la Ciudad de México el gabinete de identificación y el laboratorio de criminalística en la entonces jefatura de Policía del Distrito Federal. En 1928 el criminalista francés Edmon Locard enuncia el "Principio de intercambio de Locard", que dice que «siempre que dos objetos entran en contacto transfieren parte del material que incorporan al otro objeto». El principio ha permitido obtener indicios relevantes en numerosos lugares, desde huellas en el barro o sus restos en neumáticos y calzado, hasta huellas dactilares o restos en las uñas. En 1935, Carlos Roumagnac, Benjamín Martínez, Fernando Beltrán y otros, instituyeron una escuela para policías en la que se enseñaba criminalística. En 1938, el Dr. José Gómez Robleda implantó la aplicación de la Criminalística en la Procuraduría General de Justicia en el D.F.

La Entomología forense, es una disciplina de reciente atención en México, durante los años 90, en el Laboratorio de Antropología Forense de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGJDF, donde se realizan investigaciones tendientes a conocer la fauna entomológica que se encuentra asociada a cadáveres y, a partir del año 2004 se reconoce institucionalmente conformándose en dicha institución el primer Laboratorio de Entomología Forense, sobre lo cual el grupo de expertos que en el mismo laboran, han producido diferentes reportes de investigación y atienden las peticiones ministeriales relacionadas con esta especialidad.

Principios de la Criminalística

Principio de uso: todo delito es cometido utilizando algún agente físico, químico, biológico o informático.

Principio de intercambio: durante un acto delictivo se origina un intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos.

"Todo contacto deja su huella" Las evidencias no mienten

Principio de correspondencia: nos señala que cuando un agente vulnerante se impacta, roza o comprime ciertos materiales de menor dureza le imprime a este material sus características, de esta forma se explica la impresión de las huellas de pisadas, dactilares o las marcas de identificación en balas, casquillos, etc.

Principio de producción: como es bien sabido no existe el crimen perfecto y por ende, quien realiza un hecho criminal siempre dejara indicios de diferente variedad morfológica en el lugar, ya que sus acciones producirán rastros diversos que darán señales de que estuvieron ahí, en algunos casos las huellas serán latentes esto quiere decir que no se ven a simple vista ya que es necesario utilizar lentes de aumentos o diversos reactivos para encontrar dicha marca y en otros casos los rastros o vestigios se podrán apreciar a simple vista.

Principio de probabilidad: cuando se tiene una reconstrucción de hechos y fenómenos esto nos acercara a conocer más la verdad del hecho investigado con un alto, mediano o bajo grado de probabilidad de lo que sucedió, limitándose a dar una verdad absoluta de lo que en realidad paso.

Principio de certeza: consiste en el estudio cuantitativo, cualitativo y comparativo realizado en el laboratorio de los indicios encontrados en el lugar del hecho, para así poder determinar su procedencia, su composición etc, para determinar si corresponde o no con el hecho que se investiga.

Principio de reconstrucción: según el Artículo 146° del código de procedimientos penales se podrá reconstruir la escena del delito, cuando el juez penal lo juzgue necesario, para precisar la declaración de algún testigo del agraviado o del inculpado. Consiste en la reproducción artificial de un hecho de interés para el proceso. Con la finalidad de aclarar circunstancias que resultan de declaraciones del testigo, imputado o víctima.

Los principios fundamentales del proceso criminalístico incluyen:

 

Protección del lugar de los hechos.

Observación del lugar de los hechos.

Fijación del lugar de los hechos (es decir descripción escrita, fijación fotográfica y planimetría de los indicios encontrados)

Levantamiento de indicios.

Suministro de indicios al laboratorio.

Cadena de custodia

Confección del informe pericial

Metodología de la investigación criminalística

Dentro de la criminalística existen aplicaciones clásicas, como la fotografía, planimetría, balística, química, búsqueda y localización de huellas y dactiloscopía, mecánica e informática, entre otras.

Los estudios criminalísticos se apoyan en métodos y técnicas propias del trabajo de diferentes disciplinas, ciencias auxiliares y laboratorios periciales, entre los que se encuentran:

Arte forense: El retrato compuesto o hablado, realizado a partir de la memoria de la víctima, es el más famoso, pero también se llevan a cabo dibujos con base en vídeos y fotos, y progresiones de edad en caso de personas desaparecidas. Utilizan un restirador, lápices, testimonio, ya sean verbales o con fotos y vídeos, para ofrecer opciones al artista.

Antropología forense: Para poder determinar el sexo, talla, edad, grupo étnico, e incluso llegar a la reconstrucción facial de restos humanos, se requiere de varias semanas de trabajo en el laboratorio antropológico.

Balística forense: La balística forense, como rama de la balística general y parte fundamental de la Criminalística, tiene como objetivo que en sus laboratorios se lleven a cabo todos los procedimientos y estudios necesarios de los cartuchos, balas y armas relacionadas con los homicidios, suicidios, accidentes y lesiones personales.

Dactiloscopía: Aunque la gran mayoría de las impresiones dactilares pueden hallarse en el lugar del hecho, en otros casos es necesario que los objetos que posiblemente tengan huellas latentes sean trasladados a los laboratorios para su reactivación, utilizando polvos, vapores de yodo, cianoacrilato de sodio o por medio del rayo láser.

Documentoscopía: la palabra se origina a partir de la conjunción del vocablo latino “documentum” (enseñar, mostrar) y del griego “skopein” (ver, observar) y, junto con la palabra "Documentoscopía" se utiliza para nombrar al conjunto estructurado y sistematizado de conocimientos y procedimientos técnico-científicos dentro de la Criminalística dirigidos al estudio de los documentos en general, características, forma de confección, alteraciones, etc., como así también a la investigación de manuscritos y/o firmas que ellos contengan y que sean de interés para la investigación que se realiza, pertenezca ésta al fuero judicial o al privado.

Entomología forense: Es la interacción de la Entomología y el sistema judicial. Se divide en tres áreas principales: Entomología Urbana, Entomología de productos almacenados y entomología médico-legal, médico criminal o "entomología médico forense". Esta última analiza la sucesión ecológica de los artrópodos que se instalan en un cadáver para determinar el lapso de tiempo transcurrido entre el momento del deceso y el hallazgo del cadáver, técnicamente denominado como Intervalo Postmortem.

Fisionomía forense: Reconstruye las características de un rostro con la ayuda de materiales moldeables. Utiliza un molde de cráneo de plástico con varias capas de material para simular la piel, espátulas de escultor, pinturas. En muchas agencias se utilizan programas de computadora para modelar huesos, músculos y piel en 3D.

Fotografía forense: La participación del fotógrafo para realizar la fijación fotográfica de la escena y todo lo relacionado con la misma es fundamental; sin embargo, es sólo la primera parte de su trabajo, ya que posteriormente tendrá que trasladarse al laboratorio de fotografía forense para llevar a cabo el revelado del material con el que serán ilustrados los dictámenes.

Genética Forense: El estudio de material biológico, como la saliva, semen, sangre, pelo, y otros tejidos, permiten tipificar el ácido desoxirribonucléico (ADN), método identificatorio moderno y que por su gran precisión se ha denominado huella genética.

Hecho de tránsito: Mediante la aplicación de diferentes técnicas de análisis químico, pueden examinarse los fragmentos de pintura, efectuando distinciones en cuanto al calor y los compuestos de las mismas.

Hematología: En esta especialidad la aplicación de la química es fundamental si una mancha que se halló en el lugar del hecho es sangre y si ésta es de animal o humana; en caso de tratarse de sangre humana se determinarán los grupos, subgrupos y el factor RH.

Incendios y explosivos: Para el estudio de los residuos que dejan los incendios y las explosiones, pueden utilizarse la cromatografía de capa firina, la cromatografía gas-líquido y la cromatografía líquida de alto rendimiento; pudiéndose determinar el tipo de sustancia que se utilizó.

Informática Forense: Estudio y análisis de los delitos digitales empleando dispositivos tecnológicos como: computadoras, medios electrónicos Tecnologías de la información y la comunicación o Tecnologías de Información procura preservar e identificar datos que sean válidos dentro de un proceso legal o hecho punible.

Medicina forense: Si se considera que el laboratorio es el lugar en donde se realizan trabajos de investigación científica, bien puede estimarse el necrocomio o a los Servicios Médicos Forenses como los laboratorios que utilizan los médicos para el estudio minucioso del cadáver, y para determinar su identidad y causa de muerte.

Meteorología forense: Es el análisis de las condiciones climáticas pasadas de un lugar específico. Es una rama bastante empleada en los procesos judiciales en los que participan compañías de seguros y también en las investigaciones de homicidios.

Odontología forense: La utilización del laboratorio en la odontología forense se realiza cuando se requiere obtener o elaborar moldes para determinar las características dentales de un individuo.

Patología forense: Estudia las pistas que llevan a la causa de la muerte presentes en el cuerpo como un fenómeno médico.

Peritaje caligráfico: Permite establecer la autenticidad de documentos, mediante estudio de trazos de escritura o firmas, análisis de tinta, papel o impresiones de máquinas de escribir. Se le confunde con la grafología de la que se dice que puede detectar personalidades o sexo, pero carece de suficientes estudios científicos.

Piloscopia: Por medio del estudio químico puede determinarse si el pelo en estudio se trata de pelo humano o de animal, así como otras características.

Psicología forense: Comprende un amplio rango de prácticas que involucran principalmente evaluaciones de capacidad de los acusados, informes a jueces y abogados y testimonio en juzgados sobre temas determinados

Química forense: En esta importante especialidad se aplican todos los conocimientos y técnicas químicas con objeto de conocer la naturaleza de cualquier sustancia o elemento. Su participación en la investigación es multi e interdisciplinaria con otras ciencias forenses.

Toxicología forense: Puede ser aplicada en sujetos vivos o muertos. En personas vivas se toman muestras de orina y de sangre. En la orina puede determinarse, principalmente, la presencia de medicamentos y drogas de adicción; en la sangre puede hallarse alcohol etílico.

Gracias a la criminalística, la investigación policial se ve avalada por técnicas reconocidas e indesmentibles, basadas en el conocimiento y experimentación científica.

 

Keylogger

Un keylogger (derivado del inglés: key ('tecla') y logger ('registrador'); 'registrador de teclas') es un tipo de software o un dispositivo hardware específico que se encarga de registrar las pulsaciones que se realizan en el teclado, para posteriormente memorizarlas en un fichero o enviarlas a través de internet.

Suele usarse como malware del tipo daemon, permitiendo que otros usuarios tengan acceso a contraseñas importantes, como los números de una tarjeta de crédito, u otro tipo de información privada que se quiera obtener.

El registro de lo que se teclea puede hacerse tanto con medios de hardware como de software. Los sistemas comerciales disponibles incluyen dispositivos que pueden conectarse al cable del teclado (lo que los hace inmediatamente disponibles pero visibles si un usuario revisa el teclado) y al teclado mismo (que no se ven pero que se necesita algún conocimiento de cómo soldarlos para instalarlos en el teclado). Escribir aplicaciones para realizar keylogging es trivial y, como cualquier programa computacional, puede ser distribuido a través de un troyano o como parte de un virus informático o gusano informático. Incluso puede alterar las búsquedas en Google, creando búsquedas inexistentes y otras páginas adicionales. Se suele descargar comprimido para eludir antivirus. Se dice que se puede utilizar un teclado virtual para evitar esto, ya que sólo requiere clics del ratón. Sin embargo, las aplicaciones más nuevas también registran screenshots (capturas de pantalla) al realizarse un clic, que anulan la seguridad de esta medida. La mejor medida de esto es formatear la PC.

Funcionamiento

El registro de las pulsaciones del teclado se puede alcanzar por medio de hardware y de software usando las teclas para teclear en el teclado:

Keylogger con hardware

Son dispositivos disponibles en el mercado que vienen en tres tipos:

Adaptadores en línea que se intercalan en la conexión del teclado, tienen la ventaja de poder ser instalados inmediatamente. Sin embargo, mientras que pueden ser eventualmente inadvertidos se detectan fácilmente con una revisión visual detallada.

Dispositivos que se pueden instalar dentro de los teclados estándares, requiere de habilidad para soldar y de tener acceso al teclado que se modificará. No son detectables a menos que se abra el cuerpo del teclado.

Keylogger con software

Contrariamente a las creencias populares, el código de un keylogger por software es simple de escribir, con un conocimiento básico de la API proporcionada por el sistema operativo objetivo. 

Los keyloggers de software se dividen en:

Basado en núcleo: este método es el más difícil de escribir, y también de combatir. Tales keyloggers residen en el nivel del núcleo y son así prácticamente invisibles. Derriban el núcleo del sistema operativo y tienen casi siempre el acceso autorizado al hardware que los hace de gran alcance. Un keylogger que usa este método puede actuar como driver del teclado, por ejemplo, y accede así a cualquier información registrada en el teclado mientras que va al sistema operativo.

Enganchados: estos keyloggers registran las pulsaciones de las teclas del teclado con las funciones proporcionadas por el sistema operativo. El sistema operativo activa el keylogger en cualquier momento en que se presione una tecla, y realiza el registro.

Métodos creativos: aquí el programador utiliza funciones como GetAsyncKeyState, GetForegroundWindow, etc. Estos son los más fáciles de escribir, pero como requieren la revisión del estado de cada tecla varias veces por segundo, pueden causar un aumento sensible en uso de la CPU y pueden ocasionalmente dejar escapar algunas pulsaciones del teclado.

Protección

En algunas computadoras podemos darnos cuenta si están infectadas por un keylogger (dependiendo de la velocidad y uso de CPU de nuestro procesador) por el hecho de que el programa registrará cada una de nuestras teclas de la siguiente manera: FicheroLog = FicheroLog + UltimaTecla, este evento será ejecutado por el keylogger cada vez que el usuario presione una tecla. Si bien este evento no será una carga relevante para nuestro procesador si se ejecuta a una velocidad normal, pero si mantienes unas 10 teclas presionadas por unos 30 segundos con la palma de tu mano y tu sistema se congela o su funcionamiento es demasiado lento podríamos sospechar que un keylogger se ejecuta sobre nuestro computador.

Otro signo de que un keylogger se está ejecutando en nuestro computador es el problema de la tilde doble (´´) al presionar la tecla para acentuar vocales, salen dos tildes seguidas y la vocal sin acentuar. Esto ocurre en keyloggers configurados para otros idiomas.

Anti-spyware

Los programas Anti-spyware pueden detectar diversos keyloggers y limpiarlos. Vendedores responsables de supervisar la detección del software apoyan la detección de keyloggers, así previniendo el abuso del software.

Firewall

Habilitar un cortafuegos o firewall puede salvar el sistema del usuario no solo del ataque de keyloggers, sino que también puede prevenir la descarga de archivos sospechosos, troyanos, virus, y otros tipos de malware.

Monitores de red

Los monitores de red (llamados también cortafuegos inversos) se pueden utilizar para alertar al usuario o usuaria cuando el keylogger use una conexión de red. Esto da al usuario la posibilidad de evitar que el keylogger envíe la información obtenida a terceros.

Software anti-keylogging

El software para la detección de keyloggers está también disponible. Este tipo de software graba una lista de todos los keyloggers conocidos. Los usuarios legítimos del PC pueden entonces hacer, periódicamente, una exploración de esta lista, y el software busca los artículos de la lista en el disco duro. Una desventaja de este procedimiento es que protege solamente contra los keyloggers listados, siendo vulnerable a los keyloggers desconocidos o relativamente nuevos. Incluso Microsoft ha admitido públicamente que el sistema operativo Windows 10 tiene un keylogger integrada en su versión final "para mejorar los servicios de entrada y de la escritura". En el caso de Windows 10 y keylogging, basta con cambiar algunos parámetros de privacidad en su ordenador.

Femtocelda

En telecomunicaciones, una femtocelda es una estación base pequeña en tamaño y potencia, diseñada para el uso en hogares o negocios. Normalmente, se conecta a la red del proveedor de servicio a través de una conexión de banda ancha cableada, típicamente DSL o cable.

 

Una femtocelda permite a los operadores de servicio extender su cobertura en interiores, y además permite que se liberen canales de comunicación en las estaciones base cercanas a ella.

 

La femtocélula incorpora la funcionalidad de una típica estación base, pero la amplía para permitir un despliegue más sencillo y autónomo. Un femtocelda UMTS contiene un Nodo B (la estación base propiamente dicha junto con un enlace troncal, normalmente ADSL. Aunque mucha atención se centra en UMTS, el concepto es aplicable a todos los estándares, incluidos GSM, CDMA2000, TD-SCDMA WiMAX y Wi-Fi.

 

Desde el punto de vista del cliente, una femtocelda ofrece mejoras en la cobertura del servicio móvil y una mejora en la calidad de las llamadas, a un coste de utilización de la infraestructura de acceso de banda ancha del cliente. Desde el punto de vista del operador, femtocelda permite la liberación de recursos de red y la consiguiente mejora en la calidad de servicio percibida por el cliente, lo que repercute en una disminución de la tasa de cancelación de clientes.

 

Al redirigir los servicios móviles a través de una red fija de banda ancha, las femtoceldas se convierten en una alternativa para la implementación de convergencia fijo-móvil. La mayoría de sistemas convergentes fijo-móvil requieren un terminal dual que trabaja en bandas no licenciadas con puntos de acceso normalmente ya existentes. Las femtoceldas, por el contrario, no necesitan un terminal dual, pero requieren de un nuevo punto de acceso que trabaja en espectro licenciado.

 

Despliegue

Según la firma de estudios de mercado Informa y el Femto Forum, a diciembre de 2010, 18 operadores han lanzado servicios comerciales de femtoceldas, con un total de 30 comprometidos con el despliegue.

 

A finales de 2011, los envíos de femtoceldas habían llegado a unos 2 millones de unidades implantadas cada año, y se espera que el mercado crezca rápidamente con distintos segmentos de consumidores, empresas, y los despliegues de femtoceldas carrier-grade Se estima que los embarques de femtoceldas llegaron a casi 2.000.000 a finales de 2010. La firma de investigación Berg Insight estima que los envíos crecerán hasta 12 millones de unidades en todo el mundo en 2014

 

Una femtocelda es un punto de acceso inalámbrico que mejora la recepción de celular dentro de una casa o un edificio de oficinas.

 

El dispositivo, que se asemeja a un router inalámbrico, actúa esencialmente como un repetidor. El dispositivo se comunica con el teléfono móvil y convierte las llamadas de voz en paquetes de voz sobre IP (VoIP). Los paquetes se transmiten luego sobre una conexión de banda ancha hacia los servidores del operador móvil.

 

Las femtoceldas son compatibles con dispositivos de telefonía móvil CDMA2000, WiMAX o UMTS, utilizando el propio espectro licenciado del proveedor para operar. Típicamente, las femtoceldas orientadas al consumidor soportarán no más de cuatro usuarios activos, mientras que las femtoceldas de nivel empresarial pueden soportar hasta 16 usuarios activos.

  

El nombre de femtoceldas se derivó de “celular” y “femto”, un prefijo métrico que representa 10^-15a, o una cuadrillonésima, seis órdenes de magnitud más pequeñas que el nano. Las femtoceldas fueron llamadas originalmente estaciones base de punto de acceso. El desarrollo de las femtoceldas se atribuye, en parte, a la labor de un equipo de ingenieros autónomo en Motorola en el Reino Unido, donde crearon la estación base UMTS de potencia completa más pequeña del mundo.

 

 

Sería entonces válido preguntar sobre la seguridad del uso de las Femtoceldas.

Honeypot

Un honeypot, o sistema trampa o señuelo, es una herramienta de la seguridad informática dispuesto en una red o sistema informático para ser el objetivo de un posible ataque informático, y así poder detectarlo y obtener información del mismo y del atacante.

 

La característica principal de este tipo de programas es que están diseñados no solo para protegerse de un posible ataque, sino para servir de señuelo invisible al atacante, con objeto de detectar el ataque antes de que afecte a otros sistemas críticos. El honeypot, sin embargo, puede estar diseñado con múltiples objetivos, desde simplemente alertar de la existencia del ataque u obtener información sin interferir en el mismo, hasta tratar de ralentizar el ataque —sticky honeypots— y proteger así el resto del sistema.

De esta forma se tienen honeypots de baja interacción, usados fundamentalmente como medida de seguridad, y honeypots de alta interacción, capaces de reunir mucha más información y con fines como la investigación.

 

Si el sistema dispuesto para ser atacado forma toda una red de herramientas y computadoras dedicadas en exclusiva a esta tarea se le denomina honeynet.

 

Definición del término

El término honeypot significa en inglés, literalmente, «tarro de miel». Sin embargo, los angloparlantes han usado el término para referirse a otras cosas, relacionando siempre de manera eufemística o sarcástica esas otras cosas con un tarro de miel.

 

Así, han usado el término honeypot para referirse a algo tentador que resulta ser una trampa, como en castellano lo es en la fábula de Félix María Samaniego, Las moscas (fragmento):

 

A un panal de rica miel

dos mil moscas acudieron

que por golosas murieron

presas de patas en él.

Félix María Samaniego, Fábula XI

 

Spam honeypots

Los spammers abusan de recursos como los servidores de correo abiertos y los proxies abiertos. Algunos administradores de sistemas han creado honeypots que imitan este tipo de recursos para identificar a los presuntos spammers.

 

Algunos honeypots de este estilo incluyen Jackpot, escrito en Java por Jack Cleaver; smtpot.py, escrito en Python por Karl Krueger[4] y spamhole escrito en C

 

Honeypots de seguridad

Programas como Deception Toolkit de Fred Cohen se disfrazan de servicios de red vulnerables. Cuando un atacante se conecta al servicio y trata de penetrar en él, el programa simula el agujero de seguridad pero realmente no permite ganar el control del sistema. Registrando la actividad del atacante, este sistema recoge información sobre el tipo de ataque utilizado, así como la dirección IP del atacante, entre otras cosas.

 

Honeynet Project es un proyecto de investigación que despliega redes de sistemas honeypot (HoneyNets) para recoger información sobre las herramientas, tácticas y motivos de los criminales informáticos.

PenTBox Security Suite es un proyecto que desarrolla una Suite de Seguridad Informática. Dentro de los programas que la engloban está disponible un Honeypot configurable de baja interacción. El proyecto es multiplataforma, programado en Ruby y está licenciado bajo GNU/GPL.

 

Investigación periodística

En 2006, la BBC realizó una investigación para determinar la incidencia de ataques que podría sufrir un ordenador típico. En una primera fase, consistente en simplemente registrar el número y tipo de ataques, los resultados fueron que cada 15 minutos, de media, el ordenador recibía spam «molesta», típicamente ofertas fraudulentas para mejorar la seguridad del ordenador. Sin embargo, cada hora, de media, el ordenador recibía ataques más serios, de gusanos informáticos tipo SQL Slammer y MS.Blaster.

 

La segunda fase de la investigación consistía en dejar entrar el adware y spyware para ver sus eventuales efectos en el ordenador. El resultado fue que, de tratarse de un ordenador cualquiera en un hogar normal, hubiera quedado totalmente insegura e inservible.

 

Ingeniería social (seguridad informática) término empleado en seguridad informática

Ingeniería social (seguridad informática)

término empleado en seguridad informática

 

La Ingeniería social es la práctica de obtener información confidencial a través de la manipulación de usuarios legítimos. Es una técnica que pueden usar ciertas personas para obtener información, acceso o privilegios en sistemas de información  que les permitan realizar algún acto que perjudique o exponga la persona u organismo comprometido a riesgo o abusos.

 

El principio que sustenta la ingeniería social es el que en cualquier sistema "los usuarios son el eslabón débil".

 

En la práctica, un ingeniero social usará comúnmente el teléfono o Internet para engañar a la gente, fingiendo ser, por ejemplo, un empleado de algún banco o alguna otra empresa, un compañero de trabajo, un técnico o un cliente. Vía Internet se usa, adicionalmente, el envío de solicitudes de renovación de permisos de acceso a páginas web o correos electrónicos falsos que solicitan respuestas e incluso las famosas cadenas, llevando así a revelar sus credenciales de acceso o información sensible, confidencial o crítica.

 

Con este método, los ingenieros sociales aprovechan la tendencia natural de la gente a reaccionar de manera predecible en ciertas situaciones, –por ejemplo proporcionando detalles financieros a un aparente funcionario de un banco– en lugar de tener que encontrar agujeros de seguridad en los sistemas informáticos.

 

La ingeniería Social está definida como un ataque basado en engañar a un usuario o administrador de un sitio en la internet, para poder ver la información que ellos quieren.

Se hace para obtener acceso a sistemas o información útil.

Los objetivos de la ingeniería social son fraude, intrusión de una red.

 

Pretextos 

El pretexto es la creación de un escenario inventado para llevar a la víctima a revelar información personal o a actuar de una forma que sería poco común en circunstancias normales. Una mentira elaborada implica a menudo una investigación previa de la víctima para conseguir la información necesaria, y así llevar a cabo la suplantación (por ejemplo, la fecha de nacimiento, el número de la Seguridad Social, datos bancarios, etc.) y hacerle creer que es legítimo.

 

El pretexto también se puede utilizar para suplantar a compañeros de trabajo, a la policía, al banco, a autoridades fiscales o cualquier otra persona que podría haber percibido el derecho a la información en la mente de la víctima. El "pretexter" simplemente debe preparar respuestas a preguntas que se puede plantear la víctima. En algunos casos, todo lo que necesita es una voz que inspire autoridad, un tono serio y la capacidad de improvisar para crear un escenario pretextual.

 

Redes Sociales 

Uno de los factores más peligrosos, es la creciente tendencia por parte de los usuarios, principalmente los más jóvenes, a colocar información personal y sensible en forma constante. Desde imágenes de toda su familia, los lugares que frecuentan, gustos personales y relaciones amorosas. Las redes sociales proveen de mucha información a un delincuente para que realice un ataque, como para robar tu identidad o en el menor de los casos ser convincente para tener empatía.

 

Phishing 

Quizá el ataque más simple pero muy efectivo sea engañar a un usuario llevándolo a pensar que un administrador del sistema está solicitando una contraseña para varios propósitos legítimos. Los usuarios de sistemas de Internet frecuentemente reciben mensajes que solicitan contraseñas o información de tarjeta de crédito, con el motivo de "crear una cuenta", "reactivar una configuración", u otra operación benigna; a este tipo de ataques se los llama phishing (se pronuncia igual que fishing, pesca). Los usuarios de estos sistemas deberían ser advertidos temprana y frecuentemente para que no divulguen contraseñas u otra información sensible a personas que dicen ser administradores.

 

Otro ejemplo contemporáneo de un ataque de ingeniería social es el uso de archivos adjuntos en correos electrónicos, ofreciendo, por ejemplo, fotos "íntimas" de alguna persona famosa o algún programa "gratis" (a menudo aparentemente provenientes de alguna persona conocida) pero que ejecutan código malicioso (por ejemplo, usar la máquina de la víctima para enviar cantidades masivas de spam). Ahora, después de que los primeros correos electrónicos maliciosos llevaran a los proveedores de software a deshabilitar la ejecución automática de archivos adjuntos, los usuarios deben activar esos archivos de forma explícita para que ocurra una acción maliciosa. Muchos usuarios, sin embargo, abren casi ciegamente cualquier archivo adjunto recibido, concretando de esta forma el ataque.

 

La ingeniería social también se aplica al acto de manipulación cara a cara para obtener acceso a los sistemas informáticos. Otro ejemplo es el conocimiento sobre la víctima, a través de la introducción de contraseñas habituales, lógicas típicas o conociendo su pasado y presente; respondiendo a la pregunta: ¿Qué contraseña introduciría yo si fuese la víctima?

 

La principal defensa contra la ingeniería social es educar y entrenar a los usuarios en el uso de políticas de seguridad y asegurarse de que estas sean seguidas.

 

Uno de los ingenieros sociales más famosos de los últimos tiempos es Kevin Mitnick. Según su opinión, la ingeniería social se basa en estos cuatro principios:

 

Todos queremos ayudar.

El primer movimiento es siempre de confianza hacia el otro.

No nos gusta decir No.

A todos nos gusta que nos alaben.

 

Vishing 

El vishing consiste en realizar llamadas telefónicas encubiertas bajo encuestas con las que también se podría sacar información personal de forma que la víctima no sospeche.

 

Por este motivo debemos tener cuidado y no proporcionar información personal aunque se trate de nuestra compañía de móvil, electricidad o agua (entre otras), ya que podría ser un hacker que haya elegido casualmente la nuestra.

 

Baiting 

En este caso se utiliza un dispositivo de almacenamiento extraíble (CD, DVD, USB) infectado con un software malicioso, dejándolo en un lugar en el cual sea fácil de encontrar (por ejemplo, baños públicos, ascensores, aceras, etc.). Cuando la víctima encuentre dicho dispositivo y lo introduzca en su ordenador, el software se instalará y permitirá que el hacker obtenga todos los datos personales del usuario.

 

Quid pro quo 

Quid pro quo significa "algo por algo". El atacante llama a números aleatorios en una empresa, alegando estar llamando de nuevo desde el soporte técnico. Esta persona informará a alguien de un problema legítimo y se ofrecerá a ayudarle, durante el proceso conseguirá los datos de acceso y lanzará un malware.

 

En una encuesta de seguridad de la información de 2003, el 90% de los trabajadores de una oficina dieron a los atacantes lo que ellos afirmaban ser su contraseña en respuesta a una pregunta de la encuesta a cambio de una pluma. Estudios similares en años posteriores obtuvieron resultados similares utilizando chocolates y otros señuelos baratos, aunque no intentaron validar las contraseñas.

 

Ingenieros sociales notables 

 

Kevin Mitnick 

El informático y asesor de seguridad, Kevin Mitnick, señala que es mucho más fácil engañar a alguien para que facilite la contraseña de acceso a un sistema que esforzarse en intentar entrar en dicho sistema.

 

Christopher Hadnagy 

Es el profesional de seguridad que escribió el primer marco que define los principios físicos y psicológicos de la ingeniería social. Es más conocido por sus libros, podcast y por ser el creador de la DEF CON Social Engineer Capture the Flag y del Social Engineer CTF for Kids.

 

Michael Ridpath 

Consultor de seguridad, autor y orador. Enfatiza técnicas y tácticas para la ingeniería social de "llamadas en frío" (cold calling). Se hizo notable después de dar charlas donde reproducía llamadas registradas y demostraba en vivo lo que hacía para conseguir contraseñas.

 

David Pacios 

Creador del concepto Ingeniería Social Aplicada para distinguir casos de estafa digital y estudio del Hacking Social. Autor del libro Ingeniería Social Aplicada: Primera línea de defensa se hizo conocido por sus charlas y conferencias sobre hacking humano y comercio en Deep Web.

 

Badir Brothers 

Los hermanos Ramy, Muzher, y Shadde Badir —todos ellos ciegos de nacimiento— lograron establecer un extenso esquema de fraudes telefónicos e informáticos en Israel en los años 90 utilizando ingeniería social, personificación de la voz y computadoras con pantalla Braille.

https://lnkd.in/e2v5YxC

Multidisciplinariedad, Pluridisciplinariedad, Interdisciplinariedad y Transdisciplinariedad

Así las cosas, en este escrito se conceptualizaran estos términos de disciplinariedad basado en el esquema de Erich Jantsch, citado por Murcia y Tamayo (1982) en su libro “investigación e interdisciplinariedad”, y se ejemplificará a partir de la organización del horizonte institucional, los planes de estudios, los proyectos transversales, entre otros aspectos que legalmente deben tener las escuelas colombianas denominadas instituciones educativas y en algunos casos se especificaran ejemplo de algunos de estos tipos de disciplinariedad con procesos que aún se desarrollan al interior de Escuelas Normales Superiores (ENS) del país. Para mejor comprensión de estos conceptos, se mostraran, esquemas que en forma secuencial ayudarían a entender los ejemplos citados.

 

En ese orden de ideas, al conceptualizar multidisciplinariedad como un “conjunto de disciplinas que se proponen simultáneamente pero sin hacer aparecer explícitamente las relaciones que pueden existir entre ellas” (Murcia y Tamayo, 1982, p.45), evidencia así un sistema de un solo nivel y con objetivos múltiples sin ninguna cooperación, lo que a manera de ejemplo eses disciplinas representaría en el plan de estudio que presentan las escuelas en Colombia las nueve áreas obligatorias y fundamentales para básica y doce áreas para media (Art.23 y 31, ley 115/94): 1. Ciencias naturales y educación ambiental, 2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia, 3. Educación artística, 4. Educación ética y en valores humanos, 5. Educación física, recreación y deportes, 6. Educación religiosa, 7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros, 8. Matemáticas y 9. Tecnología e informática; donde cada una de ella tiene un propósito para el logro de los objetivos en el nivel de educación básica. Así mismo, para el nivel de educación media son las mismas áreas de la educación básica en un nivel más avanzado, agregándoles otras disciplinas como: 10. Ciencias económicas, 11. Ciencias políticas y 12. Filosofía; las cuales si bien fueron propuestas para alcanzar los fines de la educación en el proceso mismo se ven diluidas de manera aisladas. En conjunto se representan en el esquema1:

 

Leer más

Investigaciones Privadas

Peritos Forenses Transdisciplinarios, es una entidad acreditada, con actividad Profesional y Empresarial, que ofrece sus servicios en la República Mexicana, cumpliendo y apegándose en todo momento, a los principios normativos, jurídicos y éticos de las Instituciones, tanto públicas como privadas a las que damos servicio, dedicándonos a la prestación de Servicios Transdisciplinarios, como lo es el Área de Investigaciones Privadas. Dicha actividad, declarada y debidamente registradas dentro del SAT Sistema de Administración Tributaria, dependiente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contando con el registro correspondiente ante dicha dependencia y por consiguiente, nos encontramos en la posibilidad de entregar los comprobantes fiscales sobre la actividad requerida. 

 

LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DEL DEFENSOR ALTERNOS A LOS DE LA FISCALÍA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN.

  

Una de las partes más importantes del proceso Penal Acusatorio y Oral, es sin duda la del Defensor, el cual debe tener una labor activa en todas las etapas del proceso, desde la investigación hasta el juicio oral, por que el Código Nacional de Procedimientos Penales le establece una sería de obligaciones, misma que se encuentran previstas en su artículo 117, las cuales, lejos de ser obligaciones en estricto sentido, son más bien facultades en sentido amplio, conferidas exclusivamente para un mejor y libre actuar de defensa en pro del representado. Dentro de estas "obligaciones" existe la de RECABAR Y OFRECER LOS MEDIOS DE PRUEBA NECESARIOS PARA LA DEFENSA, la en correlación e interpretación con el Principio de Igualdad entra las Partes, previsto en nuestro artículo 11 del mismo Código Penal Adjetivo, debe de entenderse como la facultad que tenemos y estamos obligados todos los defensores con respecto a una Investigación alterna, es decir; la propia investigación a la que debe estar obligado el defensor a realizar, desde la etapa de investigación hasta la etapa intermedia, dónde vaya incorporado sus actos de investigación de defensa, mismo que dependiendo el momento de procesal serán sus datos de prueba o medios de prueba, los cuales podrá o no compartir con la fiscalía, esto dependiendo en qué momento de la investigación o del proceso se situé, además de que tendrá total derecho de compartir sólo aquellos datos o medios de prueba que le convengan a su teoría del caso y que piense llevar a Juicio Oral, y jamás estará obligado a compartir con la fiscalía un dato o medios de prueba que pudiere ser perjudicial a su teoría del caso, ni tampoco registrarlo en la Carpeta de Investigación de cargo o someterlo previo a su descubrimiento a la óptica o consideración de la fiscalía para que esté valore si idoneidad y pertinencia, pues la obligación de dejar registro de los actos de investigación en la carpeta correspondiente, sólo corresponde al Ministerio Público y a la Policía, no al imputado o su defensa, por lo que ningún Juez de Control debe restarle valor probatorio a los datos o medios del prueba, por no haber sido llevado a través del Representante Social o por no encontrase dentro de la Carpeta de Investigación de cargo, siempre y cuando hubieren sido obtenidos lícita y legalmente por parte de la Defensa y sean compartidos a la fiscalía en el momento procesal oportuno, ya de los contrario trastocaría y/o violaría el principio de Igualdad entre las partes y afectaría la correcta, libre y adecuada defensa técnica, ya que la acusación y la prueba de culpabilidad corresponden al Ministerio Público, pero no a costa de las pruebas obtenidas por la defensa, sino única y exclusivamente las obtenidas por cargo. 

 

Época: Décima Época 

Registro: 2014421 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Publicación: viernes 02 de junio de 2017 10:08 h 

Materia(s): (Común, Penal) 

Tesis: I.1o.P.54 P (10a.) 

 

MEDIOS DE PRUEBA EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE CONTROL EXCLUYA LOS QUE OFRECIÓ EL IMPUTADO PARA JUSTIFICAR SU VERSIÓN DEFENSIVA O TEORÍA DEL CASO, POR NO TENERSE REGISTROS DE ÉSTOS EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, POR AFECTAR EL DERECHO DE DEFENSA ADECUADA Y TRASCENDER AL RESULTADO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA.

 

Del artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que la obligación de dejar registro de los actos de investigación en la carpeta correspondiente, sólo corresponde al Ministerio Público y a la Policía, no al imputado o su defensa. Por su parte, el diverso 340, penúltimo párrafo (vigente hasta el 17 de junio de 2016), tampoco precisó ese requerimiento desde el descubrimiento probatorio, pues éste se satisface con el anuncio e individualización de los medios de prueba y sería incongruente con lo señalado en el sentido de que el informe pericial pudiera ser entregado a más tardar el día de la celebración de la audiencia intermedia. Asimismo, no habría razón de que se ordenara a la defensa entregar al representante social los registros con los que cuente, como se indica en el primer párrafo del artículo 337 del código referido, pues este último tiene acceso a dicha carpeta y podría acceder a ellos. Además, en observancia al principio de no autoincriminación, la defensa no podría proporcionar los medios de prueba -mediante los registros en la carpeta de investigación- para que de ellos la contraparte deduzca pruebas de cargo, pues ello constituiría una violación a dicho axioma; es más, la acusación y la prueba de culpabilidad corresponden al Ministerio Público, pero no a costa de las pruebas obtenidas por la defensa; y aunque esta interpretación pudiera representar una desigualdad procesal, se encuentra justificada constitucionalmente, porque el derecho de defensa es para el acusado, no para el acusador. Por tanto, si el Juez de control excluye en la audiencia intermedia los medios de prueba que ofreció el imputado o su defensa para justificar su versión defensiva o teoría del caso, por el hecho de que no se tiene registros de éstos en la carpeta de investigación, debe concederse el amparo con fundamento en los numerales 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo, para que la Sala responsable: a) declare la nulidad de la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento, de acuerdo con el artículo 101 del código adjetivo invocado, y determine que ha lugar a la reposición del procedimiento -parcial- conforme al artículo 482, fracción III, de dicho ordenamiento, dado que esta actuación violenta el derecho de defensa adecuada del quejoso y trasciende al resultado de la sentencia condenatoria dictada por el tribunal de enjuiciamiento, por haber sido condenado por el delito que se le imputó, señalándose que no justificó su postura alterna; b) ordene que en el auto de apertura a juicio se incluyan los medios de prueba indebidamente excluidos y sea el mismo tribunal de enjuiciamiento el que continúe con la audiencia de juicio para el desahogo de dichos medios de prueba, a efecto de no violentar los principios de inmediación y objetividad, establecidos en los artículos 20, apartado A, fracciones II y IV, constitucional y 9o. del código invocado; y, c) en su momento, con libertad de jurisdicción, determine lo que corresponda; en la inteligencia de que la reposición no afecta los medios de prueba del Ministerio Público desahogados en el juicio oral, por no advertirse violación a algún derecho humano en cuanto a estas probanzas, incluso, velando por la no revictimización de la parte ofendida. En el entendido de que si se advierte una imposibilidad para integrar el tribunal de enjuiciamiento con los mismos titulares -por una cuestión de fuerza mayor- deberá llevarse a cabo en su integridad la audiencia de juicio oral.

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

 

Amparo directo 284/2016. 8 de marzo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Sarabia Ascencio. Secretario: Daniel Marcelino Niño Jiménez.

 

Tesis publicada el viernes 02 de junio de 2017 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

 

Peritos Forenses Transdisciplinarios - Servicios de Seguridad

Peritos Forenses Transdisciplinarios, como unidad integradora y entidad comercializadora, ofrece el servicio de compra-venta de insumos, consumibles y accesorios de todo tipo de material de seguridad física, electrónica y virtual y de artículos misceláneos entre otros, así como la prestación de servicios profesionales, científicos y técnicos y de mantenimiento correctivo y preventivo en la materia, provocando con esto, la disminución de pérdidas y la prevención de actos ilícitos, así como la detección de puntos vulnerables, evitando intrusiones no autorizada en las áreas probablemente comprometidas, ademas de la investigación, protección y custodia estratégica no armada, discreta, preventivarestrictiva y sin fuga de información, brindado la asesoría y capacitación necesarias para el logro del objetivo, poniendo énfasis en la prevención y detección de riesgos de seguridad de personas de interés, así como el rastreo y localización tanto física como virtual de personas con las que, de alguna manera, se ha perdido el contacto; Además de la ubicación y localización informática de datos de interés para el logro de los objetivos. Todo esto dentro de la legalidad normativa legal y jurídica, marcada por nuestra actual Legislación vigente en la materia y con el irrestricto respeto de los Derechos Humanos. 

Peritos Forenses Transdisciplinarios - Servicios en Informática

Peritos Forenses Transdisciplinarios ofrece el servicio de comercialización, compra-venta de insumos, consumibles y accesorios de todo tipo de material informático, de computación, de seguridad electrónica y de artículos misceláneos entre otros, así como la prestación de servicios profesionales, científicos y técnicos y de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de cómputo.

Peritos Forenses Transdisciplinarios - Servicios

Peritos Forenses Transdisciplinarios, es una entidad acreditada, con actividad Profesional y Empresarial, que ofrece sus servicios en la República Mexicana, cumpliendo y apegándose en todo momento, a los principios normativos, jurídicos y éticos de las Instituciones, tanto públicas como privadas a las que damos servicio, dedicándonos a la prestación de Servicios Transdisciplinarios, como lo es el Área de Informática y Área de Seguridad; Dichas actividades, declaradas y debidamente registradas dentro del SAT Sistema de Administración Tributaria, dependiente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contando con el registro correspondiente ante dicha dependencia y por consiguiente, nos encontramos en la posibilidad de entregar los comprobantes fiscales correspondiente a la actividad requerida. 

Finder

Se le define a toda aquella persona que tiene como objetivo: Investigar, recopilar, seleccionar, organizar y almacenar información de valor, que ayudará a personas u organizaciones en la toma de decisiones y que es contratada con ese objetivo, a fin de entregar resultados óptimos y objetivos a la brevedad posible. 

Análisis de riesgo informático

El análisis de riesgos informáticos es un proceso que comprende la identificación de activos informáticos, sus vulnerabilidades y amenazas a los que se encuentran expuestos así como su probabilidad de ocurrencia y el impacto de las mismas, a fin de determinar los controles adecuados para aceptar, disminuir, transferir o evitar la ocurrencia del riesgo.

 

Teniendo en cuenta que la explotación de un riesgo causaría daños o pérdidas financieras o administrativas a una empresa u organización, se tiene la necesidad de poder estimar la magnitud del impacto del riesgo a que se encuentra expuesta mediante la aplicación de controles. Dichos controles, para que sean efectivos, deben ser implementados en conjunto formando una arquitectura de seguridad con la finalidad de preservar las propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los recursos objetos de riesgo.

Dictamen en Procesos Administrativos

Proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común: aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con los que cuenta la organización para hacerla efectiva, para sus stakeholders y la sociedad.

Concepto

En primer lugar cabe preguntar ¿qué es proceso?

Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. 

Y ¿qué se entiende por administración?

Administración: Ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través de un esfuerzo humano coordinado. 

Entendido esto, se tiene entonces que:

El proceso administrativo es la herramienta que se aplica en las organizaciones para el logro de sus objetivos y satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales. Si los administradores o gerentes de una organización realizan debidamente su trabajo a través de una eficiente y eficaz gestión, es mucho más probable que la organización alcance sus metas; por lo tanto, se puede decir que el desempeño de los gerentes o administradores se puede medir de acuerdo con el grado en que éstos cumplan con el proceso administrativo. 

Origen

El paradigma del proceso administrativo y de las áreas funcionales fue desarrollado por Henri Fayol (1916). Aunque todavía se discuta si la administración es una ciencia o, por el contrario, es arte, desde una perspectiva funcionalista se afirma que la función básica de la administración, como práctica, es la de seleccionar objetivos apropiados y dirigir a la organización hacia su logro. Lo anterior implica definir la administración como un proceso que, como tal, requiere de la ejecución de una serie de funciones. Fayol describió las actividades administrativas como compuestas por las funciones de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

La prueba pericial de la LEC frente a una futura armonización en Europa. Diferencias con otros sistemas procesales

Ha pasado ya tiempo desde la modificación de nuestra la Ley de Enjuiciamiento Civil, que provocó un cambio extraordinario en la regulación de la prueba pericial. Por de pronto, la noción de perito judicial se transformó radicalmente, de manera que del experto único e casi incontestable en la antigua ley rituaria, se pasó al perito aportado por la parte y con la posibilidad, totalmente admitida por la propia LEC, de evidenciar una contradicción y una crítica de pareceres técnicos. Por tanto, el enfrentamiento pericial, que antes era despreciado y hasta mal visto deontológicamente, se convierte ahora en algo habitual y aceptado en la actuación de cualquier perito forense.

 

Personalmente, me sorprende que nuestro legislador del año 2000 fuera tan atrevido y modificara de raíz la regulación de la prueba pericial civil, decidiendo reducir drásticamente la facultad de control de juez en el iter de la prueba, y trasladando a la parte privada civil la obligación, ex art. 336 LEC (LA LEY 58/2000), de aportar y de decidir de forma casi exclusiva el objeto de la prueba a desarrollar por parte del perito (sin perjuicio de lo que acontecerá en sede de Audiencia Previa), así como designar al experto que la va a elaborar, presentar y defender ante el foro. Es lo yo me he atrevido a llamar como la «privatización» de la prueba pericial en el ámbito judicial de la nueva LEC (LA LEY 58/2000).

 

Una muestra de la falta de control jurisdiccional en la decisión de aportar o no una prueba pericial al proceso civil y sobre el alcance de la misma nos la da el tan comentado art. 429 LEC (LA LEY 58/2000), en el que si el juez aprecia una insuficiencia en la prueba aportada, sólo queda facultado para sugerir a las partes que propongan otras, pero sin quedar autorizado a acordar ex officio aquellas pruebas que él considere pertinentes o necesarias para llegar a una sentencia con el necesario o suficiente fundamento.

 

La sorpresa también me surge al constatar que la regulación de «Dictamen de peritos» de la LEC 2000 (LA LEY 58/2000) se aparta considerablemente de las legislaciones de aquellos países de nuestro entorno europeo que tienen una tradición jurídica similar a la nuestra.

 

Mi reciente participación en el proyecto europeo cofinanciado por la Comisión Europea denominado EUROPEAN GUIDE FOR LEGAL EXPERTISE (EGLE), liderado por el EUROPEAN EXPERTISE AND EXPERT INSTITUTE, y como representante del Consejo General de Peritos judiciales y colaboradores con la Administración de Justicia, proyecto que ha culminado con la publicación de la GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA PERICIA JUDICIAL CIVIL EN LA UNIÓN EUROPEA a finales del pasado año 2015, me dio la oportunidad de tratar con magistrados, abogados, profesores universitarios y peritos de diferentes países europeos. Durante nuestros vivos debates sobre la mejor manera de abordar la cuestión de la prueba pericial y del perito judicial en Europa para elaborar la referida Guía de buenas prácticas, en aras a armonizar, en un futuro no muy lejano, la regulación de esta actividad en Europa, mis colegas europeos se mostraban extrañados al comprobar que la legislación procesal española no otorga al juez civil la posibilidad de controlar la prueba pericial de una manera absoluta y desde el principio, y de que la función del magistrado sometido a la LEC se circunscribe, principalmente, a hacer una valoración en sentencia de la prueba presentada por las partes.

 

Durante estas reuniones europeas también causó perplejidad el escaso número de designas estrictamente judiciales derivadas del art. 339 LEC (LA LEY 58/2000) frente al gran número de dictámenes periciales de designa privada que se aportan por cualquiera de las partes al procedimiento civil. Esta perplejidad se debe a que en las regulaciones procesales de la gran mayoría de países europeos, la prueba pericial sigue estando en manos del juez, que es quien dirige, propone (junto a las partes), dispone, controla, enmienda, rechaza, amplia, disminuye, según considere más útil para el caso concreto, y necesario para obtener la convicción sobre el objeto de la contienda judicial que él debe dirimir.

 

Francia es un buen ejemplo para constatar esta gran diferencia con nuestra regulación adjetiva: en el país vecino, «l’expert de justice» es sinónimo de «l’expert du juge», lo que ya da una idea de cuál es la participación del juez civil en lo que a prueba pericial se refiere.

 

Veamos algunos artículos del Código de procedimiento civil francés para comprobar cuán diferente es nuestro sistema procesal a los de la mayoría de países europeos:

 

Article 3: Le juge veille au bon déroulement de l’instance; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires. El juez vela por el buen desarrollo de la instancia; tiene el poder de establecer los términos y de ordenar las medidas necesarias.

 

Article 10: Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admisibles. El juez tiene el poder de ordenar de oficio todas las medidas de instrucción legalmente admisibles

 

Article 143: «Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible». Los hechos de los que depende la solución del litigio, pueden, a solicitud de las partes o de oficio, ser el objeto de toda medida de instrucción legalmente admisible.

 

Article 144: Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer». Las medidas de institución pueden ser ordenadas, en cualquier caso, en el momento en que el juez no dispone de elementos suficientes para pronunciarse.

 

Article 147: Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce (LA LEY 2500/1978) qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. El juez debe limitar la elección de la medida a lo que se ajusta a la solución del litigio, ajustándose a acordar adoptar lo que es más sencillo o menos oneroso.

 

Article 148: Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d’exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées. El juez podrá conjugar varias medidas de instrucción. Puede, en todo momento o incluso en periodo de ejecución, decidir de unir cualquier otra medida necesaria a las que ya han sido acordadas.

 

Article 149 : Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. El juez puede en todo momento ampliar o restringir la extensión de las medidas prescritas.

 

Ciertamente, cada uno de estos artículos merecería, por sí solos, un comentario extenso si los comparamos con los preceptos homólogos de nuestro sistema procesal. En cualquier caso, la diferencia principal es que en Francia, el juez civil tiene un poder de decisión muchísimo más amplio sobre la prueba pericial que el que se le otorga en nuestra LEC.

 

Teniendo en cuenta que la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea se ha propuesto para los próximos años llevar a cabo una armonización en el ámbito de la prueba pericial en Europa, de manera que un dictamen pericial realizado en España pueda tener capacidad probatoria ante los Tribunales de cualquier país europeo, esta voluntad de acercamiento se prevé inicialmente compleja, dado que la diversidad de legislaciones (a veces incluso contrapuestas, como es el caso de las legislaciones procesales civiles de España y Francia) puede resultar un escollo que exigirá fórmulas creativas para superar esas diferencias, hoy por hoy insalvables.

 

Un ejemplo inventado nos ayudará a entender esta problemática: Un tren que cubre el trayecto Bucarest-Paris descarrilla en Austria provocando 18 muertos y 45 heridos de diferentes nacionalidades. Ese tren transportaba coches fabricados en Bulgaria, que al llegar a París iban a seguir trayecto hasta Birmingham (Gran Bretaña), al haber sido adquiridos por un concesionario de este país. Seguramente, este accidente suscitará la elaboración de dictámenes periciales provocados por las posibles demandas judiciales que se interpongan en los diferentes países afectados, y que establecerán, por ejemplo, las lesiones de los heridos y sus secuelas, las causas técnicas del accidente (un deficiente mantenimiento del tren, de las catenarias, de las vías, una distracción del conductor, un fallo humano, eléctrico o informático, etc), los daños que el accidente ha provocado en los vehículos transportados, en las casas y edificios colindantes a las vías, etc.

 

Ante esta situación, muchas preguntas se plantean: En el caso de que un súbdito español lesionado que viajaba en ese tren decida demandar en España a su compañía de seguros por desacuerdo con el quantum indemnizatorio de su seguro de accidentes, ¿se podrá aportar a ese procedimiento civil español el informe pericial realizado por un perito designado bajo otro sistema procesal (el francés, por ejemplo) que determinaba las circunstancias del accidente? ¿Las pruebas periciales realizadas en el extranjero y siguiendo el procedimiento previsto en Francia van a tener eficacia probatoria plena en España?

 

Y a partir de aquí, surgen en cascada muchísimas otras dudas. Ese perito extranjero europeo que ha elaborado su dictamen ante un juez extranjero, ¿deberá repetir su comparecencia ante el juez civil —en este caso español— para someterse a lo que prescribe el art. 347 LEC (LA LEY 58/2000)? ¿Cómo operaría el juramento de nuestro art. 335.2 LEC (LA LEY 58/2000) referido a la objetividad para un perito extranjero, si no queda indicado en su dictamen? ¿Esto nos lleva a considerar que los dictámenes periciales presentados y emitidos en litigios de países europeos sólo podrán ser considerados como meras documentales «técnicas», sin que lleguen a tener la consideración de «Dictamen de peritos» tal y como exige nuestra LEC? ¿Serán válidos los dictámenes de designa privada aportados por las partes al proceso, cuando en muchos países de Europa, la designa de un perito deriva de la designa del propio tribunal? ¿Cómo se solventa el cumplimiento de los principios de oralidad, inmediación y contradicción que informan nuestro proceso civil, y que en algunos países no se despliegan de la misma manera?

 

No me cabe duda de que estamos ante una ardua a la vez que apasionante tarea, que requerirá aunar esfuerzos y voluntades, empezando, tal vez, por arbitrar un sistema de «prueba pericial europea» que se utilice en asuntos con afectaciones transfronterizas, lo que iría calando poco a poco en todo el espacio europeo, para acabar reconociendo validez en todos los países a aquellas pruebas periciales que provengan del marco europeo.

 

Además, este interesante proyecto de armonización en el ámbito de la prueba pericial judicial, impulsado por la Comisión Europea, pretende regular en los próximos años, el sistema de listas de los peritos que trabajan para los Tribunales, creando un estatuto que glose los derechos y obligaciones que todo experto deberá tener si pretende trabajar en el ámbito jurisdiccional.

 

En este sentido, hay que reconocer que el sistema español de listas de peritos, regulado de manera parca en el art. 341 LEC (LA LEY 58/2000), no ha funcionado correctamente, por lo que entiendo que no debería ser el ejemplo a seguir en una futura regulación europea armonizada. A modo de ejemplo, en Cataluña hay 600 juzgados —aproximadamente— y la lista de peritos dispuestos a ser designados judicialmente ronda los 8.000 inscritos, lo cual resulta una exageración, y demuestra la dificultad en ser designados. Por otro lado, no existe una obligación legal a que el perito judicial se someta a unos controles de calidad en cuanto a su preparación o experiencia, o que demuestre una formación contínua en su especialidad para poder emitir dictámenes. Tan sólo la LEC requiere que el perito posea el título oficial que corresponda a la materia de su dictamen, lo que provoca que las listas se puedan nutrir de titulados sin experiencia y sin conocimientos sobre el proceso, lo que puede llegar a entorpecer la buena marcha del proceso, además de la desconfianza que este sistema de listas puede generar en el justiciable y en los operadores jurídicos que lo utilizan.

 

Una de las posibles soluciones a esta anómala situación de las listas de peritos de designa judicial en España podría ser la organización de cursos sobre pericia judicial en sede universitaria, que acreditaran el conocimiento de aquellas competencias necesarias para actuar como experto ante los Tribunales, lo que podría considerarse como requisito adicional a la titulación ex art. 340 LEC (LA LEY 58/2000) para formar parte de las listas de peritos de designa judicial.

 

Para acabar, indicar que el sistema de listas de peritos de la LEC se encuentra en las antípodas del sistema de listas de peritos judiciales en Francia, en las que un Tribunal creado ad hoc y existente en cada Corte de apelación decide el número de peritos que se precisa para cada área en concreto. Este Tribunal aprueba o rechaza las solicitudes de los peritos, y debe renovarlas cada cinco años, en base al expediente, a la formación y a la preparación del candidato. Huelga decir que para renovar por cinco años más, el Tribunal exige al perito que se haya sometido a una formación continua de su especialidad y sobre cuestiones procesales (se valora especialmente la asistencia a congresos). Los gastos que genera esta formación continua quedan asumidos por la Administración Pública.

 

Rafael Orellana de Castro.

 

Artículo publicado en Diario La Ley, Nº 8788, Sección Tribuna, 22 de Junio de 2016, Ref. D-249, Editorial LA LEY

 

Leer más

Fotografía Forense

Es un  procedimiento por el que se consiguen imágenes permanentes sobre superficies sensibilizadas por medio de la acción fotoquímica de la luz o de otras formas de energía radiante.

En la sociedad actual la fotografía desempeña un papel importante como medio de información, como instrumento de la ciencia y la tecnología, como una forma de arte y una afición popular.

En el área forense, los informes periciales en general y en la investigación en particular deben ser comprensibles y fáciles de entender. La fotografía es el mejor elemento de apoyo para el dictamen, las imágenes deben revelar claramente los resultados obtenidos.

Por eso a la Fotografía forense se le llama la “ciencia del pequeño detalle" ya que una  fotografía suple al ojo humano y, por tanto, deben proporcionar la misma visión que se tiene al observar el objeto directamente.

Las fotografías deben cumplir los siguientes requisitos:

Posibilidad de relacionar el objeto con el entorno: fotografías panorámicas.

Visión individual de los objetos o personas estudiados: fotografía individual de los indicios.

Visión de los detalles más pequeños: macro o microfotografía.

Eliminación de sombras o incremento de las mismas en caso necesario, para interpretar nuestra las formas y dimensiones de la muestra fotografiada.

Relación de los parámetros espacio-tiempo. Utilización de testigos métricos y datos correspondientes al hecho.

(Fecha, Av. Previa., expediente, nombre, edad, nombre del fotógrafo)

Posibilidad de obtener imágenes complementarias: fotografías especiales, teleobjetivos, filtros ultravioleta, etc. 

Actualmente se están utilizando cámaras de tecnología digital, que tienden a suplir a las convencionales, sustituyendo la película de celulosa por tarjetas de imagen. 

El fotógrafo forense realiza la secuencia fotográfica y vídeo de todas y cada una de las necropsias del los cadáveres, escenas de crimen, documentos cuestionados, huellas dactilares, record de datos, firmas dubitadas o indubitadas, situaciones especiales e importantes a demostrar o comprobar, reconocimiento de personas, record para tramites laborales, análisis de videos, etc., etc.

En la fijación Fotográfica Forense se debe particularizar  cada caso, sin embargo no se deberán de pasar por alto detalles como son la limpieza y una buena metodología que deje claramente establecidos los pasos a seguir para ilustrar, todo cuanto trate de ilustrarse y demostrarse. 

La grabación de videos se realiza de forma continua mostrando todo el procedimientos.

 

También auxilia a los peritos de Odontología, Antropología y Dactiloscopía en toma de fotografías para ilustrar sus dictámenes.

Grafología

Es el cotejo de las escrituras basado en la medida de los grafismos, en los índices de relación y en las variaciones y constantes que admiten los manuscritos.

La base del sistema  está en medir las alturas y tamaños de las letras, a fin de buscar la relación existente entre todas, esta medida debe caer principalmente sobre:

• Las variaciones minúsculares, 

• Letras  sobresalientes (sobre sus aumentos y decrecimientos),

• Sobre los espacios y longitudes mantenidas,

• Sobre la altura de algunos grafismos

• Y los finales.

En cada prueba debe detallarse exactamente el índice curvímetro, cierre de ganchos, curvas  y al extensión en general de la escritura, a fin de averiguar cada una de las relaciones que estas letras ofrezcan, obtenidos estos datos se busca el promedios que hay de servir como punto de partida para una adecuada comparación y si mide asimismo, el grado de oblicuidad de las líneas distancias conservadas y las letras.

Cada letra considerada en sí tiene un diámetro que viene a servir de eje, que define según su amplitud, al conseguir los ejes de las letras por una parte, y la limitante literal por otra, estas ultimas logradas mediante tangentes trazadas al inicio y al término de cada palabra y de sus gramas componentes , el experto consigue establecer una tabla  que los autores han bautizado con el nombre de “TABLA DE PARALELISMOS GRAMÁTICO” que tienen mucha aplicación en el estudio de escritura disimuladas o imitadas libremente, gracias la proceso de verificación de sus valores angulares, corte o imperfecciones.

Grafometría

Es el cotejo de las escrituras basado en la medida de los grafismos, en los índices de relación y en las variaciones y constantes que admiten los manuscritos.

La base del sistema  está en medir las alturas y tamaños de las letras, a fin de buscar la relación existente entre todas, esta medida debe caer principalmente sobre:

• Las variaciones minúsculares, 

• Letras  sobresalientes (sobre sus aumentos y decrecimientos),

• Sobre los espacios y longitudes mantenidas,

• Sobre la altura de algunos grafismos

• Y los finales.

En cada prueba debe detallarse exactamente el índice curvímetro, cierre de ganchos, curvas  y al extensión en general de la escritura, a fin de averiguar cada una de las relaciones que estas letras ofrezcan, obtenidos estos datos se busca el promedios que hay de servir como punto de partida para una adecuada comparación y si mide asimismo, el grado de oblicuidad de las líneas distancias conservadas y las letras.

Cada letra considerada en sí tiene un diámetro que viene a servir de eje, que define según su amplitud, al conseguir los ejes de las letras por una parte, y la limitante literal por otra, estas ultimas logradas mediante tangentes trazadas al inicio y al término de cada palabra y de sus gramas componentes , el experto consigue establecer una tabla  que los autores han bautizado con el nombre de “TABLA DE PARALELISMOS GRAMATICO” que tienen mucha aplicación en el estudio de escritura disimuladas o imitadas libremente, gracias la proceso de verificación de sus valores angulares, corte o imperfecciones.

Documentoscopía

Peritos Forenses Transdisciplinarios, es una entidad que ofrece sus servicios en el Distrito Federal, Morelos, Puebla, Estado de México y demás estados circunvecinos, dedicada a la coadyuvancia dentro de los procesos legales, para lograr acercarse lo más real y apegado a la verdad histórica y procesal de cada caso, proporcionado y colocando al alcance del impartidor de justicia y de usted, la pericia forense metodológica, más amplia y basta a nuestro leal y saber entender, en las diferentes ramas forenses de Grafoscopía, Documentoscopía y Dactiloscopía, cumpliendo y apegándose en todo momento, a los principios normativos, jurídicos y éticos.

Dactiloscopía

Peritos Forenses Transdisciplinarios, es una entidad que ofrece sus servicios en el Distrito Federal, Morelos, Puebla, Estado de México y demás estados circunvecinos, dedicada a la coadyuvancia dentro de los procesos legales, para lograr acercarse lo más real y apegado a la verdad histórica y procesal de cada caso, proporcionado y colocando al alcance del impartidor de justicia y de usted, la pericia forense metodológica, más amplia y basta a nuestro leal y saber entender, en las diferentes ramas forenses de Grafoscopía, Documentoscopía y Dactiloscopía, cumpliendo y apegándose en todo momento, a los principios normativos, jurídicos y éticos.

Grafoscopía

Peritos Forenses Transdisciplinarios, es una entidad que ofrece sus servicios en el Distrito Federal, Morelos, Puebla, Estado de México y demás estados circunvecinos, dedicada a la coadyuvancia dentro de los procesos legales, para lograr acercarse lo más real y apegado a la verdad histórica y procesal de cada caso, proporcionado y colocando al alcance del impartidor de justicia y de usted, la pericia forense metodológica, más amplia y basta a nuestro leal y saber entender, en las diferentes ramas forenses de Grafoscopía, Documentoscopía y Dactiloscopía, cumpliendo y apegándose en todo momento, a los principios normativos, jurídicos y éticos.

Servicios

Peritos Forenses Transdisciplinarios, es una entidad que ofrece sus servicios en el Distrito Federal, Morelos, Puebla, Estado de México y demás estados circunvecinos, dedicada a la coadyuvancia dentro de los procesos legales, para lograr acercarse lo más real y apegado a la verdad histórica y procesal de cada caso, proporcionado y colocando al alcance del impartidor de justicia y de usted, la pericia forense metodológica, más amplia y basta a nuestro leal y saber entender, en las diferentes ramas forenses de Grafoscopía, Documentoscopía y Dactiloscopía, cumpliendo y apegándose en todo momento, a los principios normativos, jurídicos y éticos.

Peritos Forenses

Peritos Forenses Transdisciplinarios, es una entidad que ofrece sus servicios en el Distrito Federal, Morelos, Puebla, Estado de México y demás estados circunvecinos, dedicada a la coadyuvancia dentro de los procesos legales, para lograr acercarse lo más real y apegado a la verdad histórica y procesal de cada caso, proporcionado y colocando al alcance del impartidor de justicia y de usted, la pericia forense metodológica, más amplia y basta a nuestro leal y saber entender, en las diferentes ramas forenses de Grafoscopía, Documentoscopía y Dactiloscopía, cumpliendo y apegándose en todo momento, a los principios normativos, jurídicos y éticos.